Luis Felipe Lomelí

[dropcap]“A[/dropcap]llá es a donde van los burros, los que no pasan el examen de la nacional”, solían decirme mis amigos sudamericanos (de Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, etcétera) cuando les preguntaba sobre las universidades privadas de sus países hace quince años. A veces matizaban: “hay algunas que no son tan malas; es más, son buenas, pero no más que las estatales”. Otros particularizaban: “las carreras de negocios sí son mejores, son las únicas que lo son, porque los profesores son empresarios”. Pero incluso los que habían estudiado en universidad privada sentían una suerte de culpa: “Yo sí pasé el examen, pero mis viejos no me dejaron ir a la nacional”.

En México las universidades (y colegios) privadas surgieron durante el siglo XX por motivos ideológicos y religiosos, como la Autónoma de Guadalajara o la Popular Autónoma del Estado de Puebla, o porque la universidad pública no dotaba a la industria local de los técnicos necesarios, como el Tec de Monterrey (que inició con eso que llaman el “Tequito”, más similar al CONALEP que a la UANL). Lo que sigue es una historia larga sobre cómo fueron, por un lado, pululando más y más universidades y colegios privados (a partir de los 80 y 90) y, por otro, cómo se fue minando la exigencia académica en todo el territorio nacional al grado en que, hoy día, sólo para ciertas licenciaturas como medicina aquellos que estudiaron en universidad privada tienen que explicar, como los sudamericanos, por qué no lo hicieron en la pública.

Pero la educación privada tampoco ha salido bien librada. Si bien para mediados de los 80 del siglo pasado ya se había consolidado el mito de que era mejor, luego de la nota sobre la tesis de Enrique Peña Nieto y la reacción de la Universidad Panamericana, éste se derrumba. Peor aún, la idea misma que tenemos en México sobre la educación y su importancia ha quedado expuesta.

Vamos por partes. El prestigio de las universidades privadas patito ya era desde hace años, valga la redundancia, “patito”. Piense, por ejemplo, en las 422 universidades que hay en Puebla y en cuántas de ésas ha oído mencionar aunque sea una vez en la vida. Aquí valga resaltar dos asuntos: primero, el adjetivo “patito” sólo se aplica mayoritariamente a las instituciones privadas y, segundo, tal abundancia de universidades patito (ya sea en Puebla o en cualquier otro lugar de la República) ¿no será una muestra, un síntoma, de lo que pensamos los mexicanos acerca de la educación?

Después de la publicación de la nota de Carmen Aristegui la reacción no se hizo esperar. Por un lado, las enérgicas opiniones que demandaron y demandan el retiro del título, ya sea por una genuina ética académica o por un oportunismo político y; por otro, aquellos que buscaron minimizar el asunto. Los que me importan son los segundos. Independientemente de que lo hicieran (y sigan haciendo) por una filiación política hacia el PRI o por una fobia hacia López Obrador, lo interesante es lo que sus argumentos revelan acerca de su percepción de la educación.

En resumen, entre estos argumentos que hablan de la educación están: “¿A poco ustedes nunca copiaron en su vida?”, “citar así era una práctica común en la academia”, “no se le puede exigir a una tesis de licenciatura gran cosa”, “no es válido que paguen todos [los alumnos de la UP] por la mediocridad de un estudiante”, etcétera.

El primero (“¿a poco ustedes…?”) trata de establecer una normalización moral del plagio y la deshonestidad académica: si todos lo hacemos, es válido y al carajo con el aprendizaje. Poco le falta para afirmar “¡sólo nos importa el título y lo queremos ya! La educación ni nos importa ni nunca nos ha importado!”

El segundo (“citar así era una práctica común en la academia”) también pretende normalizar pero no a partir de la moral sino desentendiéndose de ella: no es que los estudiantes fuéramos pésimos, es que así lo pedían los profes. Aquí, por supuesto, más valdría que nos dijeran dónde, en qué universidades, así lo pedían los profesores para tener en claro en qué instituciones la exigencia académica era tan laxa desde aquellos años.

[pull_quote_right]Después de la publicación de la nota de Carmen Aristegui la reacción no se hizo esperar. Por un lado, las enérgicas opiniones que demandaron y demandan el retiro del título, ya sea por una genuina ética académica o por un oportunismo político y; por otro, aquellos que buscaron minimizar el asunto.[/pull_quote_right]

El tercero (“no se le puede exigir a una tesis de licenciatura…”) también nos habla de otra normalización: la tesis de licenciatura es un mero trámite, sólo sirve para corroborar que el estudiante sabe redactar y, en resumen, la tesis no es una tesis, no es una “proposición que se mantiene con razonamientos” sino que, a lo más, pareciera que se conciben las tesis como meros resúmenes o monografías. Lo que lleva a preguntarnos en qué momento de la historia académica mexicana las tesis dejaron de ser tesis, ¿nunca lo fueron?, ¿es ideal que nunca lo vuelvan a ser?

El cuarto (“no es válido que paguen todos…”) pretende normalizar la mediocridad académica al implicar que es común que en todas las universidades se titulen alumnos excelentes junto con alumnos no tan buenos o incluso con estudiantes que ciertamente no entendieron algunos lineamientos básicos. Dicho de otra forma, el argumento exime de su principal responsabilidad a los profesores e instituciones: sólo aprobar a aquellos que demuestren haber aprendido un mínimo suficiente (un mínimo, claro, que cambia de institución a institución según sus reglamentos en teoría: más del 70% de los contenidos en el Tec de Monterrey, más del 80% de los contenidos para los posgrados de excelencia CONACYT, etc…)

Si todos estos argumentos se hubieran usado para defender a una universidad patito tal vez no serían tan significativos. Lo significativo es que se usaron para defender una de las universidades privadas más prestigiosas del país (y en una de sus licenciaturas más aplaudidas: derecho).

Sin embargo, el prestigio académico de una universidad pública o privada se establece, entre otras prácticas, precisamente al hacer lo contrario a lo que indican los argumentos expuestos: 1. Promover y exigir la honestidad académica, 2. Hacer de los más altos estándares de calidad académica una práctica común, 3. Dar a los estudiantes las herramientas académicas para que, al final de su licenciatura, sí puedan hacer una tesis, una proposición propia, y no una simple monografía y 4. Establecer y seguir políticas claras de evaluación justa para que sólo los estudiantes que acrediten merecer un título, lo consigan (y dar opciones para que los estudiantes, que sí quieren aprender y tienen deficiencias, se pongan al corriente).

Lo anterior, claro, si lo que se busca es la excelencia educativa. Y esto conllevaría tanto un replanteamiento de las prácticas administrativas dentro de las instituciones como una exposición detallada, a los nuevos estudiantes (y a los padres, ¿se ha fijado cómo la injerencia de los padres de familia ha aumentado en las universidades?) de lo que pueden esperar y hacer dentro de la institución. Si se persiguen otros objetivos, en cambio –como tener una gran cartera de clientes, adoctrinar juventudes (en política o religión), minimizar problemas sociales, etcétera—, entonces vamos por buen camino.