Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En contraste con las toneladas de concreto hidráulico y las obras fastuosas que Moreno Valle dejará tras su paso por la gubernatura, el saldo en materia de seguridad pública es negativo y violento.

El número de denuncias registradas por los Ministerios Públicos y archivadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así como los datos de la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi muestran que en este sexenio que está por fenecer el crecimiento de la incidencia delictiva en general rozó el 30 por ciento.

Y mientras que delitos de alto impacto como el secuestro y el robo con violencia prácticamente se triplicaron, y el homicidio doloso tuvo un crecimiento del 30 por ciento, otros como el homicidio imprudencial o culposo decreció, en comparación con las cifras de los últimos dos sexenios.

La multitud de ejecuciones, robos sangrientos y mortales que se dieron a conocer en los medios de comunicación están reflejados en los datos estadísticos, derivados de las denuncias que han registrado las autoridades desde el año 1999 hasta la fecha. Y ahí no hay mayor interpretación, la tranquilidad que se vivió en administraciones anteriores hoy se ve muy lejana.

Y no sólo es el incremento de la delincuencia común, es, especialmente, el incremento de los delitos relacionados con el crimen organizado. Las cifras más recientes sobre robo de combustible hablan de un aumento de casi el 2 mil 300 por ciento. Aunado a ello se ha conocido de ejecuciones y secuestros de personas cuyos cuerpos después son disueltos en químicos para no dejar huella o, peor aún, para generar psicosis en la sociedad.

No es gratuito que el Inegi revele que en la entidad siete de cada 10 personas se sienten inseguras, y que el incremento en el gasto en protección es del 67 por ciento con respecto al gasto que se registró en el 2010.

Los poblanos se sienten inseguros y han gastado más en su protección. A la par se han disparado los linchamientos, el pasado martes 29 de noviembre El Sol de Puebla daba a conocer que en este año son 83 los intentos de linchamiento registrados en lo que va del año, de los cuales ocho se consumaron; lo anterior, explica el rotativo, “se desprende de la información recopilada por el Sistema Observatorio Ciudadano con base en cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los primeros 10 meses y en el último mes por este medio de comunicación.

Lejos están las metas que propuso el actual mandatario como plataforma de campaña cuando habló del respeto a los derechos humanos, de la reducción en los tiempos de respuesta o incluso la creación de un Instituto de Estudios Criminológicos para la prevención del delito, y de una Agencia Estatal de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad, todo ello se quedó en el tintero.

La inseguridad cuesta miles de millones de pesos

En la administración de Moreno Valle no sólo se han incrementado el número de delitos también se ha incrementado el gasto de la ciudadanía en medidas de protección, pues mientras en 2011, en el arranque del sexenio, los ciudadanos gastaron 1 mil 933 millones de pesos en proteger su patrimonio, para el 2016 –según los datos de la Envipe— la cifra llegó a 3 mil 237 millones de pesos, esto significa un incremento del 67 por ciento en el periodo.

En tanto que el gasto para atender problemas de salud derivados de la inseguridad y la delincuencia pasó de 310 millones de pesos en 2010 a mil 367 millones en este año, ahí el incremento porcentual fue de 340 por ciento.

Y las pérdidas económicas pasaron de 4 mil 785 millones de pesos en el 2010, es decir en el último año del sexenio pasado, a 10 mil 886 millones de pesos, lo que significa un incremento del 127 por ciento.

La suma global de estos tres rubros del costo del delito nos dice que en el último año se perdieron 15 mil 491 millones de pesos. Para dimensionarlo: es como si 1 de cada cinco pesos que tuvo el estado de presupuesto anual se lo hubiera quedado el crimen organizado.

Repunta el delito violento

Como ya se señaló la delincuencia común y la organizada han anidado en Puebla. No sólo se registraron más delitos, 27.8 por ciento más, dice el SNSP; 29.3 según los datos del Inegi, con respecto al sexenio anterior, además los delitos denunciados son cada vez más violentos.

En marzo de este año secuestraron a siete personas en un palenque montado en las inmediaciones del palacio municipal de Cuautlancingo, y días más tarde se encontraron en el municipio de Calpan unos tambos que contenían los restos de los cuerpos de esas personas que fueron disueltos en ácido.

Esos homicidios son parte de las ejecuciones más recordadas en lo que va del año por su violencia, pero no son las únicas, datos del sitio Semáforo Delictivo y la empresa consultora en temas de seguridad Lantia señalan que en Puebla hasta octubre pasado son 328 los asesinatos que pueden calificarse como ejecuciones, de hecho calculan que el 63 por ciento de los homicidios dolosos en el último año entran en esa categoría, una cifra que supera el 58 por ciento de la media nacional y ubica a Puebla entre los estados con focos rojos encendidos.

