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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 5 de junio por la madrugada varios operativos simultáneos se desplegaron en casas particulares para detener a Juan Carlos, Ana Rosa, Dulce, Axel, Erik, Sharyff y Arafat, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) acusados de haber puesto artefactos explosivos en edificios de instituciones públicas.

Justamente cinco meses después de la detención, durante la cual se llevaron aparatos electrónicos y objetos personales de los jóvenes a quienes acusan de daño en propiedad ajena con explosivos, delito grave que podría tipificarse como terrorismo, denunciaron que desde el inicio del proceso se les negó la descarga de delitos.

En una conferencia impartida hoy por seis de los siete detenidos, integrados en el colectivo “Somos más de 7”, académicos, una de sus abogadas y padres de familia, los estudiantes hablaron de la incertidumbre que hasta la fecha viven.

La abogada Jocabel Tello, una de las que lleva el caso de los estudiantes, consideró lamentable que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sea utilizada como órgano de control del gobierno estatal, legitimando los atropellos y vulnerando los derechos humanos de quienes, como los estudiantes detenidos, “el único delito que han cometido es levantar la voz, ser críticos y hacer acciones en beneficio de la colectividad.”

Mencionó que si se aplicara la ley de manera ética y responsable ni siquiera se tendrían que hacer este tipo de movilizaciones como el foro de este miércoles, pues en realidad, dijo, no hay pruebas para incriminar a los siete jóvenes.

Dentro de la indagatoria realizada por el Ministerio Público (MP), dijo la abogada, no hay pruebas que acrediten la responsabilidad de los estudiantes. La prueba más contundente que hay –y según ella prácticamente la única– es un anónimo que llegó vía electrónica de un compañero de los siete quien supuestamente escuchó que pretendían colocar explosivos en los inmuebles de gobierno.

Jocabel Tello agregó que hay otras pruebas que han sido presentadas por las autoridades que resultan hasta ofensivas, como una fotografía de uno de los presuntos responsables a bordo de una bicicleta. Las autoridades tomaron una foto de las redes sociales de uno de los estudiantes detenidos en una bicicleta y argumentan que como también anda en bicicleta se presume responsable.

[quote_box_right]Los siete estudiantes de la Buap fueron, dijo la abogada, elegidos por el sistema para tener esa experiencia de manera personal, para que el Estado a través de ellos intentara callar las voces de muchos jóvenes que están siendo críticos, que están poniendo en tela de juicio las acciones del gobierno.[/quote_box_right]

Desde el 5 de junio a la fecha se han interpuesto cuatro amparos, pero tres de ellos no han prosperado pues las autoridades han pedido la presencia de los jóvenes para que ratifiquen sus firmas. La abogada dijo que eso es una estrategia utilizada regularmente por la autoridad federal, para después de esas diligencias existe el riesgo de ejecución de órdenes de aprehensión contra ellos.

La abogada explicó que los estudiantes están en calidad de indiciados, ya que se les acusa de un delito grave, pero aclaró que no hay material probatorio y que lo que tiene tanto el MP como la PGJ no alcanza para presumir esta presunta responsabilidad de los estudiantes.

En el amparo que procedió –el 763/2015 que está en el Juzgado 5o– se les fijó una garantía de caución de poco más de 77 mil pesos a casa uno de los jóvenes. Sin embargo, esto se está combatiendo con un recurso de queja todavía en revisión.

Los siete estudiantes de la Buap fueron, dijo la abogada, elegidos por el sistema para tener esa experiencia de manera personal, para que el Estado a través de ellos intentara callar las voces de muchos jóvenes que están siendo críticos, que están poniendo en tela de juicio las acciones del gobierno.

Además la autoridad ha negado los operativos en los que de manera violenta y sin avisar detuvieron a los jóvenes durante la madrugada –justo el mismo día que un grupo de estudiantes veracruzanos activos políticamente fue atacado a machetazos en una reunión particular–.

En el foro también estuvieron presentes el catedrático de la Facultad de Medicina de la Buap, Jaime Tepoz Martínez; el director del Icuap, Francisco López Olguín, y el investigador de la licenciatura en sociología, Gustavo López Ángel. Este último dijo que el gobierno del Estado, encabezado por Rafael Moreno Valle, tiene una visión obtusa y la única vía que ha implementado es la del constante golpeteo contra movimientos sociales. Quienes se han opuesto a sus obras o proyectos han terminado reprimidos, en la cárcel o hasta muertos. «Mientras siga este grupo sosteniéndose en el poder habrá eso -dijo y agregó-, la situación empeora por la ausencia de autonomía del Poder Judicial en Puebla y por una Cámara de Diputados que aprueba todas las iniciativas del gobernador sin considerar el punto de vista de la sociedad civil». 

Al evento acudieron también representantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano, así como miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, quienes hablaron también por el movimiento Cholula Viva y Digna, cuyos miembros aunque no estuvieron presentes se solidarizaron con los jóvenes reprimidos.