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Shanik David

@chaneke9

La definición de que el matrimonio es la unión entre “un hombre y una mujer” representa una violación a derechos fundamentales de las personas, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revoque este término dentro del Código Civil del Estado de Puebla.

El recurso registrado con el número 29/2016 y firmado por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, detalla que en el artículo 300 del Código Civil de Puebla se establece que “no podrán contraer matrimonio el hombre y la mujer, antes de cumplir dieciocho años de edad”, por lo que la definición de los géneros que se pueden unir contravienen los principios de no discriminación contemplados en la Constitución Política de México.

“Resulta evidente que el artículo 300 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, prevé una disposición que implica discriminación indirecta, ya que la norma carece de contenido neutral y por ende afecta de manera desproporcionada y negativa a un grupo social”, se indica en el documento que ya se encuentra bajo análisis al interior de la SCJN.

Además, como parte del sustento jurídico planteado por el ombudsman hace alusión a la jurisprudencia relacionada a la acción de inconstitucionalidad 28/2015, con la cual se impugnó un artículo similar del Código Civil del Estado de Jalisco y que derivó en que en dicha entidad se legalizara el matrimonio igualitario.

Foto: Tania Olmedo | Es Imagen

De manera puntual se refiere que el término como se encuentra en la actualidad viola los derechos de no discriminación, dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, igualdad ante la Ley, identidad personal y sexual, libertad de formar una familia y la protección de la familia en lo relativo a su organización y desarrollo.

Un aspecto que destaca en el documento es que si bien sólo se impugna el artículo 300 del Código Civil, en los alcances se indica que los efectos del fallo deberían alcanzar otras disposiciones que pudieran estar vinculadas, con lo cual además se tendría que modificar el artículo 294 que indica que “el matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia (sic)”.

Inconstitucionalidad salió de iniciativa morenovallista

Dentro del planteamiento de la acción, se detalla que ésta se deriva de la publicación de la reforma al artículo 300 del Código Civil de Puebla del pasado 28 de marzo en el Periódico Oficial del Estado, a partir de la cual se inició el análisis para la interposición de la medida constitucional.

Dicha reforma fue parte del paquete de iniciativas que presentó el gobernador Rafael Moreno Valle ante el Congreso del Estado como acciones para atender la situación de violencia hacia la mujer, y en el caso concreto del artículo impugnado la modificación fue aumentar la edad para contraer matrimonio de los 16 a los 18 años.

Dado que los legisladores tomaron la propuesta del Ejecutivo tal y como éste la entregó con la frase “el hombre y la mujer”, lo cual, a decir de la CNDH, ignoró los principios establecidos en la Constitución para que las autoridades garanticen los derechos humanos y no discriminen por cuestiones de preferencias sexuales o género.

“Dicha reforma contempla restricciones al ejercicio de derechos humanos, las cuales en esencia consisten en excluir de la celebración de la figura del matrimonio a parejas del mismo sexo, al mantener intacta la porción normativa que establece ‘el hombre y la mujer’”, se indica en el recurso.

Iniciativa de matrimonio en la congeladora

Aunque fue hasta ahora que se dio a conocer esta acción de inconstitucionalidad, desde el 11 de junio del año pasado el tema ya se encuentra en la cancha del Congreso del Estado, pero se mantiene en la congeladora ante la falta de interés de los legisladores.

Fue la diputada Socorro Quezada Tiempo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó la iniciativa para reformar el artículo 294 del Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la propuesta fue ignorada incluso por sus compañeros de bancada. Carlos Martínez Amador, coordinador de la fracción parlamentaria declaró en varias ocasiones que este no era un tema prioritario.

Incluso, a pesar de que posterior al ingreso de la iniciativa se emitió la jurisprudencia por el caso de Jalisco, y se exhortó a los estados a hacer reformas similares para acatar la disposición, el tema no ha sido retomado en el pleno legislativo.

Legislativo y Ejecutivo federal toman cartas en el asunto

Además de la impugnación directa en contra del Congreso de Puebla y el ejecutivo estatal, y que podría derivar en un nuevo revés por parte de la SCJN hacia reformas de la actual legislatura -en noviembre pasado se desecharon siete artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que constituían candados para la participación de candidatos independientes-, hay acciones tomadas desde otras esferas nacionales que podrían obligar a que se apresure el tema del matrimonio igualitario en Puebla.

[quote_box_right]Desde el 11 de junio del año pasado el tema ya se encuentra en la cancha del Congreso del Estado, pero se mantiene en la congeladora ante la falta de interés de los legisladores.[/quote_box_right]

Por ejemplo, este martes 17 de mayo el presidente de la República Enrique Peña Nieto, firmó una iniciativa que enviará al Congreso de la Unión para reformar el Código Civil Federal y la Constitución Política para que se contemple el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A esto se suma que desde el pasado 29 de abril la Cámara de Diputados aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Géneros en el cual se exhorta a los congresos locales a “que no prohiban el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio”, ya que el no permitir este tipo de uniones contravienen lo establecido en la Constitución.

Dicho exhorto ya fue recibido por el Congreso del Estado de Puebla, aunque no implica que sea obligatorio para el legislativo local acatarlo.