En un ejercicio de crítica, humor y sobre todo catarsis, Samantha Páez recopiló anécdotas sobre la política de opacidad del sexenio que terminó

Samantha Páez | Jorge Castillo | Aranzazú Ayala | Ámbar Barrera | Ernesto Aroche 

Ayer Rafael Moreno Valle Rosas dejó la gubernatura de Puebla, con sólo pensar que ya no veré su cara acartonada en las portadas de los periódicos me lleno de alegría, pero cuando recuerdo el desmadre que deja en las instituciones se me olvida (así como a la rana René).

El lunes fui al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, antes conocido como Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), porque cuatro de mis recursos de revisión están “suspendidos” desde el 10 de enero. Casualmente pocos días antes de la salida de Moreno Valle TODOS los trámites de transparencia se suspendieron y no hay fecha para que se reanuden, bueno al menos eso entendí.

Volvamos al principio. Fui al Instituto de Transparencia, allí donde antes era la Casa del Escritor. Me atendió una señorita que me pidió los números de expediente y luego me llevó a otra oficina para que hablara con alguien más. La verdad sentí mucha nostalgia de ver ese lugar (donde alguna vez tomé un curso de Redacción y acudí a la presentación de libros) lleno de burócratas que ni siquiera se sabían el nombre completo de la ex CAIP. Ya sentada en un cubículo pequeño con divisiones de madera, me dijeron que estaba por recibir mis notificaciones sólo que, “como el internet va y viene”, pues aún no me llegaban.

Mientras la mujer que estaba frente a mí consultaba su ley de transparencia para decirme cuándo se resolverían mis recursos, mi mente repasaba otros momentos absurdos que viví con otras solicitudes. El que más recuerdo es cuando pedí la misma información a Transportes y a Contraloría sobre la pérdida de concesión de la ruta Bicentenario: las dos dependencias se deslindaron y me dijeron que la otra secretaría era la responsable.

O de cuando la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) me puso a consulta directa datos de reforestación, llegué a una oficina y me señalaron alrededor de diez cajas llenas de expedientes que tendría que pasar ¡A MANO! Reconozco que la encargada del área forestal tenía buena actitud y hasta puso a una persona a dictarme. Fui dos veces más pero sólo me quedé hasta el año 2011. Para sacar toda la información tendría que vivir en ese cubículo TODO UN MES.

No soy la única que tiene “buenos recuerdos” de la CAIP, sé que otros compañeros y compañeras han pasado por cosas similares, o incluso peores, por eso les pedí que cuenten con su propia voz lo que les ha pasado.

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La lucha por la transparencia en estos seis años fue constante y en momentos las formas para bloquear el acceso a la información eran absurdas. Por ejemplo, cuando las unidades de acceso a la información de cada dependencia ya no sabían cómo frenar la obtención de datos y empezaron a ser «creativos», entonces para cansarnos pusieron todo a consulta directa.

Primero se tenía que hacer cita vía telefónica, pero casi nunca se encontraba al encargado. Al estar pegado al teléfono esperando que contestaran, recordé cuando de niño hablaba a un programa de radio -cruzando los dedos- para que me dieran el regalo anunciado.

El extremo fue cuando la Secretaría de Finanzas, al ver mi persistencia, se inventó la entrega de la información sobre el sueldo del pasado secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco (que por cierto se va quedar), cuando era asesor del gobierno de Puebla. La cita la hizo en un sitio de lo más alejado y recóndito de la junta auxiliar Romero Vargas. Ni siquiera los habitantes del lugar conocían la dirección. Finalmente, tras dos horas de búsqueda, se localizó la bodega, donde un policía auxiliar entregó un documento que sólo contenía la cifra, por cierto nada escandalosa.

También me acuerdo de cuando solicité a 30 dependencias el número de personas despedidas, todas pusieron a consulta directa la información, porque supuestamente no estaba digitalizado. Sin embargo, en más de 20 de las secretarías las cifras eran sacadas de computadoras y en el Capcee tuvieron el cinismo de voltear el monitor para que copiara los números a mano.

Con todo esto me quedo con la idea de que existe un grupo dedicado expresamente a crear este tipo de «estrategias» para desalentar la transparencia, algo así como técnicos mejorando y creando novedades en una fábrica de juguetes.

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El crédito a la palabra de la mujer fue un programa muy presumido por Rafael Moreno Valle, que según sirve para apoyar a la mujer emprendedora. Pero fue imposible saber cuánto dinero recibió cada mujer, cuántas mujeres y cómo lo usaron.

Pedí al DIF estatal el 8 de diciembre de 2015 datos al respecto, primero amplió el plazo; después respondió con un link que, por cierto, no servía y pusieron la “información adicional” -sí, así de ambiguo- a consulta directa. Llamé durante semanas para pedir la cita, como nunca contestaron decidí interponer un recurso de revisión.

Después de iniciar el «divertido« proceso el 9 de febrero, fue hasta el 13 de abril que la titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del DIF, Montserrat Reyes, hizo lo que tuvo que haber hecho desde el principio: mandar la ampliación. El detalle es que la envió mal, con montos generales, no desglosados como se había pedido, y con otro link, que tampoco se podía abrir.

El 11 de mayo –justo el día de mi cumpleaños–, la CAIP decidió darle la razón al DIF, diciendo que en la solicitud inicial no se pedían los montos desglosados. Básicamente que como no estaba la palabra “desglosado” entonces no procedía.  Así, después de un maravilloso medio año, la transparencia le dio la razón al DIF y no supimos cómo gastó el gobierno del estado 192.9 millones de pesos.

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Le pedí al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECAP) el proyecto de remodelación del Museo Bello (ese que saquearon para llenar el Museo Barroco), y me dijeron que no me lo podían dar porque la información estaba bajo reserva, por lo que interpuse un recurso de revisión.

Al cabo de unos meses la CAIP resolvió que no había razón para que estuviera en reserva, entonces la dependencia me mandó la información: ¡se trataba de cuatro páginas donde no venía nada confidencial, sólo que se necesitaban unas nuevas mamparas! WTF???

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Dos años y contando. Casi tres. 33 meses. 990 días. Prácticamente la mitad del sexenio. Eso es lo que hemos esperado una reportera y yo para poder acceder a unos contratos que el gobierno de Moreno Valle firmó con la empresa Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V., contratos que han sido ocultados a piedra y lodo. Cerrando todas las puertas. Y las ventanillas. Una política de Estado para proteger sabe qué compromisos y componendas entre el góber que ayer, finalmente, dejó el cargo para lanzarse a la aventura guajira —quiero creer— de llegar a la Presidencia, y la empresa filial de Televisa.

10 mil pesos: Eso fue lo que costó el acceso al expediente de la investigación que inició la Contraloría en contra de Marcelo García Almaguer, ex vocero del gobierno del estado, por violar la Constitución al promocionar a su jefe fuera de los límites del estado. Y para poder pagar fue necesario impulsar una campaña de fondeo en la que aportaron colegas, ciudadanos y hasta un par de políticos. Ese fue el costo que puso la dependencia estatal para entregar la información.
Curioso asunto: cuando finalmente entregó la información, el expediente venía tachoneado -hasta el nombre de Rafael Moreno Valle-, y el 70 por ciento del expediente ya era público, estaba disponible en la red en el sitio del Instituto Nacional Electoral, el organismo que inició la investigación del funcionario y que ya había encontrado responsable al sujeto.

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Rafa se ha ido, pero ¿cómo nos irá con el que viene? Al final, uno no puede evitar verse así: