Centro Integral de Servicios.
Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A pesar de la presión mediática y político electoral en torno a los Proyectos de Prestación de Servicios contratados por el gobierno de Rafael Moreno Valle y la deuda que representan para la entidad, el gobierno del estado insiste en no entregar la información sobre el tema.

En respuesta a tres de solicitudes de información, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) lejos de entregar los datos puntuales sobre la contratación y los costos decidió cambiar la modalidad de entrega y obligar al solicitante a una consulta directa de la información.

Una modalidad que han documentado periodistas, activistas por la transparencia y organizaciones por la defensa de la libertad de expresión (Amedi Puebla y Artículo 19) que se usa para impedir el acceso a la información, como sucedió con el reportero Jorge Castillo cuando solicitó se hiciera público los ingresos que recibía Diódoro Carrasco Altamirano, hoy Secretario General de Gobierno, por atender la representación del estado en la Ciudad de México.

Primero cambió la modalidad de entrega de la información, obligando al reportero del diario Intolerancia a acudir a una bodega ubicada en la junta auxiliar Romero Vargas, minutos antes de la cita otorgada la dependencia canceló la reunión negando el acceso a la información.

Otro caso similar se registró en las solicitudes para conocer los contratos que tiene el gobierno de Puebla con la empresa Creatividad y Espectáculos SA de CV, ahí una decena de dependencias cambiaron la modalidad de entrega y nunca atendieron su obligación de dar cita a los solicitantes, cancelando así el derecho de acceso a la información.

Cambio de modalidad, una violación a la ley

Lilia Vélez Iglesias, ex presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), planteó al rendir su último informe de actividades a inicios de marzo de este año, que “es una clara violación al artículo 6° de la Constitución y que hace nugatorio el derecho pues impide que las personas obtengan datos de forma pronta y gratuita. Lo anterior con la silenciosa complicidad del órgano garante, la CAIP”.

Museo Internacional Barroco.
Foto: Marlene Martínez

Al respecto, el portal Con los Ojos Abiertos dio a conocer que el número de recursos de revisión interpuestos ante la Comisión para el Acceso a la Información y Protección de Datos (CAIP) por el cambio en la modalidad de entrega de la información incrementó 557.14% entre 2011 y 2015.

Confirmando con esos datos que el gobierno del estado usa el cambio de modalidad como una herramienta para retrasar o impedir el acceso a la información pública a los ciudadanos.

Al respecto, tanto el nuevo presidente del capítulo Puebla de Amedi, Rafael Hernández García Cano como el presidente de esa organización a nivel nacional, Jorge Negrete Pacheco, reconocieron al cambio de modalidad como una estrategia del gobierno poblano para limitar el acceso a la información.

En su informe “La transparencia, la deuda de Moreno Valle”, la organización Artículo 19 compila las prácticas que se realizan desde las oficinas de gobierno para inhibir “el ejercicio del derecho de acceso a la información como son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo a la calidad de los usuarios, el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada, la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente), la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos y la cooptación del organismo garante”.

Los PPS bajo un velo de opacidad

En días pasados el gobernador del estado aseguró ante la prensa que sólo son tres las obras que se han realizado en este sexenio bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios: el Centro Integral de Servicios, la plataforma Audi y el Museo Internacional Barroco. Y descartó que el costo de dichas obras que será pagado en plazos de más de 20 años, signifique una deuda que algunos estudios estiman que supere los 60 mil millones de pesos.

Pero, cuando se le pidió a la SFA que informara “cuántas y cuáles son las obras realizadas bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios” y que “desglosara por obra, número de contrato, empresa contratada, tiempo de duración y monto total de la obra” (folio 67916), su respuesta fue cambiar la modalidad de respuesta sin justificación alguna.

Y la misma respuesta ofreció cuando se le pidió hiciera público el registro de afectaciones producto de los Proyectos de Prestación de Servicios (folio 60816), un registro que permite verificar los pagos realizados hasta el momento.

Una respuesta idéntica a la que ofreció cuando se le solicitó que “informe cuáles son los proyectos de inversión sobre los que esta dependencia a emitido dictamen, pido también se me informe el monto de cada uno de ellos, lo anterior del año 2011 al 2015.” (folio 479215)

En los tres casos la respuesta fue el cambio de modalidad sin justificación legal alguna.

Los PPS la deuda oculta

El debate sobre los PPS y las obras que el gobierno de Moreno Valle ha financiado a través de este esquema de participación de la iniciativa privada no sólo ha provocado confrontación entre diputados panistas y priístas en la Cámara de Diputados al calor de la contienda electoral.

[quote_box_left]Cuando se le pidió a la SFA que informara “cuántas y cuáles son las obras realizadas bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios” y que “desglosara por obra, número de contrato, empresa contratada, tiempo de duración y monto total de la obra” (folio 67916), su respuesta fue cambiar la modalidad de respuesta sin justificación alguna.[/quote_box_left]

También ha provocado una lluvia de amparos de empresarios y académicos en contra de la decisión gubernamental de entregar los ingresos por concepto de Impuesto Sobre la Nómina (ISN) a un fideicomiso que es administrado por la empresa Evecore, que encabeza Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para asegurar los pagos a las empresas que tienen a cargo los PPS.

Una decisión que a decir de Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, es inconstitucional.