Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Renata Valentina Cuautle murió en la estancia “Pequeños Triunfadores” de la Sedesol en la ciudad de Puebla el 24 de agosto. Para asegurarse de que  la estancia funcionara bien tanto en su arquitectura y operatividad como en el trabajo de las asistentes, el supervisor asignado por la Sedesol tendría que haber hecho 12 verificaciones al año.

Pero como en todo el estado sólo hay 14 supervisores para las 473 estancias infantiles, cada uno tiene que hacerse cargo de 34. Haciendo las cuentas, cada supervisor tiene que hacer 204 visitas durante todo el año, pero sólo tiene 192 días hábiles.

Hay 14 supervisores para velar por la seguridad de los 15246 niños en Puebla: un supervisor para cada 1089 menores.

Desde octubre del 2011 han ocurrido 48 decesos de menores en estancias infantiles en todo el país, 14 de ellos ocurridos en estancias infantiles de Sedesol.

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Puebla es el quinto estado del país con más estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 473 en 85 municipios de la entidad. El programa inició en 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y buscaba ser una opción para las madres trabajadoras.

Joaquín Espidio Camarillo, coordinador del programa de estancias infantiles de la delegación estatal, en entrevista para Lado B, dijo que sólo hay 14 supervisores para todas las estancias de Puebla, que todos radican en la ciudad capital, y que quienes tienen asignadas estancias en otros municipios viajan toda la semana y deben estar de regreso el viernes sin falta para la junta semanal.

Cada uno está obligado a hacer al menos una visita cada dos meses a cada una de las estancias, y si se encuentra una falla y se hace una observación, tienen que volver en siete o diez días a revisar si se corrigió.

[quote_box_right]La muerte de la niña Renata, de un año nueve meses, evidencia la invisibilización de la primera infancia y sus cuidados desde el Estado. Hasta la fecha no hay claridad en la causa de muerte, en tanto que no hay un versión oficial de alguna autoridad sobre el dictamen médico. La familia de Renata sigue a la espera de la resolución del Juez, quien tiene diez días hábiles a partir del 29 de agosto para decir quién es culpable de que la niña haya muerto.[/quote_box_right]

Tomando en cuenta los datos aportados por Espidio Camarillo, a cada supervisor le tocaría encargarse de 34 estancias. El coordinador del programa explicó que todos los lugares deben ser visitados al menos una vez cada dos meses, es decir al menos 6 veces al año, lo que equivaldría a 204 supervisiones anuales por persona. Eso, en caso de que todo estuviera bien, porque en caso de alguna observación o irregularidad, el supervisor debe volver siete u ocho días después para asegurarse de que fue solventada.

Si el calendario laboral tiene 5 días hábiles a la semana (20 al mes y 240 al año), el tiempo será apenas suficiente para hacer una visita bimensual a cada estancia –sin tomar en cuenta días feriados y vacaciones–. Pero todos los viernes los 14 supervisores deben reunirse con el coordinador, para realizar una retroalimentación o informar si hay alguna estancia con observaciones (que se califica en naranja o rojo, y en verde cuando no hay algún problema), entonces son 4 días hábiles menos al mes. De modo que cada supervisor tiene sólo 192 días laborales, 48 días menos de los estrictamente necesarios para verificar que todo esté bien en 34 estancias que atienden a niños de 1 a 3 años 11 meses.

Actualmente hay 15 mil 246 niños en todas las estancias, por lo que cada uno de los supervisores es indirectamente responsable de mil 89 niños.

Ante este panorama, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo a Lado B en entrevista que esta baja cifra de supervisores habla de la limitada capacidad de inspeccionar lo que pasa en las estancias. Esto, considerando que la revisión no es sólo a nivel físico o arquitectónico, sino que debe (o debería, dijo el activista) de entrar a fondo en los métodos del perfil del personal y capacitación.

Y aunque las dueñas de las estancias están obligadas a mostrar los documentos que acreditan la capacitación de las encargadas de cuidar a los niños, la Sedesol, mediante el coordinador del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Enrique Espidio, aclaró que las asistentes “no son empleadas de Sedesol”.

La muerte de la niña Renata, de un año nueve meses, evidencia la invisibilización de la primera infancia y sus cuidados desde el Estado. Hasta la fecha no hay claridad en la causa de muerte, en tanto que no hay un versión oficial de alguna autoridad sobre el dictamen médico. La familia de Renata sigue a la espera de la resolución del Juez, quien tiene diez días hábiles a partir del 29 de agosto para decir quién es culpable de que la niña haya muerto.

El mismo día del deceso de la niña Valeria Renata Cuautle, presuntamente por desnucamiento de acuerdo a informes forenses difundidos por los familiares y medios de comunicación, se supo que más de 30 niños sufrieron intoxicación masiva en una guardería del IMSS de Tijuana. Julio César Márquez, padre de uno de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo Sonora en 2009, dijo en entrevista para Lado B que estas situaciones son un reflejo de que todavía hay un desinterés del Estado Mexicano en el tema de la primera infancia.

