José Manuel Rodoreda, Lilia Vélez Iglesias y Miriam Carrillo, integrantes del Nodo de Transparencia. Foto: ngpuebla.com

Shanik David

@chaneke9

Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla marca de manera puntual las formas y tiempos que deben cumplirse para el procedimiento de renovación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), ninguno de estos criterios ha sido cumplido por el Congreso del Estado.

Esto, pues no sólo no se ha emitido la convocatoria referente a dicho proceso, sino que al interior del Poder Legislativo se delegó la facultad de la definición de ésta a una comisión que no está facultada en la norma correspondiente.

Los detalles sobre el proceso de selección de comisionados de la CAIP -que con la entrada en vigor del nuevo sistema de transparencia se convertirá en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla- se encuentran en el artículo 29 de la Ley de Transparencia, aprobada el pasado 4 de mayo por los mismos diputados que ahora están encargados de llevar este procedimiento.

De manera clara, dicho artículo indica que tiene que ser durante la tercera semana de octubre de cada año par cuando “el órgano de gobierno” del Congreso publique la convocatoria para que los interesados en formar parte de la CAIP presenten sus propuestas.

Sin embargo, si bien en un comunicado publicado por el Congreso el pasado viernes 21 de octubre se presume que se dio “cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley para la emisión de la convocatoria” en realidad esto no ha sido concretado, pues las bases sólo se aprobaron en la Junta de Gobierno y Coordinación Política que dio vista a la Comisión de Transparencia para que ésta la analice y establezca la fecha de publicación.

“Lo que se trata es de aparentar que se cumple la ley, pero no se está cumpliendo”, señaló al respecto José Manuel Rodoreda Artasánchez, integrante del Nodo de Transparencia, al puntualizar que, con base a los tiempos de la propia ley, la convocatoria debió publicarse el sábado 22 de octubre, sin que esto se haya dado hasta el momento.

[quote_box_right]“No conocemos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no conocemos las instrucciones que se giraron, no sabemos quién va a emitir la convocatoria”, reiteró el especialista, al denunciar además que el proceso para la selección del nuevo integrante del organismo garante de transparencia se lleva a cabo en completa opacidad.[/quote_box_right]

También fue enfático al puntualizar que la norma marca que debe ser la Junta de Gobierno y no la Comisión de Transparencia la que debe lanzar la convocatoria, por lo que consideró como incorrecto que se hayan “girado instrucciones o facultado o emitido un acuerdo para que sea la comisión la que redacte la convocatoria”.

Esto, continuó, pues además se desconoce de manera oficial qué señala el acuerdo emitido por el órgano de gobierno del Congreso y los motivos o facultades que le da a la comisión que encabeza el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta para la realización de la convocatoria.

“No conocemos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no conocemos las instrucciones que se giraron, no sabemos quién va a emitir la convocatoria”, reiteró el especialista, al denunciar además que el proceso para la selección del nuevo integrante del organismo garante de transparencia se lleva a cabo en completa opacidad.

A esto se suma el claro retraso que se tiene en la emisión de la convocatoria, sin que haya una fecha concreta por parte de los diputados para cumplir con esta obligación, pues en una entrevista dada el pasado miércoles Rodríguez Acosta dijo que será hasta la próxima semana cuando se analice este tema al interior de la comisión.

Es decir, las bases podrían hacerse públicas durante los primeros días de noviembre, lo cual representaría una reducción considerable del plazo que tienen los aspirantes para presentar su documentación, el cual se vence el 15 de noviembre de acuerdo con lo establecido en la ley.

El problema sería el tipo de documentos o requisitos que se establezcan, explicó Rodoreda Artasánchez, pues en caso de solicitarse copias certificadas o documentación que requiera trámites burocráticos se podría obstaculizar la participación de los ciudadanos; “lo que pasa es que se está preparando algo para que sea determinada gente la que cumpla con los requisitos”, reflexionó.

El escenario generado en torno a este procedimiento además puede generar una desmotivación en las personas que pudieran tener un interés legítimo de formar parte de la CAIP, por lo que sentenció que en general el proceso de renovación ha empezado mal.

Este es el segundo procedimiento de selección de comisionados de la CAIP que le corresponde llevar a la LIX Legislatura, y en el caso del proceso de 2014, cuando se nombró a Gabriela Sierra Palacios, se dio un escenario similar, pues la convocatoria se publicó hasta finales de noviembre, lo que ocasionó que las comparecencias y demás etapas se llevaran a cabo de manera apresurada.

En esa ocasión el retraso se dio porque la comisionada suplente Alexandra Herrera Corona solicitó permiso para reelergirse aunque esto no está permitido en la ley, por lo que, argumentando el análisis jurídico de la petición, fue que se alargó la expedición de la convocatoria.