Foto: Karen de la Torre

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El arqueólogo Reynaldo Lemus Nieto interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), recibida el 12 de octubre, contra el presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, por la destrucción recurrente del registro arqueológico de la zona protegida de la Pirámide de Cholula.

En la demanda, que incluye también casos de destrucción del patrimonio arqueológico en otras entidades como Morelos, el arqueólogo acusó también a la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de participar en actos que lesionan el patrimonio en vez de protegerlo. En su opinión, dicha conducta anómala se ha convertido en un problema nacional de afectación de infraestructura y destrucción del patrimonio nacional. Lo que pasa en Cholula, de acuerdo con el arqueólogo, se está haciendo de manera intencional y con la complicidad de los gobiernos tanto estatal como municipal.

Paisano tiene una propiedad dentro del polígono 1 de la zona federal protegida de la Pirámide, en la calle 3 Norte 1009. Pese a que la ley prohíbe que se hagan construcciones nuevas o modificaciones dentro del primer polígono, el edil ha seguido modificando el inmueble, contraviniendo el decreto de 1993. 

Lemus, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) dice en el documento que Paisano ha sido el principal promotor de las obras de remodelación en el polígono 1, lo cual viola “la normativa nacional desde su posición de servidor público”. Además asegura que el edil no ha cumplido la obligación de hacer respetar las leyes, y que abusa del poder que tiene al reprimir a los ciudadanos que se han organizado en defensa del territorio y patrimonio cultural y religioso.

Foto: Emilio Coca

La denuncia de hechos va también en contra del INAH, argumentando que la institución tampoco ha cumplido el papel de “haber velado por los intereses afectados”. Según Lemus Nieto, en la problemática de Cholula se creó un conflicto de intereses a causa del actuar del INAH, por lo que no se le debería seguir tomando parte en el asunto.

El arqueólogo argumenta que la Dirección General del INAH ha sido señalada por la ciudadanía de no proteger la zona e infligir las leyes vigentes dándole prioridad a las actividades mercantiles. En la denuncia, Lemus pide que sea la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien tome el papel del INAH, en su calidad de poder regir el patrimonio nacional.

Lo que está ocurriendo en la ciudad viva más antigua del continente americano incumple, según el especialista, con la Ley General de Bienes Inmuebles, pues mercantilizando la zona arqueológica se están apropiando de un bien nacional, violando los artículos 4o y 6o de dicha ley. Además en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas se establece que los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, son propiedad de la Nación. Tomando en cuenta las leyes vigentes, lo que está ocurriendo con el proyecto del parque intermunicipal viola la legislación de bienes inmuebles, privatizando los bienes nacionales.

El documento establece también que es necesario que se tomen medidas precautorias en Cholula, y que se suspendan las obras. El arqueólogo apunta que en la mencionada ley sólo se permite que se autoricen actividades cívicas y culturales en el área, “siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural.”

Al buscar al presidente municipal Leoncio Paisano para que diera su postura acerca de la demanda, no se le pudo localizar. La persona encargada en la Presidencia argumentó que tenía la agenda muy llena, y finalmente el enlace de comunicación social dijo que sería hasta este miércoles (4 de noviembre) la entrevista con el alcalde.

Siguen los conflictos

A la vez que el destino de la zona arqueológica sigue siendo incierto pues el proyecto del Parque Intermunicipal todavía no se hace público y las autoridades siguen construyendo a paso lento, sin decir nada, los activistas en defensa del patrimonio continúan siendo acosados por las autoridades.

Foto: Marlene Martínez

El pasado viernes 30 de octubre los integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna instalaron una ofrenda en memoria de los cholultecas fallecidos que han participado en la defensa del patrimonio. El memorial se puso a partir de las diez de la mañana, frente a la Parroquia de San Andrés, para lo cual previamente habían enviado un oficio al ayuntamiento informando del evento. Sin embargo, alrededor de las cuatro de la tarde dos personas que dijeron trabajar en el gobierno del Estado pidieron a los pobladores quitar la ofrenda, diciendo que el Fiscal Mayor, autoridad religiosa del municipio, los estaba acusando de alteración del orden público, pero el Fiscal dijo que había dado permiso y en ningún momento pidió se retirara la ofrenda.

Finalmente las autoridades amenazaron a los ciudadanos diciéndoles que quitaran la ofrenda, cerca de las ocho y media de la noche, diciéndoles que si no lo hacían se atenían a las consecuencias. El Movimiento Cholula Viva y Digna también denunció que varias unidades de taxis estaban rondando cerca y estacionados junto a la ofrenda, con policías dentro.

Acá la demanda que recibió la PGR

Denuncia PGR