En el evento oficial agentes del gobierno de Veracruz intentaron impedir la protesta. Foto: Colectivo Voz Alterna

Colectivo Voz Alterna

Xalapa, Veracruz.– La “alerta institucional” para proteger la integridad física de periodistas y sus familias, garantías para ejercer su trabajo, la libertad de expresión, la reapertura de las investigaciones ministeriales de los 15 crímenes para enfocar su actividad profesional, la contratación de un seguro de vida y la garantía de sus prestaciones económicas son parte de la negociación que 14 periodistas veracruzanos demandaron al Gobierno Federal a través de Secretaría de Gobernación, pues ni el Gobierno del Estado ni su ineficaz Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas han logrado hacer acciones efectivas para resolver la impunidad con que políticos y crimen organizado atentan contra los comunicadores.

En la reunión que se sostuvo el 10 de septiembre, que se llevó a cabo en la Subsecretaría de Gobernación, estuvieron presentes representantes de la oficina del alto comisionado de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Artículo 19, el fiscal Especial en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Nájera Herrera, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y la coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Sara Irene Herrerías Guerra, y 14 periodistas del estado de Veracruz, allí se solicitó que la federación emitiera una alerta institucional de protección a periodistas.

Ante ello, el subsecretario de Derechos Humanos aceptó la solicitud de los periodistas ya que ante los crímenes y el ambiente de hostigamiento que viven los periodistas de la entidad veracruzana es urgente que los gobiernos tomen medidas para proteger la integridad de los comunicadores.

Entre las organizaciones e instituciones asistentes acordaron integrar la información del contexto que existe en Veracruz y los periodistas enviamos los puntos que consideramos importantes que se debían atender con esta alerta.

El pasado 7 de octubre, acudieron a la ciudad de Xalapa integrantes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre ellas, la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo, Irene Herrerías, acompañada de Patricia Colchero, encargada del área de Agravio a Periodistas, y los integrantes del consejo Consultivo Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Michael Chamberlain, director de Iniciativas para la Identidad y la Inclusión.

En la reunión con los 14 periodistas, la coordinación del Mecanismo ya había variado el tema de alerta a “Plan de Contingencia para la Atención y Protección a Periodistas, que está integrado de las aportaciones de datos de Articulo 19, ONU, CNDH y Periodistas de a Pie”.

En esa reunión, se hizo saber que iban adelante los puntos propuestos por los periodistas, que integraban una alerta en donde se obligaría al gobierno estatal y a las instituciones locales y federales a proteger a los periodistas de los diversos municipios de la entidad.

Para lo cual los periodistas propusieron que se retomaran los siguientes puntos:

*Que no haya impunidad y que sea la Fiscalía Especializada en Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión quien atraiga los casos, las investigaciones ministeriales que ha realizado la Fiscalía General del Estado de Veracruz sobre los homicidios de periodistas, por sistema ha abandonado como línea de investigación el trabajo profesional –como es el caso de Regina Martínez- y concluyen muchas de estas investigaciones que son por cuestiones personales, pasionales o por robo. Por ello, pedimos de acuerdo al artículo 73, fracción XXI, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga las facultades a las autoridades federales, para que la Procuraduría General de la República atraiga e investigue los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas personas o instalaciones que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o la libertades de expresión imprenta.

*Se dé acompañamiento y seguimiento jurídico a las denuncias que los comunicadores han interpuesto por delitos cometidos en su contra.

*Se transparente la publicidad oficial que el gobierno estatal contrata a las empresas radiofónicas, televisoras y medios impresos, porque son recursos públicos y se debe otorgar no solo para promocionar acciones de gobierno, sino también educar en una cultura de la legalidad a la población, lo que no implica coartar la libertad de expresión como lo han venido haciendo los últimos dos gobiernos veracruzanos.

Conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial […] con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.” En este contexto, las presiones directas o indirectas para silenciar o influenciar el trabajo informativo.

Además se consideró que el presidente Enrique Peña Nieto al asumir su mandato se comprometió a democratizar los medios de comunicación, transparentar el gasto público en publicidad, brindar protección y garantizar la libertad de expresión en México.

* Se promueva una reforma a la ley, para que la Comisión Estatal de Atención a Protección a Periodistas (CEAP) sea reestructurada y verdaderamente autónoma, en la que el secretario ejecutivo no sea el director de facto, reduzca sus funciones y no tome en cuenta a los comisionados para otorgar medidas de protección y la administración del mismo ente.

Solo así los periodistas en riesgo estarán atendidos por esta instancia, porque hoy no hay credibilidad en esta instancia, en la medida que lejos de buscar medidas de protección, lo que busca es la negociación del delito, organiza concursos cuyo premio es enviar a España al ganador, también se conoce que ayuda para el café de periodistas y promueve talleres –cuando la capacitación profesional del periodista es necesaria pero que corresponde a las empresas periodísticas otorgarla, y otras actividades que no son la función central del organismo,

*En tanto no se reestructure la CEAP, se debe integrar un grupo monitor de alertas de riesgo de periodistas de los diversos municipios de la entidad veracruzana, quien se encargue de dar aviso a las autoridades y gestione ante ellas para que se tomen las medidas cautelares necesarias para proteger la vida de los comunicadores.

Que atienda la situación de riesgo de los periodistas veracruzanos y que emita recomendaciones a los funcionarios que continuamente con declaraciones públicas amenazan a los periodistas

*Se supervise desde la Secretaría del Trabajo a medios de comunicación para que cumplan con las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, debido a que los periodistas veracruzanos laboran sin prestaciones de seguridad social, con salarios bajos, algunos sin descansos, lo que en ocasiones esto genera corrupción.

Sin embargo, aunque aceptaron todos estos puntos, que fueron analizados en una reunión, el pasado 23 de octubre, el mecanismo entregó un documento en donde ya no se trataba tampoco de “Plan de Contingencia”, sino ya que era “un programa de acciones” y en donde no se encontraban los puntos solicitados y este sería firmado bajo un convenio el pasado 24 de noviembre.

Al inconformarnos, se detuvo esta firma y se volvieron a hacer modificaciones, se logra que se denomine “alerta” y en donde se expone la situación de Veracruz: 15 periodistas asesinados y solo dos puntos son los rescatables: la revisión de casos y la supervisión de las condiciones laborales de los periodistas.

Hay pendientes, hay aspectos de la protección que quedaron al aire, pero que seguiremos exigiendo.

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Farsa y simulación, Convenio de Duarte con Mecanismo Federal de Protección a Periodistas”: Comunicadores (plumaslibres.com.mx)