La chica de los brackets de estrella

La chica de los brackets de estrella

Ante la inacción y omisión de las autoridades, familiares de personas desaparecidas se han convertido en rastreadores de fosas clandestinas en varios estados

Foto: Rodrigo Caballero
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Rodrigo Caballero

Amatlán de los Reyes, Veracruz. El día que la encontraron, la chica de los brackets de estrella estaba vestida con un pantalón deportivo color rosa —perfectamente conservado a pesar de llevar al menos dos años bajo tierra-, una blusa estampada con olanes a los lados y unos tenis blancos con una línea azul a lo largo.

Los forenses dicen que tenía entre 17 y 20 años, lo pudieron determinar revisando la longitud de los huesos y la forma de la pelvis, una de las partes del cuerpo que ayuda a diferenciar el género de las personas.

Fue localizada adentro de una fosa clandestina en la sierra norte de Guerrero, en el municipio de Iguala de la Independencia, ése que se ha convertido en un referente de las desapariciones forzadas en México después de que policías municipales se llevaran a 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en septiembre del 2014.

Entre abril y mayo de 2015, el rastreador Mario Vergara estaba buscando fosas clandestinas en un cerro conocido como “la Joya”, a las afueras de la cabecera municipal de Iguala. La punta de la Joya es una meseta plana que cárteles como Guerreros Unidos utilizan para enterrar los cuerpos de las personas que asesinan, ahí las brigadas ciudadanas han encontrado 26 cadáveres, lo que explica porqué rebautizaron la zona como “el panteón de la Joya”.

Sin embargo la chica de los brackets de estrella no estaba en el panteón de la Joya, estaba a unos 100 metros abajo de la meseta, en una zona agreste donde la brigada ciudadana localizó tres fosas clandestinas con cuatro personas, eran las osamentas de dos hombres y dos mujeres.

Foto: Rodrigo Caballero
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“Hay ropa que no se desintegra aun estando en la tierra”, dice Mario Vergara, quien a raíz del secuestro de su hermano se ha vuelto experto en localizar estos cementerios clandestinos creados por las bandas del crimen organizado. La ropa sintética “aguanta” más tiempo sin podrirse bajo suelo y por eso recuerda tanto los tenis y el pantalón deportivo de la mujer.

“El pants no parecía que hubiera estado enterrado, yo creo que si lo lavabas podía servir otra vez porque no estaba roto ni nada”, recuerda mientras levantaba unos pantalones invisibles con las puntas de los dedos. Sin embargo, la ropa de los muertos muchas veces es descartada de las investigaciones como pistas para identificar a las personas.

Mario Vergara revela que, a fin de dificultar la identificación de los cuerpos, algunas veces los sicarios obligan a las víctimas a cambiarse de atuendo antes de ejecutarlos. Por eso busca otros detalles distintivos como marcas en la piel, tatuajes y cicatrices.

“A mí por eso esa chica se me quedó muy marcada, porque usaba brackets de estrella y yo dije: eso, eso nos va a ayudar a identificarla, porque cuánta gente usa brackets, un montón, pero cuántas mujeres jóvenes usan brackets de estrella, muy pocas”, dice en soliloquio, ignorando la grabadora que registra sus palabras.

Pero la chica de los brackets de estrella nunca fue identificada, su osamenta pasó a la custodia de la Procuraduría General de la República (PGR) y los peritos le dijeron a Mario que está adentro de las cámaras frigoríficas de la Unidad de Servicios Periciales en la Ciudad de México. Ahora es una más de las miles de personas con estatus de “No Identificadas” que permanecen en manos del Estado mexicano.

“Yo digo que por falta de difusión por parte del gobierno muchos de nuestros familiares están en fosas comunes, están en los Semefos, están en los refrigeradores de las procuradurías sin que nadie los reclame”, lamenta Mario mientras recuerda a la chica de los brackets de estrella.

Foto: Rodrigo Caballero
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Las fosas clandestinas del gobierno

El 24 de mayo de 2013 ocurrió el secuestro del empresario morelense de 31 años, Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos. La policía estatal encontró su cuerpo en un barranco 10 días después, en el municipio de Ayala, ocho kilómetros al sur de Cuautla en una comunidad conocida como Los Papayos.

Sin embargo su familia no volvió a ver su cuerpo hasta el 9 de diciembre de 2014, es decir, 19 meses después. Había sido enterrado en una fosa clandestina por funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto a 149 personas más, ya que supuestamente no había datos que facilitaran su identificación.

La familia de Oliver se enteró que su hijo fue sacado de las cámaras de refrigeración de la FGE el 28 de marzo de 2014 y enterrado -ese mismo día- en un predio particular a las afueras de Tetelcingo, un poblado al norte de Cuautla que pertenece a este mismo municipio.

