Hospital de Cuetzalan
Foto: ss.pue.gob.mx

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 19 de agosto de 2014 Stephanie Márquez Fuentes fue al Hospital General de Cuetzalan porque tenía síntomas de trabajo de parto y presentaba líquido vaginal. Al ser revisada en la institución de la Secretaría de Salud, inaugurada a finales de 2011 por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, a Stephanie le dijeron que todavía no estaba lo suficientemente dilatada y la regresaron a su casa. Al día siguiente volvió al hospital con contracciones y dio a luz, pero el bebé murió momentos después de nacer: había ingerido sus propios desechos.

El hecho fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien en noviembre de 2016, dos años más tarde, emitió la recomendación 54/2016 dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla.

En su último informe de gobierno, Moreno Valle reconoció haber recibido tres recomendaciones emitidas por la CNDH, pero aseguró que ya las había atendido.

Sin embargo el 23 de enero integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (Miocup–CNPA–MN), del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz (CDHAEC) y por Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH) revelaron la falta de cumplimiento de dicha recomendación.

Leticia Reyes, responsable del área de salud dentro del Miocup, dijo en entrevista para LADO B que esta recomendación visibiliza un problema muy profundo y complejo que no ha tenido ningún avance en Cuetzalan. Desde 2012 la organización de la que forma parte ha documentado y acompañado casos de violencia obstétrica, que van desde la falta de médicos, desabastecimiento de medicamentos, problemas para transportarse y hasta amenazas por denunciar.

Reyes dijo que en los centros de salud de las comunidades casi nunca hay especialistas; la mayoría son pasantes y cuando las mujeres embarazadas son canalizadas al Hospital General de Cuetzalan –que es el más cercano para los habitantes de los municipios de Huehuetla, Jonotla, Ayotoxco– tiene que viajar más de una hora por caminos en malas condiciones. Además el traslado representa un gasto económico que la gente no siempre puede costear.

[pull_quote_right]No necesitamos tanta construcción, necesitamos más médicos[/pull_quote_right]

“Si hablamos de Cuetzalan, (la atención médica) se divide entre IMSS y SSA. El IMSS en la mayoría de las juntas solamente tiene pasantes, son muy pocos médicos los que tiene en comunidades. Y como no pueden resolver la mayoría de las veces los pasantes las mandan a Zacapoaxtla, Cuetzalan e Ixtepec. Por economía la mayoría llega a Cuetzalan”, explicó.

La integrante del Miocup dijo que lo más difícil es que la gente siga adelante con las denuncias. En estos años han logrado documentar cerca de 20 casos, a los que las personas afectadas le han dado seguimiento hasta el final. No son todos porque en muchas ocasiones la gente desiste debido al temor de que después no quieran darles atención, o que el personal médico no los atienda como debe, como una forma de represalia.

“Muchas veces te dan la evidencia pero pocos se animan a que vaya más allá, entonces nos vamos quedando con las evidencias y conocimiento que sigue existiendo el maltrato, que hay muchas carencias, que el gobierno no te da las condiciones”.

Una de las trabas que existen a nivel local es que en Puebla no hay una ley que castigue la violencia obstétrica. En agosto del 2016 se presentó una iniciativa en el Congreso del estado pero no prosperó.

La violencia obstétrica comprende malos tratos antes, durante y después del parto, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, omisión de atención oportuna y eficaz y el uso de técnicas de aceleración del parto sin el consentimiento de la mujer en cuestión.

Sin cumplir

La recomendación 54/2016, sobre el caso de Stpehanie, tiene el estatus “en trámite”, pues aunque el gobierno aceptó los 8 puntos del documento, no hay pruebas de su cumplimiento.

Uno de los puntos de la recomendación determina que Stephanie y su esposo deben inscribirse en el registro estatal de víctimas para que tengan acceso al fondo de ayuda. Pero como en Puebla no existe la comisión estatal de víctimas, sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la que debería hacerse cargo, cosa que no ha hecho.

Al respecto, la CEDH asegura que no le corresponde atender a los agraviados, sino que depende del gobierno estatal su aceptación y cumplimiento, y de la CNDH verificar el seguimiento.

El Miocup, el CDHAEC y el DEDH han denunciado que la CEDH está cometiendo omisiones y no está atendiendo el caso.

Reyes dijo que están conscientes de que la recomendación emitida por la CNDH va a tardar, porque el gobierno estatal se ha vanagloriado de los supuestos avances en el sistema de salud, que se han traducido solamente a infraestructura. “No necesitamos tanta construcción, necesitamos más médicos”, dijo.

Aunque Puebla es el quinto estado con más recomendaciones de la CNDH por violencia obstétrica, los datos de la Secretaría de Salud, con información de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en el país, recabados por el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), dicen que en la entidad 96.3% de los partos son atendidos por personal capacitado.