Ernesto Aroche Aguilar
Entre 2006 y 2011 en Puebla se registraron 151 personas ejecutadas en el contexto de la guerra en contra de las drogas que impulsó Felipe Calderón Hinojosa en el país, esto de acuerdo con información que dio a conocer en días pasado el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En contraste, en 2016, el último año del sexenio de Rafael Moreno Valle, en Puebla se registraron 358 ejecuciones, el doble que en toda la administración de Calderón, esto de acuerdo con datos del sitio Semáforo Delictivo y la empresa Lantia Consultores.
Se trata de un problema que ha mantenido un crecimiento constante de 2007 a la fecha, de acuerdo con las cifras disponibles en este momento. El registro señala que en 2006 el primer año computado se tiene un dato cero, aunque en realidad la información que hizo pública el CIDE solo incluye al mes de diciembre.
En 2007 fueron seis las personas ejecutadas y al siguiente año el número creció a 18. En 2009 la cifra ascendió a 22 casos; en 2010 fueron 44 y hasta el último día de noviembre de 2011 –fecha en la que concluyó la administración de Calderón– la cuenta subió a 61.
De los años posteriores no se tienen datos y no fue sino hasta 2016 que la organización Semáforo Delictivo estimó en 358 las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado que se registraron en la entidad.
La base de datos que el CIDE hizo pública también revela que más de la mitad de las ejecuciones que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, 58.7 por ciento para ser exactos, se concentraron en la ciudad de Puebla, Tehuacán, Xicotepec e Izúcar de Matamoros, el resto se repartió en 51 municipios más entre los que sobresalen Venustiano Carranza, Huauchinango, San Martín Texmelucan y las dos Cholulas, San Pedro y San Andrés.
Como se observa, fueron los linderos con Veracruz en la Sierra Norte, y con Guerrero en la zona de la Mixteca, además de la zona Metropolitana de Puebla en donde se concentraron las ejecuciones de personas en el periodo señalado.
Cero masacres en Puebla entre 2006 y 2011
El portal de noticias Vice News publicó este fin de semana algunos de los hallazgos que encontró el CIDE al analizar la base de datos.
En la publicación el sitio internacional de noticias recuerda que “durante el gobierno de Felipe Calderón hubo algunos hechos que por su brutalidad conmocionaron a todo México, entre ellos, el ataque con granadas sucedido en el centro de la ciudad de Morelia –considerado el primer acto de ‘narcoterrorismo’– durante las fiestas patrias de 2008 que dejó un saldo de ocho muertos y 142 heridos, el asesinato de 16 jóvenes por un grupo armado en Ciudad Juárez a principios de 2010, el hallazgo ese mismo año de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos que habían sido secuestrados por los Zetas, o el incendio que este mismo grupo cometió en contra de un casino de la ciudad de Monterrey, donde murieron 61 personas”.
“Se trató de sucesos que por su crueldad y la cantidad de muertos estuvieron días e incluso semanas en los medios de comunicación, pero no fueron los únicos que ocurrieron durante los primeros cinco años de la ‘guerra’. La base de datos tiene registro de 68 masacres perpetradas por el crimen”.
“Estas ocurrieron en 20 de los 32 estados del país, siendo Tamaulipas y Durango los escenarios de las mayores tragedias”.
En contraste Puebla, junto con Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México fueron las entidades que en la zona centro del país no registraron masacre alguna en el periodo comprendido entre 2006 y 2011.
En los años posteriores Puebla registró al menos una masacre: un grupo de personas fue privado de su libertad en un palenque instalado en Cuautlancingo, y sus restos fueron hallados días después disueltos en químicos dentro de tambos abandonados en el municipio de Calpan.
¿De dónde salieron los datos?
La información de la base de datos, que tiene poco más de 36 mil sucesos, todos relacionados con el narco, que abarcan un periodo que va de diciembre de 2006 a noviembre de 2011; se dio a conocer el fin de semana pasado, y de acuerdo con el Programa de Política de Drogas del CIDE la información fue entregada de manera anónima al centro educativo a principio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Laura Atuesta, especialista en política de drogas y responsable de la sistematización de la base de datos en ese programa, dijo a Vice News: “Sabíamos que esto tenía que salir a la luz en algún momento, nosotros no nos lo podíamos guardar, pero primero teníamos que limpiar y validar los datos; es por eso que nos demoramos tanto en publicarlos”
El sitio de noticias de alcance internacional donde comenzaron a publicarse varios de los hallazgos obtenidos de la base de datos explica que “debían validar la información contenida en los archivos porque no sabían a ciencia cierta quién o quiénes eran los responsables de haberla generado”.
Después los especialistas del CIDE limpiaron y codificaron la base de datos “para evitar publicar datos personales de las personas aludidas en los documentos a fin de preservar su seguridad”.
La tarea fue titánica y requirió de la participación de un grupo multidisciplinario que involucró también al Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”. El trabajo duró en total cuatro años.
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