La investigación que atrajo la Procuraduría General de la República (PGR), tras una denuncia interpuesta por familiares de Oliver Navarrete, arrojó que se abrieron dos carpetas de investigación, una por homicidio y otra por desaparición forzada, lo que burocratizó los trámites que permitieran la identificación del cuerpo. Muy a pesar de que -un mes después del asesinato- ya había confirmación por ADN de que el cuerpo pertenecía a Wenceslao.

Todavía no queda claro si fue por negligencia o hubo dolo en la desaparición del cuerpo de Oliver, ya que es un proceso judicial abierto en contra de tres funcionarios de la FGE. Los principales involucrados son Liliana Guevara Monroy, subprocuradora de la Zona Oriente de Morelos y Ana Lilia Guerrero Moreira, excoordinadora de Servicios Periciales de la fiscalía, así como el exfiscal morelense, Rodrigo Dorantes Salgado.

Foto: Rodrigo Caballero
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El caso atrajo la atención de varios grupos de la sociedad civil y académicos, entre ellos Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del programa de atención a víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

—¿Son fosas que hizo la misma fiscalía?  -se le pregunta.

—Así es, nosotros sabemos de dos fosas clandestinas en ese predio, además tenemos conocimiento de otra fosa con 68 cuerpos en el poniente del estado, en el municipio de Jojutla, más al menos 100 cuerpos en las cámaras frigoríficas de Semefos.

—¿Por qué mencionas fosa clandestina y no fosa común?

—Porque el predio es un predio particular, que funge como un panteón que no tiene permiso, entonces es clandestino, además de que ese predio tiene un límite pero no tiene ni barda, cualquier persona puede llegar y enterrar un cuerpo ahí. No tiene un resguardo, es una fosa clandestina de la propia fiscalía.

—Es decir que no había una regulación de la Fiscalía de Morelos.

—No, ni siquiera se sabía que existía, ellos no querían decir que existía. De hecho hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos donde le dice a la fiscalía que tiene que informar cuántos cuerpos y cuántos panteones como ese tienen a su resguardo y no la han contestado.

En total, Roberto Villanueva y el personal de atención a víctimas de la UAEM, llevan un registro de al menos 300 cuerpos que están en manos de la Fiscalía de Morelos, mismos que podrían ser cualquiera de los 25 mil casos de desaparición forzada que hay en México, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Todo esto ocurrió en un estado que no llega ni a las 20 entidades federativas con mayor número de habitantes, según cifras de la Comisión Nacional de Población (Conapo). “Somos un estado pequeño y tenemos 300 cuerpos sin identificar o con mala integración de carpetas, imagínate cuántos cuerpos hay en Veracruz, Guerrero o el Estado de México”, recapitula el investigador.

Ahora, Roberto Villanueva y un equipo integrado por académicos de la UAEM, impulsaron la apertura de las fosas de Tetelcingo para hacer las identificaciones de los cuerpos ellos mismos, se trata de una iniciativa del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien abrió las puertas de la universidad para apoyar a las víctimas de desaparición forzada.

Todo el esfuerzo, al igual que la localización de fosas clandestinas, es impulsado por la sociedad civil, ya que las autoridades son las que causan esta problemática. “Cuando nos enteramos que la fiscalía quería reabrir las fosas dijimos ‘no’ no puedes ser juez y parte, lo vamos a hacer nosotros”, asegura Roberto Villanueva.

Foto: Rodrigo Caballero
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Entre las labores de la universidad está la creación de una base de datos de perfiles genéticos, mismos que permitirán identificar a los familiares de desaparecidos no sólo en Morelos sino en todo México. Esta base –que actualmente cuenta con 62 expedientes de familiares- será integrada al Proyecto Fénix, una iniciativa similar pero a nivel internacional, liderada por la Universidad de Granada en España.

La familia de Wenceslao fue la que inició el proceso e invitó a la Universidad de Morelos para contribuir en las investigaciones, su madre dice que “era tan bueno, que se quedó hasta abajo para cargarlos a todos, yo cuando estaba ahí viendo a mi hijo, escuché la voz de Oliver que me decía ‘mamá, ellos también tienen familia, búscalos’”.

Los muertos que buscan vivos

Tres días después de que la señora Silvia Ortiz, integrante del Grupo Vida de Coahuila, entró al Servicio Médico Forense (Semefo) a tomar fotos de los cuerpos que tenían en las cámaras frigoríficas, los familiares de la mujer rubia reconocieron a su hijo. “Era un chico al que le gustaba vestirse de mujer y que había desaparecido en 2013”, recuerda Mario Vergara.

La foto de la mujer rubia se distribuyó por grupos de Whatsapp y cuentas de Facebook de familias de víctimas de desaparición forzada en todo el país. Los diversos grupos de búsqueda han encontrado la forma de organizarse a través de centros independientes de Derechos Humanos como el Centro PRODH en la Ciudad de México.

