La visión tecnocrática de los operarios de la seguridad, civil y militar minimiza los problemas que tienen raíces estructurales, explica Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional y Democracia en México

Erubiel Tirado | Prensa Ibero

@prensaibero

Con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el doctor Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional yDemocracia en México: los desafíos del Siglo XXI, a impartirse desde el 23 de septiembre en la IBERO, brinda un interesante análisis de la estrategia de seguridad de la actual administración:

Enrique Peña Nieto llega al último tercio formal de su sexenio con el descrédito de una aceptación popular deteriorada y con elementos objetivos de fracaso en su oferta de seguridad para el país. Si bien la popularidad del gobernante no es un asunto menor, la estrategia de seguridad y sus resultados juegan un papel importante en su proceso de deslegitimación.

La propia justificación presidencial sobre el “costo político” de sus reformas como causa del fenómeno, no es razón suficiente en un régimen presidencialista como el mexicano.

Seguridad y paradigmas retóricos

En principio, la nueva alternancia política en el gobierno (que cierra formalmente nuestra “transición democrática” con el regreso del PRI), más que cambios radicales de fondo en el modo de enfrentar la inseguridad heredada observa matices diferenciados. Los ejes del cambio en el régimen peñista fueron el control en la comunicación e información sobre la inseguridad, las reformas administrativas en la seguridad pública cuyas motivaciones eran políticas y la actuación institucional deficiente frente a escenarios críticos de desafío criminal y que representaron violaciones graves a los derechos humanos además de ineficientes.

Partiendo del supuesto calderonista que, haciendo lo correcto al militarizar la seguridad pública y declarar una guerra frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, su “falla” principal fue el modelo de comunicación que, entre otras cosas, implicaba la apertura de datos sobre los efectos de dicha estrategia. De esta manera, el gobierno peñista suprime la difusión oficial de datos sobre las acciones gubernamentales y sus efectos extendiéndose a un férreo control sobre la información de la violencia en el territorio nacional. Al silencio informativo siguió la inevitable censura y/o manipulación de las cifras y de incidentes relacionados con la violencia del país. 

El “nuevo” diseño institucional del actual gobierno se concentró en una supuesta diferenciación del enfoque integral de la estrategia de seguridad: disminuye la estructura de lo que fue la anterior Secretaría de Seguridad Pública (y su Policía Federal) convirtiéndola en una Comisión Nacional, pero operando como «brazo armado» de la Secretaría de Gobernación (cualquier semejanza con el pasado represor cuando existía la policía política es mera coincidencia). Se anuncia también la transformación-creación de la fuerza policial federal con la Gendarmería (tomado del modelo europeo) como salto evolutivo del cuerpo de seguridad.

Sin embargo, en la definición legal e institucional de dicha transformación, donde la presión del ejército estuvo presente, todo resultó en una división adicional (de 5 mil elementos, cuando se preveía de una dimensión mucho mayor) de la Policía Federal que se superpuso formal y funcionalmente a las divisiones preexistentes, en particular a las de Seguridad Regional y la Fuerzas Federales, generando duplicidad de funciones y confusiones sobre el alcance legal de sus atribuciones. De este modo la Gendarmería se convirtió en un comodín policial al gusto discrecional del Presidente y del Secretario de Gobernación (su primer emplazamiento fue en el Estado de México para resguardar el descanso de familias adineradas del país ante una ola de secuestros).

[quote_center]El gobierno peñista suprime la difusión oficial de datos sobre las acciones gubernamentales y sus efectos extendiéndose a un férreo control sobre la información de la violencia en el territorio nacional[/quote_center]

El otro aspecto institucional diferenciador del enfoque integral de la seguridad pública fue la creación, dentro de la misma Secretaría de Gobernación, de una Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. El anuncio estuvo acompañado, aun antes siquiera de tener el programa sectorial (que se dio a conocer hasta 2014), de un presupuesto sin precedentes para la ejecución de un Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED, 2013): dos mil quinientos millones de pesos. Sin embargo, esto no se tradujo en la formulación de una estrategia propia de prevención en la seguridad pública que articule con eficacia las acciones en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

A la fecha ha habido tres cambios en la titularidad de dicha Subsecretaría, producto de la tradicional falta de coherencia en la conducción de políticas públicas coherentes, comportamiento faccioso de tipo político y/o a necesidades de contención en el manejo de crisis en el sector de la seguridad del gobierno.

La actividad de las fuerzas de seguridad federal (civil y militar) en el gobierno de Peña Nieto ha oscilado en estos cuatro años entre la inactividad inicial en los primeros meses a la actuación facciosa diferenciada en regiones y estados con graves problemas de inseguridad. En el primer trayecto del sexenio, aunque se realizaban operativos policiales militares como reacción inevitable por episodios violentos en algunas entidades (Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca), hubo más bien un comportamiento omiso de “dejar pasar y dejar hacer” en materia de seguridad. Esto trajo como consecuencia la rearticulación, con el consecuente fortalecimiento, de organizaciones criminales y el surgimiento de tendencias de la incidencia delictiva en diversas partes del país.

