Ernesto Aroche

@earoche

A casi cinco años de gobierno, Rafael Moreno Valle tiene un saldo negativo en materia de seguridad pública. Los índices delictivos han crecido, especialmente en delitos de alto impacto y en la violencia con que se comenten, respecto de los datos que se tenían en 2010 (el año previo al inicio de su sexenio).

La curva delictiva en delitos como homicidio, violación y robo de vehículos con violencia muestra un importante repunte al cierre de este año, el penúltimo del gobierno morenovallista.

Lejos están las metas que Moreno Valle propuso como plataforma de campaña, cuando habló del respeto a los derechos humanos, de la reducción en los tiempos de respuesta por parte de las fuerzas de seguridad pública o de la creación de un Instituto de Estudios Criminológicos para la prevención del delito y de una Agencia Estatal de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad. Nada de eso se ha cumplido.

En su administración no sólo se ha incrementado la delincuencia, sino que incluso la ciudadanía se ha visto obligada a desembolsar cantidades mayores de dinero para proteger su patrimonio.

Mientras en 2011, durante el arranque del sexenio, la ciudadanía gastó 1 mil 933 millones de pesos en proteger su patrimonio, para el 2014 –el último año reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad (Envipe 2015)- la cifra se incrementó a 2 mil 341 millones de pesos, representando un aumento del 21 por ciento en el periodo.

En el costo total del delito, que incluye pérdidas directas, gastos en protección y gastos por daños a la salud, el incremento entre 2010 –el último año del sexenio pasado- y 2014 fue del 63 por ciento, al pasar de un total de 5 mil 95 millones a 8 mil 314 millones de pesos, según estimaciones del INEGI.

Incidencia delictiva al alza

De acuerdo con estimaciones del INEGI en el cierre del gobierno anterior (2010) se cometieron 874 mil 248 delitos. Para 2014 la cifra creció 47 por ciento, al registrarse un total de 1 millón 248 mil. Esto significa que en el último año se cometieron 2.4 delitos por minuto, 147 por hora y 3 mil 541 por día.

Se trata de números aproximados a los que el organismo encargado de las estadísticas nacionales llega a través de la Envipe.

Tomando esas cifras como primer parámetro y al compararlas con el número de averiguaciones previas que el estado reportó ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), es claro que la tasa de presuntos delincuentes que son denunciados ante la autoridad no llega ni al 9 por ciento.

2013 fue el año en el que el robo con violencia se disparó hasta duplicar su incidencia en el estado con respecto a los datos del 2010. Las denuncias presentadas ante el ministerio público llegaron a 13 mil 629 casos, la cifra más alta en los últimos dos sexenios, de acuerdo con información del SNSP.

Y aunque en 2014 se logró un descenso importante al registrar 9 mil 876 casos –equivalente a una reducción del 27 por ciento en el número de denuncias– se mantiene todavía arriba de las cifras con las que cerró el sexenio pasado.

Para octubre de este año la cifra ya llegó a 7 mil 341, faltando por computar los últimos dos meses, por lo que la tendencia hacer prever que cerrará con una cifra similar a la del 2014.

El homicidio repunta

El homicidio doloso es otro de los delitos de alto impacto que ha tenido crecimiento importante en este sexenio.

Tuvo su punto más alto en 2011, justo en el inicio de la administración de Moreno Valle, cuando la PGR reportó 619 averiguaciones previas por el delito. Pese a que ha tenido una curva decreciente hasta llegar a 338 casos para el 2014, en este año la incidencia delictiva en el delito apunta al alza pues al corte de octubre se tienen contabilizados 411 casos, superando no sólo la cifra del año pasado sino también la de 2013. Además, una proyección basada en los datos de los meses previos apunta a que podría cerrar la cifra arriba de 500 denuncias.

La misma tendencia se observa en los delitos de violación y robo de vehículos con violencia según datos del SNSP.

Derechos humanos y los secretarios

Un elemento que no se puede pasar por alto es que en la selección de secretarios de Seguridad Pública de la administración de Moreno Valle hay un perfil que se ha privilegiado: el de policías de mano dura contra la oposición política.

Ardelio Vargas Fosado, el priísta con el que arrancó el sexenio, llegó a la secretaría cargando a sus espaldas la responsabilidad por el violento desalojo en San Salvador Atenco en 2006. En el operativo que encabezó se cometieron graves violaciones de derechos humanos y se saldó con 207 personas detenidas, dos civiles muertos, decenas de manifestantes y policías heridos, y varios miembros de los cuerpos de seguridad tomados como rehenes.

La CNDH documentó que varios de los detenidos sufrieron torturas, malos tratos a manos de la policía y 47 mujeres denunciaron agresiones sexuales y violación.

En su paso por la policía del estado fueron comunes las denuncias por detenciones arbitrarias y la violación de los derechos humanos en el desalojo de manifestantes. En ese lapso sumó al menos dos recomendaciones por parte de la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla (CEDH).

Tras la salida de Vargas Fosado de la administración estatal llegó Facundo Rosas Rosas, otro policía sobre quien ya pesaba una recomendación de la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos, pues se le responsabilizó del operativo de desalojo de estudiantes normalistas en Guerrero en diciembre de 2011 en la autopista del Sol, en el que murieron dos jóvenes y un trabajador de una gasolinera.

Foto: Marlene Martínez

La labor represiva de Rosas Rosas se repitió en julio de 2014, cuando comandó la operación de desalojo en contra de pobladores de las juntas auxiliares que protestaban por el retiro de la facultad del registro civil a sus comunidades.

El violento desalojo dejó como saldo nueve personas heridas y un menor de 13 años asesinado por una lata de gas que le golpeó directamente en el cráneo y le arrancó la vida.

Sin embargo, se dice que la salida de Rosas Rosas no fue producto de su violencia contra la población y los opositores, sino por  la sospecha de su vinculación con grupos de la delincuencia organizada vinculada al robo de hidrocarburos.

Jesús Rodríguez Almeida fue el sustituto y tercer secretario de Seguridad Pública del estado. Procurador de Justicia primero y después Secretario de Seguridad Pública en el DF, Rodríguez Almeida dejó el cargo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en medio de severos cuestionamientos de organizaciones sociales por la actuación de la Policía capitalina en actos de represión contra manifestantes.

El ex funcionario fue señalado por recurrir al uso desmedido de la fuerza en la detención de participantes a marchas de protesta por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.