Armando Pliego Ishikawa

@dobbyloca

[dropcap type=»1″]L[/dropcap]as urbes a nivel mundial año con año enfrentan más retos. La gran cantidad de población que ha emigrado del campo a las ciudades, las malas políticas de vivienda para darle un hogar a esa población, y la mala gestión del transporte y del uso de suelo para mantener a esta población vinculada con la vida social, política y económica de su comunidad, así como la supuesta debilidad del Estado para combatir la especulación inmobiliaria, han generado un problema serio en nuestras ciudades: la dependencia al uso del automóvil y la orientación de las políticas de transporte a privilegiar su uso.

El gobierno estatal –al igual que muchos otros en toda la república- se ha empeñado a lo largo de varias administraciones a reforzar la idea de que lo que la ciudadanía necesita son más calles, avenidas, puentes y desniveles. Poco importa que la mayoría de la gente no se mueva en auto, y que de hecho más de un tercio de poblanos caminen en sus traslados diarios. El buen quehacer del gobierno se observa (en sus propios términos) en el concreto hidráulico, los puentes atirantados y en las cifras del aumento del parque vehicular.

Maqueta del distribuidor Cholula

Por otro lado las críticas más comunes a nuestros gobiernos que escucho cuando hablo con taxistas, usuarios de transporte público y conductores particulares van de lo mismo: el tráfico, la corrupción (en las tranzas de los oficiales de tránsito), los retenes y los baches. Tal parece que la vara del automóvil se ha convertido en la unidad de crítica a las autoridades, y a su vez en el termómetro utilizado por los que están al frente de las instituciones para orientar las políticas públicas: “un buen gobierno invierte en el automóvil”, se repiten diariamente.

Tan profundo es el privilegio al auto, que si un grupo cierra una calle para manifestarse ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, el gobierno puede enviar a la policía con resultados fatales, pero si una empresa privada renta un espacio publicitario (dirigido a automovilistas) que estorba la banqueta y obliga al peatón a caminar por el arroyo, el gobierno le premia con contratos millonarios de publicidad.

Tal es el ímpetu de ganar simpatía a través de la promoción del concreto y el hormigón, que la obra emblemática de la corta administración municipal actual encabezada por Tony Gali no será un edificio ni un parque, sino un puente vehicular: el polémico 475, promocionado hasta por nuestro Instituto de la Juventud, y en cuya defensa se ha hecho un despliegue de retórica interminable: el puente no sólo solucionará el tráfico, sino que beneficiará a las empresas privadas y hasta generará crecimiento económico.

El broche de oro de esta administración de poco más de dos años será un puente hecho para el 17% de los poblanos (los que tienen coche), pero que de alguna manera se traduce en beneficio para 1.5 millones de habitantes (incluyendo a más de medio millón que se desplazan a pie diariamente) y que además hará que Puebla tenga más recursos económicos.

Otro beneficio de este abanico de incentivos -y uno de los más peligrosos y menos criticados- es la expedición de licencias. No hace mucho el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transportes junto con el gobernador anunciaron que ahora la licencia para conducir en Puebla sería permanente. “Un documento para toda la vida” rezaba el eslogan con el que empezaron a promocionar este nuevo documento.

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Buenos proyectos, buenas ideas e incluso políticas eficientes que son echadas abajo porque ni nuestros gobernantes ni nosotros como electores hemos podido bajar del auto ni en pensamiento.

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En nuestro estado no sólo tenemos la “ventaja” de que únicamente tenemos que hacer un examen de opción múltiple en una computadora y pagar nuestra cuota respectiva para obtener la acreditación del gobierno estatal como conductores aptos, pues además, de ahora en adelante podremos tramitar dicha acreditación una sola vez y jamás tendremos que demostrar pericia de nuevo.

Si consideramos que las campañas de los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad vial están principalmente basadas en el supuesto –erróneo- de que la gran mayoría de siniestros son causados por falta de pericia o errores de los conductores, surge la inquietud: ¿Por qué se permite que sigan conduciendo personas que no saben hacerlo? ¿Por qué están poniendo a todas estas personas inexperimentadas tras el volante?

Evidentemente esta forma de gobernar ha causado efectos negativos, pues al promover al automóvil como principal medio de transporte, las externalidades de su uso aparecen: inseguridad vial (más de 17 mil muertos al año en el país por siniestros viales), contaminación (más de 14 mil muertos al año por malas condiciones de aire), la pérdida de espacios públicos para cederle lugar al auto, la degradación de la calidad de vida en zonas habitacionales alrededor de vías rápidas, el desperdicio de recursos en el fallido combate al tráfico a través de más carriles –que al ofertar más espacio para autos inducen demanda y generan más tráfico- y un largo etcétera.

Estas externalidades son a su vez combatidas por las mismas autoridades a través de distintas medidas como el uso de dispositivos electrónicos para el control de velocidad (fotomultas) o impuestos progresivos que recaudan más de quien más tiene (y quien más le cuesta a la sociedad, dicho sea de paso) tal como la tenencia o impuestos por emisiones de carbono. La convivencia en el espacio público se busca recuperar y regenerar con proyectos como las vías recreativas, y el tráfico y las emisiones se pueden gestionar y reducir con la implementación de sistemas de BRT.

Lamentablemente la corrupción y el asalto de la demagogia ponen en riesgo estas medidas que han funcionado para hacer frente a las problemáticas de las ciudades con desarrollo centrado en el auto. Si el partido que gobierna actualmente tiene cierta agenda con políticas de movilidad positivas, pero mal socializadas con la población, el partido de oposición alimenta la crítica insensata a cambio de unos votos en la siguiente elección. Si el actual gobierno tiene contratos dudosos con una empresa privada para el servicio de fotomultas, se critica a la fotomulta y no al contrato o la falta de transparencia.

Lo podemos percibir actualmente en el debate público: verificación, hoy no circula, fotomultas, reglamentos de tránsito, el metrobús, parquímetros, tenencia, etc… Buenos proyectos, buenas ideas e incluso políticas eficientes que son echadas abajo porque ni nuestros gobernantes ni nosotros como electores hemos podido bajar del auto ni en pensamiento.