Puebla, 7o lugar nacional en agresiones a defensoras de derechos humanos

Puebla, 7o lugar nacional en agresiones a defensoras de derechos humanos

Los ataques provienen principalmente de servidores públicos de los tres niveles de gobierno

Enedina Rosas, defensora de la tierra
Tomada de municipiospuebla.com.mx/
Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

De 2012 a 2014, doce mujeres defensoras de Derechos Humanos en Puebla sufrieron ataques. La cifra, aunque mucho menor que otros estados, coloca a la entidad entre las diez primeras del país donde las mujeres que promueven y defienden los Derechos Humanos son más vulnerables.

Durante el periodo de tres años contenido en el Diagnóstico Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), hubo un total de 615 agresiones a defensoras.

El estado con más casos fue Oaxaca, con 339; seguido del Distrito Federal, con 90; Chihuahua con 30; Guerrero con 23; Nuevo León y Veracruz con 20 y Puebla con 12.

Los casos que la Red documentó a detalle en Puebla son el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, opositora al Gasoducto Morelos, en la región de Atlixco, y el de Rita Amador, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA).

El informe también incluye el asesinato de Agnes Torres Hernández, en 2012, psicóloga y activista de la comunidad LGBTTTI.

Las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México no enfrentan solamente la situación generalizada de violencia contra activistas y en la que está sumergida México desde 2006, sino que además son víctimas de la violencia ejercida contra sus familias.

Los ataques perpetrados contra defensoras tienen un componente específico de género que implica otro tipo de formas de violencia: agresiones sexuales, violación sexual, hostigamiento sexual dentro del trabajo, amenazas contra los hijos en el caso de quienes son madres, y ataques verbales y escritos con lenguaje sexista.

Este componente de género que distingue las agresiones, se presentó en 26% de los 615 casos que documentó la Red durante esos 3 años. El análisis reveló que este tipo de agresiones ha ido en aumento.

En el informe, que fue presentado en la ciudad de Puebla este 7 de marzo, se habla de la violencia acentuada en 2012, con el regreso del PRI al poder a nivel nacional. En este contexto, el panorama ha sido más adverso tanto para defensoras como para periodistas.

La investigación de la RNDDHM arroja que las mujeres que ayudan a denunciar temas como feminicidios, tortura, abusos contra migrantes y las que hacen acompañamiento a víctimas y sus familias, son más vulnerables a la inseguridad.

El informe nace de la necesidad de una falta de estadísticas oficiales: en el país son las propias defensoras las que han registrado, acompañado y denunciado las situaciones que viven. La Red ha trabajado el tema desde 2012, junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

En México, el escenario es preocupante, pues dentro de la región es el segundo país con más agresiones a defensoras, con un promedio de cuatro ataques por semana. Sólo lo superó Guatemala, con 633 eventos.

Un punto preocupante es que en la mayoría de las ocasiones las agresiones son reiteradas, y esta cifra también ha ido en aumento. En 2012, 75% de las agresiones que registró la Red se repitieron contra las defensoras. Al año siguiente fueron 86% y para 2014 ya fue 91%.

Las agresiones contra mujeres que defienden los Derechos Humanos han ido a la alza: durante el periodo analizado para el diagnóstico hubo 261% más ataques en 2014 que en 2012.

Los tipos más frecuentes son los ataques contra la reputación y la integridad: en primer lugar están la intimidación y el hostigamiento, seguido de calumnias y campañas de desprestigio. En tercer lugar están las amenazas y después violaciones al derecho de libre expresión, y finalmente privación física de la libertad, que comprende detenciones ilegales y arrestos.

De los agentes identificados como agresores, los más frecuentes son servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, también aparecieron en el diagnóstico organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad donde viven las defensoras. Un sector menor son los empresarios y militantes de partidos, seguidos de medios de comunicación, crimen organizado y grupos paramilitares de choque.

Dentro de la investigación del diagnóstico resaltan los temas que trabajan las mujeres agredidas: las que han recibido más ataques son quienes luchan por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, después las del ámbito de derechos de información y libertad de expresión, las que se dedican al derecho a la tierra y recursos naturales, y finalmente las que trabajan en el derecho a la participación política y comunitaria de las mujeres.

Y aunque las agresiones han aumentado, las denuncias han disminuido. El informe concluye que es por la falta de confianza en las dependencias y el sistema de justicia en general, aunado a los altísimos índices de impunidad en el país –que según analistas alcanza 98%.

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