Para que la dignidad se haga costumbre

Para que la dignidad se haga costumbre

Tomada de zocalo.com.mx/

“Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Estela Hernández

Martín López Calva

@M_Lopezcalva

Hasta que la dignidad se haga costumbre tenemos que seguir todos trabajando, luchando, presionando, solidarizándonos con las víctimas de esta sociedad mexicana gobernada por un “capitalismo de cuates” que desde hace décadas se reparten los beneficios del trabajo de todos y siguen perpetuando las estructuras que reproducen la injusticia y mantienen la desigualdad.

Hasta que la dignidad se haga justicia no deberíamos poder dormir tranquilos, ni bajar la guardia, ni perder el tiempo en discusiones inútiles, ni seguir divididos por facciones partidistas o ideologías.

Hasta que la dignidad se haga justicia en un país donde ser pobre, ser indígena, ser mujer –y peor aún, ser las tres cosas- significa estar condenada a la discriminación, al abuso,  a la injusticia, a la imposibilidad de lograr un futuro mejor para los hijos.

Hasta que la dignidad se haga justicia y en las cárceles estén los que cometieron algún delito y no los que no tuvieron recursos para pagar un abogado o una mordida que los defendiera de ser usados como “presuntos culpables” de crímenes que no cometieron.

Este es el desafío con el que terminó el discurso de Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, que junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio pasara tres años en prisión acusada falsamente de haber secuestrado y torturado a unos policías federales. Como es bien sabido, el caso no tuvo nunca pruebas para sostenerse y sin embargo las tres mujeres indígenas permanecieron encarceladas ese tiempo hasta que al fin se logró su libertad, posteriormente la declaración de su inocencia y hasta la semana pasada, once años después, la ceremonia en la que la Procuraduría General de la República les ofreció una disculpa pública por la injusticia cometida en su contra.

“Hoy nos chingamos al Estado” dijo en una parte de su discurso la hija de Jacinta en una muestra de la indignación, del enojo profundo por todo el sufrimiento vivido por estas mujeres y sus familias a partir de una acusación falsa, de una detención arbitraria y de un proceso plagado de irregularidades que afortunadamente pudo revertirse y llegar hasta la disculpa pública ofrecida por la autoridad a partir de un dictamen del poder judicial que ordenó este acto de desagravio para restablecer la honra de Jacinta, Alberta y Teresa.

Más allá de comprender la indignación de quien hizo este discurso y la justa expresión de que no es suficiente la disculpa pública para reparar el daño causado a las tres familias y además de que existen miles y miles de casos similares, de personas que deberían también recibir las disculpas de la procuraduría por haberlos encarcelado injustamente, cabe hacerse la pregunta: ¿En realidad “se chingaron al Estado” con este acto?

Si apelamos a la definición del Estado que dice que “…Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior…” la respuesta es que evidentemente el acto en el que se hizo este discurso no solamente no es una muestra de que estas tres mujeres “se chingaron al Estado” sino que se trató de una ceremonia que implicó una esperanza de que el Estado tiene aún posibilidades de cumplir con su finalidad de “imponer la autoridad de la ley en el interior…” y de que la sociedad que se organiza política y jurídicamente puede lograr una verdadera transformación del Estado.

Para que la dignidad se haga costumbre en este país resulta urgente cambiar nuestro paradigma de educación familiar y escolar y poner en el centro a las personas –sobre todo a las más necesitadas, excluidas y discriminadas- para que en el futuro no sea necesario organizar ceremonias de disculpa pública por las injusticias cometidas porque el sistema de justicia funciona de manera adecuada y ser pobre, indígena, mujer, migrante o miembro de alguna minoría constituya un factor para ser excluido o criminalizado

En este sentido, el acto en el que se ofreció la disculpa pública –“de manera forzada, no por voluntad” como dijo Estela, pero forzada precisamente por otro órgano del Estado- fue un acto de fortalecimiento y de potencial recuperación de la fe en el Estado mexicano que se encuentra, por tantos abusos y malos manejos de los gobernantes, legisladores, jueces y por la crisis severa de las instituciones, enormemente deteriorada.

