Lado B
En peligro más de lo que suponemos
Este viernes recordaba una fotografía que evidencia cómo las falacias de la protección federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se sintetizan en una imagen que dice más que mil palabras
Por Lado B @ladobemx
29 de noviembre, 2015
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Jade Ramírez Cuevas V.

@jadercv

[dropcap]E[/dropcap]ste viernes recordaba una fotografía que evidencia cómo las falacias de la protección federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se sintetizan en una imagen que dice más que mil palabras:

FOTO 1 Segob usa software pirata

Durante la celebración de la Junta de Gobierno de noviembre 2014, el máximo órgano en la toma de decisiones entorno a la vida e integridad física de quienes acuden al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, apareció en lo que se proyectaba en gigante en el salón Revolución de Bucareli, el mensaje que Windows que te advierte cuando detecta un software pirata. Ese indicador nos sirve para medir los niveles de seguridad y confiabilidad que usan los funcionarios de Gobernación para la protección de datos personales, documentos delicados, archivos y expedientes entorno a los riesgos que presenta un defensor o un periodista.

De esa anécdota de hace un año, coincidentemente el mismo viernes, me termino enterando por error de Sara Irene Herrerías la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección, incrustado en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que las malas prácticas o las prácticas poco seguras continúan como directriz para garantizar la vida e integridad física de los más de 400 casos incorporados a la protección federal.

Sucede que pese a los incontables artículos relacionados a la vulnerabilidad del servicio de mensajería whatsapp, así como los cursos especializados en seguridad digital que se han impartido en México dentro y fuera del gobierno, entre las organizaciones civiles y sectores de periodistas como defensores de la libertad de expresión, los titulares del Mecanismo determinan que el mejor canal de comunicación alrededor de un proyecto tan delicado como específico, la Alerta Temprana para los Periodistas de Veracruz, es hacer un grupo de whatsapp entre los integrantes de la Junta de Gobierno y el de los funcionarios, incluidos los que no tienen voz y voto.

AlertaTemprana_Veracruz

Este viernes 27 de noviembre alrededor de las 11 de la mañana Sara Irene Herrerías Coordinadora Ejecutiva del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, añadió contactos a su grupo de whatsApp “Alerta Temprana Veracruz” creado el 24 de octubre. Uno a uno se fueron saludando y compartiendo el teléfono de otros que hacían falta.

¿Cuál es la errada práctica que vuelve a poner en riesgo a los posibles beneficiarios de la Alerta Temprana en Veracruz firmada el 2 de noviembre, y ya ridiculizada con la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública en Boca del Río y Xalapa que golpearon a periodistas el 21 de noviembre?

El descuido y el mal manejo de temas delicados y sensibles al elegir una plataforma altamente vulnerable para compartir reportes o informes entorno a la seguridad y riesgo de los periodistas veracruzanos. Sin embargo, este acto no es privativo de la Alerta Temprana que no resultó una alerta de llamada de atención para Javier Duarte de Ochoa gobernador de Veracruz y todo su gabinete por los más de 10 periodistas asesinados durante su sexenio, no, aquel teatro al que asistieron dos representantes del Consejo Consultivo para dar fe, resultó una muestra de preocupación del gobierno federal y nada más. Se cuidó la diplomacia y como ya lo constatamos en las notas de prensa y las denuncias públicas: la alerta temprana a Javier Duarte y su gabinete, le valió toletazos a caballo.

De los grandes retos que ha enfrentado y sigue enfrentando el Mecanismo de Protección, como lo podemos comprobar a través de la foto de pantalla, no es el presupuesto millonario, no es el tipo de medidas de seguridad, no es si sirven o no sirven, no es la cantidad de casos incorporados y la cantidad de casos sin atención: es básicamente, que la política de tratamiento de todos los temas, asuntos y casos sobre los riesgos, es inadecuado, descuidado, al aventón, con errores de dedo, equivocación de nombres, de suprimir narrativas de hechos sustanciales para entender y analizar el riesgo de las personas u omisiones de los nombres de los políticos y funcionarios agresores.

Se trata de la no pulcritud con que desde los funcionarios de primer nivel hasta los operativos, realizan los procedimientos, hacen las llamadas telefónicas, dejan recados en contestadoras y no cuelgan permitiendo escuchar todo el cotilleo y burlas sobre la personas peticionaria de protección, envían correos electrónicos sin encriptar, agendan citas para encuentros en zonas de riesgo y comentan sin menoscabo entre beneficiarios los casos de otros.

¿Cómo resguardan los archivos y los expedientes? ¿Cómo envían las contraseñas de los casos? ¿Por cuántas manos pasan los expedientes? ¿Quiénes pueden tener acceso a domicilio particulares que los beneficiarios deciden no revelar por temor?

Lo más preocupante es que los representantes de la sociedad civil, los consejeros ciudadanos en el Mecanismo, personajes que se jactan de tener amplísima experiencia en la defensa de derechos humanos y velar por la vida de sus compañeros de lucha así como interés en los periodistas, aceptan el uso de una aplicación que saben es vulnerable –whatsapp- para intercambiar información altamente delicada sobre el filo de la navaja en la que se ejerce el periodismo y la libertad de expresión en Veracruz.

A todo esto, ¿cómo me enteré del grupo de whatsapp Alerta Temprana Veracruz?

Como se visualiza en la foto la administradora del grupo me integró, luego me sacó, me volvió a integrar y me volvió a sacar del grupo. Renuncié al Consejo Consultivo y dejé de participar en la Junta de Gobierno el 5 de agosto de 2015 y pese a mi renuncia, me siguen teniendo en la mente y me siguen llegando mensajes de texto con las contraseñas para acceder a los expedientes Word de los casos de defensores y periodistas incorporados a la “protección” del gobierno federal.

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