El gobierno de Peña Nieto, a su vez, en Michoacán permitió y aun alentó la creación de grupos de autodefensa civil (que mucho recuerda la triste experiencia colombiana con graves consecuencias en materia de violación de derechos humanos). En los hechos, esto significó la renuncia del Estado por imponer el Estado de Derecho y una lógica perversa de subrogar su responsabilidad a fuerzas paramilitares y parapoliciales que se hicieran cargo para combatir y asesinar a un grupo del crimen organizado (Caballeros Templarios) que había sucedido a la llamada Familia Michoacana. De este modo, no se desgastaría la fuerza militar y civil disponible y el “trabajo” de limpieza criminal lo realizó… otro grupo ilegal.

El resultado fue disímbolo además de ilegítimo: una vez disminuida la fuerza y presencia del grupo criminal dominante en la entidad, procedió a “absorber” a las autodefensas, sea dándoles una categoría oficial de policías estatales, o bien, poniéndolos a las órdenes del ejército (con una categoría legal poco clara, si no es que abiertamente ilegal).

Para los autodefensas que no aceptaban el nuevo trato, simplemente se les sometió a persecución legal y faccioso (en estricto rigor todos los miembros de las autodefensas en Michoacán actuaron fuera de la ley y cometieron delitos graves con la anuencia de autoridades civiles y militares).

Aparejado al escenario institucional, el gobierno de Enrique Peña dio cierta continuidad a la estrategia calderonista impulsando el esquema policial de mando único para simplificar de modo gerencial el control de los organismos de seguridad del país. Con resultados diversos, la formulación no se consolidó en el país tanto por la heterogeneidad con que se fue implementando en cada entidad, como por la disparidad de recursos que fueron disminuyendo aún más las capacidades de seguridad en los municipios, de por sí escasas en la mayoría.

Otra razón de las limitaciones de este componente de la estrategia de seguridad fue la deliberada ignorancia del sistema federal al obviar el diseño constitucional mexicano y la necesidad de fortalecer la primera línea de actuación material del Estado como es el nivel municipal. De ahí quizá la titubeante rectificación del modelo al que ahora denominan “mando mixto”.

Las mejoras… discursivas

El propio mandatario presumió durante en el primer semestre de 2016 que las acciones de su estrategia de seguridad habían permitido disminuir la violencia del país en 60 por ciento (tomando como medida la tasa de homicidios dolosos). Lo paradójico de este anuncio, repetido un mes después por el Secretario de Gobernación (de quien dependen las políticas de seguridad pública del país) es la contradicción de cifras y la poca claridad de otras fuentes oficiales.

Por un lado, los reportes mensuales de ciertos delitos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se basan en denuncias ante las autoridades ministeriales y que no son exactos (una denuncia puede referir diversos conductas y múltiples delitos de un mismo tipo, pero solo se contabiliza uno por denuncia y una categoría). Aun con esta deficiencia, las propias cifras oficiales desmienten al Presidente.

Es muy probable que este año concluya con una tasa similar como la que tuvo el final del sexenio de Calderón (22 homicidios por cada 100 mil habitantes). De hecho, en la víspera del Cuarto Informe, el Secretario de Gobernación, en la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconoció el repunte de la violencia a la luz de las cifras recientes de junio y julio.

Por otro lado, sin embargo, con criterios metodológicos diferentes (como la falta de distinción entre homicidios dolosos y culposos) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI, ha dado a conocer cifras de comisión de delitos actualizadas al año de 2014. Las cuestiones metodológicas y de oportuna difusión de las cifras sobre la inseguridad en el país, permite también manipulación o uso engañoso de los datos por parte de los gobernantes.

A la luz de las consideraciones anteriores y cuando se aborda el detalle de los graves hechos que están marcando el sexenio de Peña Nieto (Tlatlaya y Ayotzinapa, 2014; Tanhuato, 2015; y Nochixtlán, 2016), es posible caracterizarlos como expresiones naturales de una estrategia fallida que se insiste en continuar. Como ejemplo está el reciente anuncio presidencial de focalizar la contención de homicidios sólo en 50 municipios del país, cuando los problemas y manifestaciones de la violencia que nos azota se encuentran visibles en al menos dos terceras partes del territorio nacional.

El conjunto de este escenario poco halagüeño explica también la visceralidad con la que se reciben los estudios y reportes de organizaciones de defensa de derechos humanos tanto de organismos multilaterales (ONU y OEA) como de las organizaciones no gubernamentales de dentro y fuera del país.

Esto hace al gobierno mostrar un comportamiento contradictorio porque, por un lado, le es difícil mantenerse al margen (so pena de aislarse con otro tipo de consecuencias) de los reclamos de una comunidad internacional que demanda comportamientos democráticos con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, mientras que por otro, el régimen político mexicano es rehén de estructuras y prácticas de tipo autoritario y represivo que sólo se explican por una inercia de carácter institucional de tipo estructural que no ha sido enfrentada por los gobernantes. De ahí el fracaso de iniciativas legales y de la inobservancia de nuestros compromisos internacionales en la materia.

La visión tecnocrática de los operarios de la seguridad, civil y militar, insiste en la minimización de los problemas que tienen raíces estructurales que no son enfrentados con voluntad política ni con el apuntalamiento legal que requiere para hacer de este un país de leyes.

[quote_box_left]Para mayores informes sobre el Diplomado Seguridad Nacional y Democracia en México: los desafíos del Siglo XXI, comunícate con Alger Huitrón Sánchez al teléfono 5950 4000, extensión 7614 o al correo alger.huitron@ibero.mx.

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