Foto: Ibero Prensa

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

“En mi trabajo me dicen mucho que el problema es de voluntad política, yo no creo en la voluntad política, yo creo en las sociedades exigentes, y cuando hay una sociedad que exige la voluntad política aparece mágicamente”, y eso, palabras de Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, es lo que rectores de las principales universidades privadas y cúpulas empresariales esperan lograr al promover la ley 3de3.

Una ley que, explicó el especialista en políticas públicas y transparencia, va más allá de las 3 declaraciones de interés –patrimonial, de intereses y fiscal— que las organizaciones de las sociedad civil comenzaron a exigir a candidatos y funcionarios públicos desde las pasadas elecciones federales.

Es una propuesta que busca convertirse en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo del 2016.

Y si se logra la meta de recopilar 120 mil firmas de ciudadanos en todo el país será la primera iniciativa ciudadana que llegue a la Cámara de Diputados para su discusión, sin haber pasado por el tamiz de los partidos políticos.

La iniciativa, que fue coordinada por Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudio Espinosa Yglesias y redactada por académicos del ITAM, IMCO y el CIDE principalmente propone, entre otras cosas, lo siguiente:

• La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
• Las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
• Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
• Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.
• Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
• Una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
• Dotación de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables, a través de la creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
• Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
• Una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción, aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.

Una sociedad complaciente

Entrevistado al finalizar el acto protocolario Eduardo Bohórquez reconoció que la sociedad ha sido complaciente y permisiva en la corrupción, pues más allá de las charlas de sobremesa hay pocas acciones reales para exigir cuentas o contribuir al debate público desde la participación social

“Fíjese lo que estamos pidiendo, que 120 mil mexicanas y mexicanos firmen una iniciativa de ley ¿Cuánto tiempo le puede llevar eso a una persona? ¿Un minuto? Estamos hablando de que donen 120 mil minutos, eso sí, les dedicamos horas y horas en la sobremesa para discutir que este país no funciona y que otros países sí, y que tienen cosas que admiramos y reconocemos, no es que haya fallado la sociedad, es que requiere de encontrar vehículos prácticos, sencillos para cambiar las cosas. Ese minuto invertido puede ser un cambio en la ley. Yo creo que eso es de lo que tenemos que hablar ahora, ya no sólo en la sobremesa”.

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Y abundó: “Es mucho más que tres de tres. Lo de tres de tres es el punto de partida de una discusión más amplia que involucra una responsabilidad mayor de los particulares. Yo creo que fue muy importante que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconocieran que el sector privado es la mitad del problema, no sólo el público, por ello se incorpora una responsabilidad penal para las empresas. Una empresa que participe de corrupción puede ser sancionada con la disolución de la empresa o con la extinción de dominio”.

En la presentación de la iniciativa estuvieron presentes los dirigentes universitarios de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font; la Upaep, Emilio Baños Ardavín; la Universidad Anáhuac, Víctor Mata Temoltzin; los líderes de las cúpulas empresariales Fernando Treviño, Consejo Coordinador Empresarial (CCE); José Antonio Quintana, Centro Empresarial de Puebla (Coparmex); e incluso integrantes de organizaciones no gubernamentales como Maricarmen Lanzagorta de Integradora de Participación Ciudadana.