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Audiencia tras audiencia, el Tribunal A de Mayor Riesgo ha escuchado las declaraciones de los testigos, conocido las investigaciones de los peritos y ha tenido a la vista 48 osamentas encontradas en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, entre los municipios de Panzós y El Estor, en el juicio que inició el pasado 1 de febrero.

En la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, las mujeres q’eqchíes han revivido el recuerdo de los meses que pasaron en el destacamento de Sepur Zarco. Los años que guardaron silencio, “un silencio cultural de protección”, como explicó en su peritaje la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj, quien el miércoles 17 de febrero habló de los tejidos sociales que construyeron las mujeres al compartir su dolor de forma colectiva y ayudarse a perder el miedo, contar lo que vivieron y pedir justicia. Los testimonios de las víctimas, que fueron ofrecidos en 2012, y presentados como prueba anticipada ante el juez Miguel Ángel Gálvez, han sido reproducidos y han vuelto a narrar la forma en que los soldados –guiados por comisionados militares–desaparecieron a sus esposos en agosto de 1982. “Viudas” y “solas” las obligaron a trasladarse al destacamento militar de Sepur Zarco, donde, según sus relatos, fueron violadas en repetidas ocasiones durante seis meses y forzadas a cocinar y lavar uniformes militares. A pesar de los intentos del abogado Moisés Galindo, defensor del teniente Reyes, por excluir estos testimonios como parte del debate, el Tribunal decidió que no era posible debido a que “no se puede retrotraer el proceso y las pruebas ya fueron admitidas”, según explicó la jueza Yassmín Barrios.

“Esas diligencias están viciadas, los abogados defensores que oyeron a las mujeres no hicieron ninguna pregunta. Ahora nos tienen amarrados de las manos, solo podemos hacer una defensa técnica”, alegó Galindo.

Cada día se revela una nueva pieza del rompecabezas que construye la acusación. Un testigo protegido de la Fiscalía, presentó su declaración por medio de una video-conferencia. Relató que su reclutamiento dentro del Ejército fue forzado junto a otras 350 personas. El testigo explicó al Tribunal que llegó al destacamento de Sepur Zarco en 1983, como parte de la tropa que relevaría a la del teniente Esteelmer Reyes como responsable del lugar que servía de descanso para los soldados que patrullaban Izabal y Alta Verapaz. “La comunidad estaba asustada por las violaciones y desapariciones”, recordó. El testigo dijo que en Sepur Zarco encontró a dos hombres dentro de una fosa. “Tenían los ojos cerrados y les di de beber agua con una cuchara. Fue feo escuchar cómo les tronó la garganta”, relató.

Cuerpos con torturas

Los testimonios cuentan historias similares, personas que sobrevivieron a torturas, golpes y violaciones en los destacamentos militares alrededor de Sepur Zarco: Chaviland, San Lucas, Pueblo Viejo, Panzós, El Estor, Tinajas, Paraná Las Colinas y Pataxte; además de dos zonas militares: la número 21, Antonio José Irisarri; y la número 6. Ahí muchos de los testigos vieron cómo sus familiares fueron detenidos por soldados del Ejército de Guatemala y ya no supieron nada de ellos. Hasta años después, algunos de los testigos encontraron los restos de sus parientes. Juan Maquín Caal reconoció la camisa de su padre en las exhumaciones realizadas hace cuatro años en las fincas donde se ubicaban los destacamentos. También doña Julia, la madre de Dominga Choc –una de la víctimas de violencia sexual de Sepur Zarco-, encontró las osamentas de su hija y nietas Hermelinda y Anita, a la orilla del río Rojquipur en una exhumación de 2001.

El arqueólogo Óscar Ixpatá indicó que realizaron exhumaciones en la finca Tinajas, donde localizaron 13 fosas. Dentro de éstas encontraron 48 osamentas. Además de los restos humanos, había lazos, vendas, cintas de zapato y material sintético. El experto concluyó que las personas sufrieron torturas y mostró las fisuras de algunos cráneos que recibieron un disparo en la cabeza o golpes fuertes. La defensa del teniente Reyes exigía la cadena de custodia de las osamentas, argumentando que debía estar absolutamente seguro de que cada uno de los vestigios presentados fue encontrado dentro de las instalaciones del destacamento Tinajas. El Tribunal denegó la petición debido a que la cadena de custodia no constituye un medio de prueba.

Listado macabro

Los testigos presentados por la Fiscalía, hablaron de una fecha que tienen grabada: 25 de agosto de 1982. Ese día es la celebración de Santa Rosa de Lima, la fiesta patronal de Panzós, en Alta Verapaz. También fue el día de la captura de 18 hombres, entre ellos, los esposos de las 15 mujeres  que hoy son querellantes adhesivas del proceso. Según declararon tres alcaldes de las comunidades, el Ejército había empezado  las detenciones dos meses antes de esa fecha. Los militares sabían quiénes tramitaban la titulación de propiedades en los comités de tierra. Los comisionados militares tenían la lista de los campesinos que desde 1970 habían empezado a gestionar un título de propiedad en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y detenían a quienes aparecían en ésta.

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