Porque los que en realidad se han “chingado al Estado” durante décadas han sido los gobernantes autoritarios y corruptos que siguen impunes en la mayoría de los casos –con lo que el Estado pierde su función de imponer la ley-, los legisladores que no representan a sus electores sino a las dirigencias de sus partidos y a sus propios intereses –por lo que degradan a la ley y hacen negocios con ella-, los jueves que lejos de hacer justicia encarcelan inocentes y liberan a delincuentes –con lo que se destruye toda posibilidad de vivir un estado de derecho- y la sociedad civil que asiste pasivamente a este festín de corrupción, complicidades e impunidad sin ejercer de manera organizada y eficiente su derecho a exigir la rendición de cuentas por parte de quienes los representan.

Quienes verdaderamente se “chingan al Estado” cotidianamente son todos los miembros de esta sociedad desorganizada en lo político y en lo jurídico, incapaz de imponer la ley en el interior y de afirmar su personalidad y responsabilidad frente al exterior –baste ver la sumisa manera en que están comportándose las autoridades federales ante la amenaza cumplida de Trump- por incapacidad, indiferencia, complicidad, divisiones ideológicas o conveniencia.

Para que la dignidad se haga costumbre es indispensable y urgente rescatar al Estado de todos estos actores que se lo han “chingado” y lo siguen “chingando” de manera sistemática, organizada e impune. Es urgente e indispensable fortalecer al Estado desde una sociedad civil organizada y fuerte como la que mostró su apoyo y logró la reparación del daño en el caso de Jacinta, Alberta y Teresa y debería lograr lo mismo con miles y miles de casos similares que continúan sin ser resueltos a favor de las víctimas de un sistema penal distorsionado y abusivo.

Desde la educación tenemos una tarea de proporciones descomunales ante el reto planteado en este discurso. ¿Cómo formar a los ciudadanos de este país para que tengan como punto de partida la dignidad inalienable de todas las personas independientemente de su raza, cultura, condición social o ideología? ¿Cómo educar a los ciudadanos mexicanos que se requieren para construir una verdadera democracia en la que las estructuras económicas, políticas y sociales se orienten hacia la defensa de la dignidad de todos los que formamos parte de este país, preferentemente de los más pobres y excluidos? ¿De qué manera educar a las generaciones que logren el cambio de régimen que el país requiere para que la dignidad se haga costumbre y no sea la triste excepción como lo es hoy?

Esta tarea empieza en la casa, en la educación familiar en la que habría que reflexionar sobre la forma en que tratamos por ejemplo a las empleadas domésticas o a quienes nos atienden en el mercado o a las personas que vemos en las esquinas todos los días. ¿Respetamos realmente su dignidad? ¿Hacemos algo porque vivan conforme a ella?

El trabajo de formación ciudadana continúa sin duda en la escuela en la que también habría que pensar seriamente sobre el tipo de organización y de convivencia que estamos construyendo y en la pregunta por el respeto a la dignidad de las personas que conforman la comunidad educativa –desde el personal de intendencia y vigilancia, hasta los alumnos pasando por los profesores, administrativos, padres de familia- en la vida cotidiana: los reglamentos y su forma de aplicación, la disciplina en el aula y fuera de ella, el clima de relaciones que impera, la forma de tratar a los alumnos, etc.

Para que la dignidad se haga costumbre en este país resulta urgente cambiar nuestro paradigma de educación familiar y escolar y poner en el centro a las personas –sobre todo a las más necesitadas, excluidas y discriminadas- para que en el futuro no sea necesario organizar ceremonias de disculpa pública por las injusticias cometidas porque el sistema de justicia funciona de manera adecuada y ser pobre, indígena, mujer, migrante o miembro de alguna minoría constituya un factor para ser excluido o criminalizado.

*Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha hecho dos estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College (1997-1998 y 2006-2007) y publicado dieciocho libros, cuarenta artículos y siete capítulos de libros. Actualmente es académico de tiempo completo en el doctorado en Pedagogía de la UPAEP. Fue coordinador del doctorado interinstitucional en Educación en la UIA Puebla (2007-2012) donde trabajó como académico de tiempo completo de 1988 a 2012 y sigue participando como tutor en el doctorado interinstitucional en Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1), del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores que actualmente preside (2011-2014), de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación y de la International Network of Philosophers of Education. Trabaja en las líneas de filosofía humanista y Educación, Ética profesional y “Sujetos y procesos educativos”.

NO COMMENTS

Leave a Reply