Samantha Páez

@samantras

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Roberto Flores Toledano, dijo en su último informe que el estado es tercer lugar nacional en aplicar perspectiva de género, sin embargo especialistas entrevistados por LADO B difieren.

En su opinión son pocos los jueces y las juezas que aplican el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que no existe paridad de género entre juzgadores.

Juzgar con perspectiva de género es considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad, así como adoptar medidas de compensación que reduzcan o eliminen los obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia.

Si bien juzgar con perspectiva de género ayudaría a las mujeres en los procesos judiciales -de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Puebla ocho de cada diez víctimas son mujeres-, y a personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, también beneficiaría a los hombres independientemente de su sexualidad.

Ejemplo de lo anterior es la sentencia de la SCJN contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por poner trabas a los padres trabajadores para que sus hijos e hijas accedan al servicio de guarderías.

Perspectiva de género, aún lejos

El presidente del Tribunal presumió en su informe que Puebla cumplió con el 76% del programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género 2014-2015, lo cual colocaría al estado en el tercer lugar -empatado con Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz.

Para Flores Toledano, gracias a ello el Poder Judicial adoptó el juzgar con perspectiva de género como una nueva interpretación del derecho, pero el programa referido más bien promueve acciones para fomentar la igualdad de género al interior del organismo, y no incluye metas específicas para la tarea de jueces y juezas.

En opinión de Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y Gabriela Moreno Valle Bautista, docente de las universidades Iberoamericana de Puebla, Anáhuac y Libre de Derecho, el Tribunal poblano está lejos de aplicar la perspectiva de género porque no se conoce el protocolo en la materia y los tratados internacionales.

En el Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura Organizacional de 15 Tribunales Superiores de Justicia se encontró un gran desconocimiento de los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Además el diagnóstico reveló una tendencia a minimizar las desigualdades de género y poca claridad sobre la capacidad de la función jurisdiccional, para transformar los patrones de conducta que favorecen la desigualdad y la discriminación.

Desde la perspectiva de Salas Ramírez el principal indicador de que no se sigue el protocolo para juzgar con perspectiva de género son las pocas sentencias de feminicidio que hay en el estado: sólo seis de 2013 a 2016, de acuerdo con información entregada por el Tribunal Superior de Justicia en la respuesta a la solicitud de información 1035/2016, aunque de 2013 a noviembre de 2015 fueron consignados 23 casos.

Y si bien es la Fiscalía General de Justicia (FGJ) quien debe iniciar las investigaciones como feminicidios, los y las jueces tienen la facultad de pedir más pruebas para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, como lo marca la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) de la Suprema Corte, publicada en abril de 2016.

La abogada Karla Micheel Salas, del caso Campo Algodonero, sobre las mujeres asesinadas en ciudad Juárez, explicó que con dicha jurisprudencia y los acuerdos internacionales -cuya aplicación y conocimiento son obligatorios por parte de los jueces- se deberían actualizar algunas de las causales de feminicidio y entonces habría más sentencias.

—Toda muerte violenta de mujer se debería investigar como feminicidio y por lo tanto debería haber más sentencias por feminicidios que homicidios dolosos.

Misoginia en los tribunales

Gabriela Moreno Valle coincidió que son pocos los juzgadores siguen el protocolo, porque en lugar de guiarse por ese instrumento sus sentencias están vinculadas a su educación y formación personal.

La académica citó el caso de una mujer que en 2007 fue sentenciada a 60 años, lo mismo que un secuestrador, por matar a sus dos hijos. La mujer fue abusada sexualmente por su padrastro desde la infancia, quedó embarazada y su esposo le dejó de mandar dinero desde Estados Unidos al enterarse.

Para la académica la sentencia fue tan elevada porque la mujer rompió con su rol de “madre abnegada” al matar a los hijos, para el juez fue más grave envenenar a dos niños para evitar que sufrieran que la violación sistemática de una mujer y obligarla a parir el producto del abuso.

Por eso es importante que quien juzga conozca el protocolo de la Suprema Corte, porque tiene que observar si existe una relación desequilibrada de poder entre las partes involucradas, si alguna parte está en situación de vulnerabilidad o existe sospecha de discriminación por sexo, género, preferencia sexual, pobreza, situación de calle o migración.

De acuerdo con la CEAV, en su Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México de 2016, la mayoría de víctimas de delito en los procesos judiciales son mujeres: ocho de cada diez, sobretodo menores de edad, ya que de las mil 968 víctimas que contabilizaron de 2010 a junio de 2015 seis de cada diez son mujeres menores de edad.

Paridad, necesaria en Poder Judicial

Otra cuestión en la cual el Tribunal Superior ha avanzado poco es en la paridad de género, pues según un estudio de la Conatrib sólo dos de cada diez son magistradas y tres de cada diez jueces son mujeres. Es decir, una mínima parte de quienes dictan las sentencias es mujer.

Karla Michel Salas sostuvo que más que paridad lo que hace falta en el sistema judicial mexicano es que se cumplan los estándares internacionales, ya que también algunas mujeres emiten sentencias con contenidos misóginos.

Si bien Gabriela Moreno Valle coincidió en que más juezas en los tribunales no garantiza más inequidad en las sentencias, consideró importante que haya más espacios a las mujeres en el Sistema judicial.

—Claro que sí influye que haya más mujeres (juzgando), porque estamos en un sistema totalmente machista (…) Yo estoy a favor de las cuotas, de otra forma no tendríamos la mitad de legisladoras.

La paridad no sólo hace falta en Puebla o México, especialistas de Estados Unidos e Inglaterra señalan que la igualdad de género en sus respectivos sistemas judiciales tardará a pesar de que la participación de las mujeres mejoraría la justicia en sus países, sobre todo en juicios que tengan que ver con violencia doméstica, crímenes, disputas matrimoniales y derechos económicos.

Una de las propuestas que sugirió Charlotte Proudman, abogada y socióloga inglesa, es que existan cuotas de género en los sistemas judiciales para agilizar la paridad que en Inglaterra tardaría 50 años.