Foto: Joel Merino | Archivo

Shanik David

@chaneke9

Con el argumento de que se reformará la constitución política para elevar a rango constitucional los principios que rigen el acceso a la información, y para transformar al órgano garante de Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) a Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, los diputados retrasaron un mes el proceso de renovación de la CAIP.

Pero más allá de las formalidades, lo cierto es que la comisión de Transparencia del Congreso del Estado poco ha hecho en la materia, y sus encuentros mensuales se limitan al trámite de ley, es decir a cumplir con reunirse sin una agenda que saque adelante el trabajo.

Una revisión a las actas de sesión revela que el trabajo es mínimo, y a pesar de que tienen plazos para sacar adelante y con discusiones amplias las reformas obligadas, lo cierto es que estas se analizan de último minuto, como sucedió con la reforma que se aprobó el pasado 4 de mayo, el proceso legislativo se realizó prácticamente en tres semanas cuando tuvieron un año para abrir el debate público y amplio, como lo pidieron en su momento las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema.

Se retrasa por una reforma constitucional

Debido a una reforma constitucional que se encuentra en proceso de estudio en las comisiones unidas de Transparencia y Gobernación y Puntos Constitucionales el procedimiento para la selección del nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública se encuentra suspendido, pues la iniciativa pendiente refiere a la función de este organismo.

Esto lo explicó el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado, al señalar que en la modificación que está bajo estudio se contempla, entre otras cosas, elevar de comisión a Instituto al órgano garante, en concordancia con lo que marca la ley en la materia vigente.

La idea, dijo el representante de Pacto Social de Integración, es tener el nuevo marco constitucional listo antes de hacer publica la convocatoria para la selección del nuevo comisionado, pues de lanzarse ésta antes, una vez cambiado el nombre de organismo garante se tendrían que ajustar todas las publicaciones y documentación relacionada con el procedimiento.

Pese a esto, señaló que esto no implica un retraso en el proceso de selección o que se pueda obstaculizar la participación de los aspirantes, pues se determinó ampliar los plazos de inscripción para que haya facilidad para los ciudadanos.

Sin embargo, los plazos legales ya fueron alterados, pues en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, la convocatoria para la selección del nuevo comisionado debió haberse emitido en la tercera semana de octubre, pero lo único que se dio fue una aprobación de ésta en la Junta de Gobierno y Coordinación Pública, y a pesar de que no se ha difundido para los diputados ya se cumplió con su responsabilidad.

Y aunque la convocatoria fue aprobada el 21 de octubre en el órgano de gobierno legislativo, la iniciativa que refiere Rodríguez Acosta ingresó al pleno hasta el 25 de octubre, es decir cuatro días después; es más, dicha propuesta fue elaborada también por la Junta de Gobierno, aunque se tuvo conocimiento de la misma hasta que Rodríguez Acosta subió a tribuna para presentarla, pues no se incluyó en la orden del día de la sesión.

De hecho, en la propia iniciativa se indica que los diputados tuvieron conocimiento que tenían que hacer este ajuste desde hace tiempo, pues se señala en primer lugar que esta reforma responde a la que se hizo a nivel federal en 2014, cuando se ajustó el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “con el propósito de renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales”; es decir no se trata de una cuestión de carácter urgente o que haya sido ordenado de último momento.

Además el cambio de nombre y de obligaciones de la comisión se encuentran detalladas en la Ley de Transparencia que fue aprobada en el pleno el 4 de mayo pasado.

El diputado insistió que será hasta la aprobación de esta reforma constitucional que se publicará la convocatoria, sin embargo no supo precisar para cuándo sería avalada en el pleno la misma, y que en el transcurso de esta semana “se discutirá”.

¿Qué dice la iniciativa?

La propuesta elaborada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso modifica en concreto los artículos 12 y 125 de la Constitución Política del Estado de Puebla, para elevar a rango constitucional los principios que deben regir el acceso a la información: máxima publicidad y protección de datos personales, que el ciudadano no tiene que acreditar interés alguno para obtener la información que requiera, la preservación de archivos, gratuidad y la posibilidad de sancionar a los sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones de rendir cuentas.

[quote_box_left]Sin embargo, los plazos legales ya fueron alterados, pues en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, la convocatoria para la selección del nuevo comisionado debió haberse emitido en la tercera semana de octubre, pero lo único que se dio fue una aprobación de ésta en la Junta de Gobierno y Coordinación Pública[/quote_box_left]

La reforma también modifica la figura del órgano garante, y lo transforma de comisión en instituto, y extiende su facultades en el texto constitucional al integrar que: “el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal”.

También se señala que el ahora Instituto de Transparencia estará integrado por tres comisionados que estarán en el cargo seis años y que serán designados de manera escalonada, por lo que no se prevé algún cambio mayor en la forma de integración del organismo por el momento.

Le hacen el trabajo a la comisión

Aunque todo lo referente a los ajustes legales en materia de transparencia le corresponderían a la comisión que encabeza Marco Antonio Rodríguez Acosta, el trabajo emprendido por la misma ha sido mínimo, al grado que las principales reformas que se han presentado este año han salido de otros grupos legislativos.

De acuerdo con la información disponible en el portal del Congreso del Estado, de enero a septiembre de este año la comisión sesionó seis veces de manera independiente, reuniones en las cuales sólo se presentaron los informes de la unidad de acceso a la información del poder legislativo y se aprobaron las actas de sesiones anteriores.

Sólo en la sesión del 29 de julio se tuvo una participación interesante, pues en el acta de dicha sesión se asienta que el presidente de la comisión “solicitó se le faculte invitar a diversas personalidades especialistas en el tema de transparencia para acudir a las sesiones de esta Comisión a exponer sus puntos de vista, mismo que se aprobó por unanimidad”, aunque hasta la fecha no se tiene conocimiento si ha hecho estas invitaciones.

En cambio, los temas importantes se han discutido en la Junta de Gobierno o en comisiones unidas, pues la primera propuesta para la homologación de la Ley de Transparencia local con el marco federal se presentó en el órgano de gobierno el 12 de abril, es decir tres semanas antes de que venciera el plazo marcado.

En el acta de dicha sesión se indica que Rodríguez Acosta presentó la iniciativa, la cual contaba con aportaciones de “el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión para el Acceso a la Información Pública CAIP, Organizaciones de la Sociedad Civil y representantes del Consorcio Universitario, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI, Unidad de Acceso a la Información de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP”.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Transparencia y Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual la aprobó y envió al pleno el 4 de mayo.

Ahora, la iniciativa de reforma constitucional, que fue elaborada por la Junta de Gobierno, es analizada por las mismas comisiones unidas, lo que significaría que la comisión legislativa, en sí, no ha hecho propuestas propias para ajustar el marco legal.