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Suzana De los Ángeles 

@suzange

La construcción del nuevo sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra, al sureste de Puebla, amenaza con causar impactos ambientales y sociales, como la privatización del agua y el despojo de tierras en los municipios indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz. 

El conjunto de tres hidroeléctricas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat) se construirán en la zona montañosa de la Sierra Negra, cuyo ecosistema se compone de bosques de coníferas y mesófilos. 

A lo largo de 7 kilómetros se instalarán presas en los cauces de los ríos Atzalan, Huitzilatl y Coyolapa, las cuales producirán energía eléctrica para empresas y mineras, durante los siguientes 30 años.

El proyecto tendrá una inversión de mil 327 millones de pesos y será ejecutado por las empresas Compañía Hidroeléctrica de Puebla y Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, filial del Grupo Ferrominero Mexicano (GFM) durante tres años. 

Aunque las obras están previstas para el próximo año, los representantes campesinos y pobladores de 17 comunidades indígenas se han organizado para formar un frente de resistencia civil, que busca revertir el proyecto, como ocurrió en la Sierra Norte con la hidroeléctrica Puebla 1.

Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán advirtió que la construcción de las hidroeléctricas ocasionarán daños severos al ecosistema, la agricultura y la ganadería. Además de que habrá disminución de los acuíferos, la eliminación de la fauna acuática y la liberación de gases a la atmósfera. 

En efecto, según el proyecto ejecutivo, en Zoquitlán se talarán más de 77 hectáreas de zona boscosa, equivalentes a la superficie de 12 estadios Azteca, además removerán la cubertura vegetal para la instalación de tuberías, harán excavaciones e instalarán torres de alta tensión para el cableado de la línea de transmisión. 

Mientras que en Coyomeapan se afectarán 6.7 hectáreas de bosque de coníferas, perforarán túneles y harán excavaciones y pavimentaciones. 

Según los proyectos, para 2030 las hidroeléctricas se ampliarán. En Coyolapa se extenderán 2.3 hectáreas y en Coyomeapan 10 hectáreas más, lo que implicará el desmonte de más superficie boscosa. Está previsto que estos trabajos impactarán a unos 160 mil habitantes de comunidades indígenas de la Sierra Negra. 

[pull_quote_right]“El presidente (de Zoquitlán) está vendido con la empresa, parece representante legal no alcalde. En una reunión (con los representantes de la empresa) llevaron una pantalla, una maqueta del proyecto y un camión de cerveza para repartirlo entre la gente”[/pull_quote_right]

El próximo 28 de agosto en Zoquitlán se efectuará el primer encuentro de resistencias contra los megaproyectos, el 18 de septiembre se hará un segundo encuentro en el municipio Tlacotepec de Porfirio Díaz y el 12 de octubre una caravana en defensa de la tierra. 

El megaproyecto 

En marzo la Semarnat autorizó los proyectos de impacto ambiental para la construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que prevé la construcción de tres hidroeléctricas en los ríos Coyolapa, Atzala y Huitzilatl, para los siguientes tres años. 

En Zoquitlán se asentará el proyecto principal, la empresa Proyectos Hidroeléctricos Puebla del Grupo Ferrominero Mexicano invertirá 635 millones de pesos en una presa de 11 metros de altura sobre el cauce del río Coyolapa y en obras complementarias: tubería, casa de máquinas y una línea de transmisión. 

En Tlacotepec de Porfirio Díaz se construirá una subestación eléctrica y se pavimentará el camino de acceso a la casa de máquinas. La infraestructura servirá para la operación de las hidroeléctricas en los ríos Atzala y Huitzilatl.

Pero la energía eléctrica que produzcan estos sistemas no será para dotar de electricidad a las comunidades pobres de la esa región, según el proyecto ejecutivo servirá para abastecer los hornos de la Compañía Minera Autlán en Teziutlán, proveedora de ferroaleaciones en la fabricación de acero y filial del GFM.

Afectaciones sociales

Además de los efectos ambientales, la construcción del sistema hidroeléctrico en la Sierra Negra traerá otras implicaciones sociales, como la compra-venta de terrenos a bajo precio, la privatización del agua de los ríos y los engaños para convencer a los pobladores de que acepten las obras. 

En conferencia de prensa, Martín Barrios Hernández, representante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán dijo que el proyecto está condicionado a la aceptación de los pobladores, pero el alcalde de Zoquitlán, Fermín Gómez León y los representantes de la empresa intentan convencer a los pobladores por todos los medios.

“El presidente (de Zoquitlán) está vendido con la empresa, parece representante legal no alcalde. En una reunión (con los representantes de la empresa) llevaron una pantalla, una maqueta del proyecto y un camión de cerveza para repartirlo entre la gente”. 

Además le ha prometido a los pobladores, que la hidroeléctrica traerá empleos y desarrollo; sin embargo, -dijo- estos beneficios no serán para los indígenas de la región. 

«La empresa trae a sus propios trabajadores y es mentira que vayan a contratar a la gente de aquí para esas obras».   

En los siguientes días, los inconformes recorrerán las comunidades para informar a los habitantes sobre los daños que traerá el proyecto, además recurrirán a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI) y la Semarnat para presentar documentos de inconformidad y de ser necesario, buscarán el amparo de la justicia federal para frenar el proyecto.