El parlamento de Cataluña aprobó este lunes una resolución sin precedentes declarando el lanzamiento de un proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017. Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy anunció que impugnará de inmediato la resolución ante el Tribunal Constitucional

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AFP | El Faro

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El parlamento de Cataluña aprobó este lunes una resolución sin precedentes declarando el lanzamiento de un proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017.

Con mayoría absoluta, los dos grupos independentistas de la cámara aprobaron con 72 votos a favor y 63 en contra una resolución donde declaran el inicio del proceso de creación del estado catalán que «no se supeditará a las decisiones del Estado español».

Una vez terminada la votación, los independentistas se pusieron en pie para un largo aplauso mientras los diputados del Partido Popular que gobierna en España se alzaron mostrando banderas de Cataluña y de España.

«Damos inicio a un nuevo Estado (…) Esto ya no tiene freno», aseguró durante el debate parlamentario el diputado Raül Romeva, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí del presidente en funciones Artur Mas.

Tras las elecciones regionales del 27 de septiembre obtuvieron 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar esta resolución fuertemente discutida por la oposición.

«Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años», aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. «Esto tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes», añadió.

[quote_right]La resolución, aprobada con 72 votos favorables sobre 135 diputados del parlamento regional, no tendrá efectos directos pero presenta el plan secesionista: iniciar «el proceso de creación del Estado catalán»[/quote_right]

De hecho, a pesar de la mayoría parlamentaria, los independentistas solo obtuvieron un 48% de los votos emitidos en las últimas elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la negativa del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum.

Los socialistas lo calificaron como «un auténtico disparate» que dificulta todavía más el diálogo con las instituciones españolas, mientras que el Partido Popular en la región les advirtió que «están poniendo en riesgo» el autogobierno de la región, con amplias competencias en materias como educación, sanidad o educación.

Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy anunció que impugnará de inmediato la resolución ante el Tribunal Constitucional. Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría su suspensión automática.

Sin embargo, la propia resolución advierte de que el parlamento regional no se supeditará a las decisiones de este Tribunal. En esta situación, el gobierno español advirtió de la posible inhabilitación de cargos públicos o, incluso, evoca la suspensión

La respuesta de Madrid fue inmediata. En una hora, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto esta misma semana.

«Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus efectos», aseguró Rajoy, que el 20 de diciembre se juega una nueva legislatura en el poder en unas elecciones legislativas donde la cuestión catalana se anticipa fundamental.

Por ello, el jefe de gobierno buscó el apoyo de los grandes partidos españoles que, en su gran mayoría, le dieron su beneplácito a presentar este recurso para frenar las aspiraciones independentistas.

La resolución, aprobada con 72 votos favorables sobre 135 diputados del parlamento regional, no tendrá efectos directos pero presenta el plan secesionista: iniciar «el proceso de creación del Estado catalán» que «no se supeditará a las decisiones del Estado español».

«Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo», aseguró el presidente en funciones Artur Mas, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí.

«El desafío más grande»

La resolución aprobada este lunes 9 de noviembre incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda pública y a redactar la legislación para crear una administración tributaria independiente.

«Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años», aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. «Tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes», añadió.

Los independentistas solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en esta región mediterránea.

Esta negativa llevó al gobierno de Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.

[quote_left]El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española[/quote_left]

En la resolución aprobada este lunes, los independentistas advierten que durante este proceso, que quieren culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana, tampoco se supeditarán a sus sentencias.

«Casi un 50% de votos a favor de la independencia supone una enmienda a la totalidad de la Constitución Española de 1978 y del Tribunal Constitucional», aseguró Mas.

En riesgo la autonomía

Desde Madrid, Rajoy se mostró «decidido a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia».

Para ello aprobaron recientemente una reforma del alto tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y su gobierno plantea una posible suspensión de la autonomía catalana.

«Tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo», advirtió el líder catalán de su formación, Xavier García Albiol.

Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando este tribunal recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.

El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.

Tras años reclamando un referéndum optaron por avanzar unilateralmente en un proceso que, sin embargo, podría derrumbarse por las diferencias ideológicas en el seno independentista.

Seis semanas después de los comicios, la región sigue sin gobierno por el rechazo de la CUP a apoyar como presidente al liberal Artur Mas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, deberán convocarse unas nuevas elecciones y la secesión podría quedarse en mero proyecto.

[quote_box_left]Publicada originalmente en El Faro[/quote_box_left]