Desde la publicación de la “Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”, conocida como “Ley 5 de junio”, en octubre de 2011, se buscó que hubiera una legislación que contemplara a todas las instancias, públicas o privadas y de los tres niveles de gobierno y que se armonizara, para evitar que tragedias como la muerte de 49 niños se repitieran.

La ausencia de la Ley 5 de junio

Márquez, uno de los promotores de la Ley 5 de junio, dijo que en el articulo 5o de la ley establecía que todas las entidades tenían un año a partir de octubre 2011 para legislar en la materia y adaptar la ley a sus constituciones locales. Para vigilar su aplicación y puesta en marcha se conformó un Consejo General, que en su primer informe de este año reconoció que sólo 25 de las 32 entidades federativas tienen una ley de estancias armonizada (Puebla sí está entre las que tienen).

[pull_quote_right]La ley no se ha publicitado, y esta contempla el involucramiento de los padres y madres. ¿Cómo vamos a saber que se cumpla algo si no sabemos que existe? (…) el desinterés del estado mexicano es prácticamente lo que se impone para que la ley no se esté aplicando[/pull_quote_right]

En su artículo 3o, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil dice que “las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley.” Esto incluye a las estancias infantiles de la Sedesol, por prestar servicios para el cuidado de los menores. Sin embargo, mediante el enlace de comunicación social, la delegación de Sedesol aseguró que el programa de Estancias Infantiles “sólo se rige por las reglas de operación que emite la coordinación nacional”, por ser un programa federal que depende directamente de dicha coordinación. Y si bien la Sedesol tendría la obligación de tomar en cuenta esta ley, no hay tampoco ninguna campaña de difusión para que la gente la conozca.

Julio Márquez dijo que la implementación de la legislación ha sido lenta: si en apenas 5 años los estados la están legislando, faltarán otros diez o quince para que se aplique. El activista dijo que la sociedad civil sí podría presionar y vigilar su cumplimiento, pero se necesitaría que lo conociera. Desde su perspectiva, calcula que 90% de quienes tienen a sus hijos e hijas en estancias infantiles no la conocen. “La ley no se ha publicitado, y esta contempla el involucramiento de los padres y madres. ¿Cómo vamos a saber que se cumpla algo si no sabemos que existe?”, cuestionó. Dijo que en los estados donde ya se legisló se tendrían que hacer campañas de difusión, sin embargo “el desinterés del estado mexicano es prácticamente lo que se impone para que la ley no se esté aplicando”.

Ante la falta de legislación y reglamentos, Julio Márquez dijo que el que haya ley no quiere decir que se esté aplicando al cien, ni que las guarderías estén seguras. “El resultado tristemente es que se siguen dando decesos, y pues mientras el Estado a través de un consejo nacional a través de sus informes va celebrando la muy lenta gradualidad con que se va implementando la ley”.

Juan Martín, director de la Redim, dijo que en México existe un problema de ingenuidad jurídica. “Suponemos que con la ley la realidad cambia. Las leyes tienen un largo proceso y generalmente accidentado en su construcción que hacen que dependan de acuerdos políticos y condicionantes. Una ley que no tiene sanciones por su no aplicación es una ley muerta, ley en papel mojado”. Lamentó que la Ley 5 de junio es una de éstas, porque no se ha armonizado en los 32 estados. Y en el caso especifico de Puebla, Juan Martín mencionó que no es que no haya leyes, sino que no hay mecanismos concretos para su implementación, ni sanciones por su incumplimiento.

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La causa de la muerte de Renata sigue sin aclararse. Los paramédicos que la atendieron y la reanimaron durante 1 hora cuarenta minutos de acuerdo con una entrevista que dio Noé, familiar de la niña encargado de hablar con los medios, dijeron que fue por broncoaspiración. También el personal de la estancia de Sedesol adjudicó la muerte a la broncoaspiración mientras dormía, pues la niña tenía gripa.

El director de la Redim dijo que no hay ninguna explicación lógica que sustente que un pequeño muera desnucado en una estancia, que no hay una explicación que suponga que el manejo de un menor termine en deceso.

Hasta ahora sólo hay un silencio general hasta que la Fiscalía General del Estado dé los resultados de la revisión de las cámaras de seguridad, peritajes forenses y la investigación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) anunció que también seguirá el caso. Al final las investigaciones oficiales fincarán responsabilidades, pero la muerte de la pequeña se suma a los 48 decesos de menores en estancias infantiles en todo el país desde la publicación de la Ley 5 de junio. Los padres de la Guardería ABC han documentado estos casos, 14 de ellos ocurridos en estancias infantiles de Sedesol. Ahora el nombre de Renata se suma a estas tragedias.