En el apartado Robos con Violencia la cifra creció 179 por ciento con respecto al sexenio pasado. Los datos son así: en los 69 meses contabilizados para este análisis comparativo –de febrero del primer año de gobierno a octubre del último año de los sexenio de Rafael Moreno Valle, Mario Marín Torres y Melquiades Morales Flores– se cometieron 62 mil 314 delitos de este tipo, es decir 903 al mes, o lo que es lo mismo 30 al día y 1.2 cada hora. En el sexenio pasado la cifra contabilizada en el mismo periodo fue de 23 mil 815, es decir 345 al mes y 11.5 al día y 1.4 cada tres horas.

Así, aunque el gobierno del estado presume que desde 2014 ha comenzado a registrarse una disminución en las denuncias de delitos que registra el SNSP, lo cierto es que en el acumulado Moreno Valle sigue presentando saldos negativos, y los delitos violentos no dejan de aumentar.

El secuestro es un caso paradigmático, mucho se ha escrito y hablado en los medios de comunicación de que Puebla tiene una de las mejores unidades antisecuestro del país, con altos niveles de efectividad, pero nada de eso ha servido para contener el delito, pues el incremento general entre este sexenio y los gobiernos de Mario Marín y Melquiades Morales es de 170 y 229 por ciento respectivamente. 211 casos en 69 meses, contra 78 y 64 en los gobiernos precedentes. 

El delito de alto impacto social que comparativamente ha disminuido respecto de los dos gobiernos precedentes es la violación sexual, la reducción es del 18.9 y del 12.5 en comparación con las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín. Y aun así en Puebla se cometieron en este sexenio 1.6 violaciones por día.

Y no hay que perder de vista el incremento que ha tenido ese delito en el último año.

Lavado de dinero

En octubre pasado Álvaro Delgado, reportero y columnista de la revista Proceso publicaba las siguientes líneas: “En la zona más cara del estado, Lomas de Angelópolis, se levanta un lujoso complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos, habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

“Es el opulento Distrito Sonata, donde se inaugurará, en diciembre, el hotel más grande de Puebla y se estrenará en 2017 la torre residencial más elevada de México, Nvbola Tower, de 198 metros de altura, en cuya cúspide habrá helipuerto, muro para escalar y una alberca semiolímpica que tendrá como fondo los volcanes”.

Ese y otros desarrollos dice Álvaro, “han sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28 de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto My Residence, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)”.

“‘Les agradezco que estén invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My Residence’, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya prosperidad se cimenta, sin embargo, en actividades criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP)”.

La averiguación previa a la que hace referencia el reportero de Proceso no es la única sobre la lavado de dinero que se ha iniciado por parte de las autoridades en Puebla, la PGR dio a conocer (folio PGR/UTAG/04193/2016) tras una solicitud de información que hasta 2014 son siete las averiguaciones previas iniciadas por lavado de dinero, cuatro corresponden a 2012, dos a 2013 y una más en 2014.

Así, junto con la investigación a la que hace referencia Álvaro Delgado son ocho en total las investigaciones que se han iniciado en este sexenio por delitos relacionados con “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, como le llama la PGR al lavado de dinero. En tres casos hay incluso personas consignadas por la autoridad.

Robo de combustible, exponencial

Pero si un delito ha crecido de manera exponencial en este sexenio es, sin duda, el robo de combustible, las cifras más recientes dadas a conocer por Petróleos Mexicanos hablan de que para septiembre de este año fueron mil 145 la tomas clandestinas registradas, mientras que en el último año del sexenio pasado, es decir en 2010, la paraestatal registró 49 casos, lo que significa que con esas cifras el incremento es de 2 mil 236 por ciento, y aún falta por contabilizar el último trienio del año.

Pero además, paralelo al robo de combustible la región se ha llenado de violencia y muerte. La Jornada de Oriente documentó que “durante tres fines de semana recientes y de manera consecutiva (entre el 9 de junio y el 18 de julio) en la entidad se perpetraron 52 asesinatos y 36 personas más fueron lesionados por arma de fuego, de los cuales 20 fueron en balaceras y ajuste de cuentas por la disputa del robo de combustible”.

Eso sin contar con los constantes incendios provocados por derrames en las tomas clandestinas.