Foto: Marlene Martínez

Shanik David

@chaneke9

Lo diputados hicieron de oídos sordos, ignoraron los señalamientos y críticas de las organizaciones y especialistas en el tema, y aprobaron la reforma constitucional al artículo 12, en donde se establece que la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) desaparezca y su lugar como órgano garante sea ocupado por el Instituto para el Acceso a la Información Pública (IAIP), y con ello cambiar en su totalidad a los actuales comisionados.

La propuesta de reforma constitucional, que presentaron hace unos días los integrantes de las ocho fuerzas políticas con representación en la Junta de Gobierno, fue aprobada por la mayoría del pleno del Congreso fue aprobada por mayoría, con dos abstenciones la de los diputados Julián Peña Hidalgo y Socorro Quezada Tiempo, de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.

No sólo especialistas en la materia criticaron esta propuesta, al cuestionamiento de la legisladora tricolor se sumó también el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, quien acusó que este cambio en la conformación del organismo garante de transparencia representaba la construcción de un paquete de impunidad con el cual Rafael Moreno Valle buscaba protegerse antes de terminar su sexenio.

La postura la compartió la coordinadora de la fracción parlamentaria priísta, Silvia Tanús Osorio, quien incluso acusó que esta fue una propuesta hecha por el Ejecutivo del estado, y que en su primera versión incluía vicios que podían considerarse inconstitucionales, por lo que al momento de la votación del dictamen en las comisiones unidas de Transparencia y Gobernación y Puntos Constitucionales se abstuvo de votar.

Menos de 24 horas después el discurso cambió, pues al momento que el dictamen se presentó en el pleno la fracción priísta votó a favor.

A manera de explicación de este cambio de postura, Tanús Osorio dijo que “se cambiaron algunos términos que solicitamos” con lo cual, afirmó, se ayudará a que se elijan a los mejores perfiles para integrar el organismo garante.

“Como lo dije, en un primer documento había rasgos de inconstitucionalidad que fueron agotados” refirió la priísta, al referir que además, dado que se incluyó la participación de organizaciones sociales para vigilar el proceso de designación de comisionados y que se impondrán requisitos muy específicos, esto ayudará a blindar la posible entrada de personajes cercanos a algún grupo político.

Por la tarde además el Comité Directivo Estatal del PRI emitió un comunicado en el cual explica que el voto a favor fue consensado entre toda la fracción parlamentaria ya que “se observó la apertura y compromiso de todas las bancadas para elegir a los candidatos más idóneos, que cumplieran con un perfil académico adecuado y sin filias ni fobias partidistas”.

¿Qué se aprobó?

La propuesta que se presentó en el pleno del Congreso consistía en la modificación del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, para cambiar de CAIP a Instituto de Transparencia, así como aumentar las facultades que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, es decir las facultades sobre el manejo de la información de fideicomisos, sindicatos y demás sujetos obligados.

También se ajustó el artículo 125 para que los comisionados sean sujetos a juicio político por irregularidades en su actuación como parte del organismo.

Sin embargo, los cambios sustanciales se dieron en los artículos transitorios del dictamen, pues en éstos se incluyó la extinción formal de la CAIP, la cual operará como tal hasta el 5 de enero de 2017, y un día después entrará en funciones el Instituto.

En los transitorios además se detalla la remoción de los comisionados en funciones para abrir un nuevo proceso de selección para los tres espacios del organismo garante, aunque se deja la posibilidad de que los actuales integrantes puedan participar en este trámite.

[quote_box_left]Los cambios sustanciales se dieron en los artículos transitorios del dictamen, pues en éstos se incluyó la extinción formal de la CAIP, la cual operará como tal hasta el 5 de enero de 2017, y un día después entrará en funciones el Instituto.[/quote_box_left]

También se detalla que “por única ocasión” los comisionados tendrán diferentes períodos en el cargo, pues a pesar de que la Ley de Transparencia marca que cada uno durará seis años en el encargo, dado que los nombramientos tienen que darse de manera escalonada tuvieron que ajustarse los plazos.

Sin embargo, el ajuste queda distinto a lo que se establece en la norma, pues se determinó que los comisionados durarán cuatro, cinco y seis años, respectivamente, es decir que habrá cambios en el instituto en los años 2021, 2022 y 2023, pese a que la ley en su artículo 29 indica que la renovación de los integrantes deberá ser en año par.

Además hasta el momento los diputados no tienen definido cuándo se emitirá la convocatoria para este proceso de selección, pese a que se tiene hasta el 15 de diciembre para la designación de los nuevos comisionados.

La CAIP ya era constitucionalmente autónoma

Para el abogado Juan Bosco Rosillo, integrante del Nodo de Transparencia, el órgano garante al que el Congreso le decretó la muerte con el argumento de que tenían que cambiarlo y dotarlo de autonomía en la constitución era autónomo desde el 1 de enero de 2012, cuando se reformó el marco normativo.

A la par, y tras un análisis jurídico de los marcos normativos, tanto el local como el nacional, sostuvo que el cambio de Comisión a Instituto entró en vigor desde mayo pasado, cuando se reformó nuevamente la ley para armonizarla con la ley nacional.

Y que la reforma constitucional que se aprobó ayer no solo no era necesaria, sino que incluso puede ser considera un “fraude”.

“El fraude a la ley se observa porque en lugar de cumplir con la ley que ellos mismo aprobaron el 4 de mayo de 2016 y cumplir con sus obligaciones, lo que hicieron fue:

Retrasar la convocatoria y elección del comisionado del Instituto hasta el mes de enero del 2017.

Cambiar la integración del Pleno del actual Instituto (CAIP) para elegir a personas parciales que respondan a la actual administración; es decir se pretende la captura del Instituto.

Y agrega: “es falso que al otorgarle autonomía constitucional al Instituto-CAIP, sea necesario que se modifique la integración de los comisionados, puesto que los actuales comisionados forman parte ya de dicho organismo y por tanto se les debe respetar sus cargos”.

Y concluyó:“En este sentido no se pueden utilizar los ejemplos de Transformación del INE y del propio INAI, para ser utilizados en la CAIP y cambiar a todos los comisionados. Dichos institutos sufrieron transformaciones de fondo puesto que eran Institutos federales y no nacionales; es decir el INE y el INAI se modificaron en su estructura orgánica por que asumieron más atribuciones y se creó un sistema, incluso el IFAI era un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Sin embargo el actual Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado no está asumiendo mayores atribuciones y no crea un sistema, forma parte de él”.