No todos los familiares estaban de acuerdo en entrar a los Semefos y tomar fotografías clandestinas para distribuirlas. “A mí me decían, ‘nos estás lastimando, por qué nos enseñas esas fotos’ pero yo les dijo ‘ese puede ser tu familiar y aunque sea un hueso lo vas a querer’”, reviraba Mario mientras enseñaba las fotografías de fosas clandestinas que conserva en su teléfono.

Foto: Rodrigo Caballero
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El 5 de julio de 2012 en Huitzuco, Guerrero, secuestraron a su hermano Tomás Vergara. La policía sólo encontró su taxi encendido y con las puertas abiertas en Amatitlán, a 150 kilómetros al sur de su casa. Sabe que fue un secuestro porque sus captores pidieron una recompensa de 300 mil pesos, dinero que nunca pagaron por consejo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Después de que su familia levantó la denuncia correspondiente, dos asesores de la SEIDO fueron a Huitzuco para dar seguimiento al caso durante 4 meses. Los agentes convencieron a Mario para que no pagara sin una prueba de que su hermano estaba vivo.

“Carnal, me secuestraron ai’ junta con la banda lo que te pidan”, fue lo último que oyó de su hermano un domingo de noviembre de 2012. En esa llamada le exigieron los 300 mil pesos y prometieron llamar para los detalles de la entrega del rescate pero nunca lo hicieron, incluso Mario pensó que su caso quedaría en el olvido.

No obstante, para finales de 2014 dos cosas cambiaron el panorama, la primera fue la desaparición de los 43 normalistas que permitió que las familias de desaparecidos salieran a las calles, “nos dimos cuenta que no éramos los únicos y que podíamos gritar”, dice Mario Vergara.

Además, la localización de fosas clandestinas en Las Parotas, en el municipio de Iguala, visibilizó la forma en que la delincuencia organizada desaparecía los cuerpos. Esto creó las condiciones para la formación del grupo “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, una brigada ciudadana de búsqueda de fosas en Guerrero.

Para el momento en que apareció la chica de los brackets de estrella, la brigada ya había encontrado 50 cuerpos en fosas ocultas en la serranía de Iguala. Poco a poco los familiares fueron perdiendo el miedo a buscar a sus desaparecidos y decenas se integraron a las brigadas que en menos de dos años ya habían encontrado a más de 100 personas.

Sin embargo, una vez que la Fiscalía General del Estado de Guerrero se hacía cargo de las investigaciones, los familiares topaban con pared. En primera, tenían prohibido tomar y publicar fotos de los cuerpos bajo el argumento que obstruían la justicia, además de que no se les permitía revisar que el trabajo de los forenses fuera correcto.

De hecho, según relata Mario Vergara, las fosas en las que encontraron a la chica de los brackets, ya habían sido intervenidas por los peritos de la fiscalía guerrerense.

—Esa fosa, en la que apareció la chica de los brackets, ¿ustedes la encontraron?

—No, esa era una fosa que ya había revisado la Fiscalía de Guerrero y la habían vuelto a tapar.

—¿Pero ya no iban a intervenir la zona otra vez?

—No, porque según ellos ya habían hecho el trabajo -levanta las palmas de las manos y los hombros al mismo tiempo.

Foto: Rodrigo Caballero
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Por eso además de rastreadores se han convertido en investigadores que se dedican a revisar el trabajo de las fiscalías en estados como Guerrero, Coahuila, Veracruz y Morelos. Según Mario, cuando se dieron cuenta de la mala integración de las carpetas de investigaciones, decidieron empezar a publicar en redes sociales las fotos de los hallazgos.

“Un día dije ‘ni madres’ y publiqué en Facebook ‘si tú tienes un familiar desaparecido que llevaba un pantalón rosita que tenía brackets de estrellitas búscalo en la PGR, ya lo encontramos’… pero hasta ahorita todavía sigue sin ser identificada”.

Ante la falta de acción de las autoridades ministeriales en México, este tipo de conductas se vuelven más comunes entre los familiares de desaparecidos. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2011 eran casi 8 mil 898 los cuerpos en Semefos sin identificar, una estadística que no ha actualizado y se desconoce si va en aumento.

Entre enero de 2006 y abril de 2011, la CNDH reportó que casi 9 mil cuerpos permanecían en poder de las autoridades, mismas que no han hecho nada por identificarlos, según testimonios como los de Mario Vergara y Roberto Villanueva.

Personas como la chica de los brackets de estrella permanecen en las cámaras frigoríficas de los Servicios Médicos Forenses de todo el país y esto en el mejor de los casos, ya que las fosas clandestinas de Tetelcingo demostraron que, no sólo el crimen organizado, también las fiscalías entierran cuerpos sin regulación alguna. 

No obstante, es necesario buscar la forma de que regresen con sus familiares porque, como dice Mario Vergara, “ellos ya están encontrados, suena ilógico, somos los vivos quienes buscan a los muertos o a los desaparecidos pero ahora estamos viendo que los muertos también pueden buscar a su familia”.

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