Lado B
Autoridades intimidan a familiares de desaparecidos en Chihuahua: Amnistía Internacional
Funcionarios presionan para que forenses designados por el gobierno examinen restos; exámenes imposibilitarían futuras pruebas independientes
Por Lado B @ladobemx
18 de abril, 2016
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Amnistía Internacional

@AIMexico

Los familiares de personas desaparecidas en el estado de Chihuahua, norte de México, han sufrido intimidación por parte de funcionarios, que los están presionando para que permitan que expertos forenses designados por el gobierno examinen los restos humanos hallados en la zona. Si se llevan a cabo, estos exámenes imposibilitarán la realización de exámenes independientes posteriores. Las autoridades deben garantizar la seguridad de las víctimas y proteger adecuadamente todas las pruebas forenses y periciales.

Fernando Romo está buscando a ocho familiares que desaparecieron en 2011, tras haber sido detenidos por agentes de la policía local cerca de la ciudad de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. El 25 de marzo se reunió con dos funcionarios del estado en la casa de un familiar. Los funcionarios le pidieron que firmara unos documentos que autorizarían al gobierno a realizar exámenes forenses a los restos humanos hallados en tres lugares cerca de la ciudad de Cuauhtémoc. Estos exámenes serían realizados por expertos forenses designados por el gobierno, pese al acuerdo alcanzado anteriormente entre los familiares y las autoridades respecto al nombramiento de un equipo de expertos acordado por las dos partes. Si el gobierno sigue adelante, las pruebas se extinguirán y las familias no podrán pedir una corroboración adicional.

El 13 de marzo, uno de los familiares de Fernando Romo, Albino Cruz, se reunió de nuevo con una agente del ministerio público para preguntar sobre los progresos en su caso. Cuando insistió en que parecía haber agentes de la policía local implicados en la desaparición de sus familiares, la agente del ministerio público le dijo: “te vamos a parar enfrente de todos los policías para que digas quién fue.

Amnistía Internacional fue informada de estos actos de intimidación y presión indebida sobre los familiares de las víctimas. Estos actos parecen formar parte de una campaña de difamación contra decenas de familias que hacen campaña para que se lleven a cabo búsquedas efectivas e investigaciones inmediatas sobre la desaparición forzada y el secuestro de sus familiares en la ciudad de Cuauhtémoc y sus alrededores en los últimos años.

Un trato de indolencia

La situación de desapariciones y secuestros ha sido especialmente grave en la ciudad de Cuauhtémoc. Según cifras oficiales, allí han desaparecido 374 personas, pero es posible que muchas familias, por miedo, no hayan denunciado sus casos. La ciudad está cerca de peligrosas rutas de narcotráfico que conectan México y Estados Unidos. Amnistía Internacional destacó estos casos en su informe más reciente sobre desapariciones en México, Un trato de indolencia, presentado en el estado de Chihuahua en febrero. El gobierno del estado de Chihuahua rechazó las preocupaciones expuestas por Amnistía Internacional. Poco después, algunos medios de comunicación locales empezaron a difamar a las familias y los defensores y defensoras de los derechos humanos que las acompañan en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Entre 2011 y 2014 se encontraron restos humanos en tres lugares diferentes cerca de la ciudad de Cuauhtémoc. Las víctimas y quienes defienden sus derechos humanos reclaman al gobierno de Chihuahua que cumpla su acuerdo de 2014, según el cual se designaría un equipo de renombrados expertos forenses internacionales para examinar esos restos. El gobierno ha reconocido que no cuenta con equipos internos especializados que lleven a cabo esos exámenes. Sin embargo, en las últimas semanas las autoridades han presionado a familiares de personas desaparecidas para que den su consentimiento a entregar todos los restos humanos a un equipo forense designado por el gobierno con el fin de que se encargue de realizar dichos exámenes. Esto extinguiría las pruebas e impediría que se realizaran exámenes adicionales que los familiares pudieran solicitar a los expertos forenses de su elección.

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