Fotos: Tomadas de Plaza Pública

Los pacientes con insuficiencia renal quedan en el centro de negocios millonarios. Ahí, justo ahí, no valen nada, salvo si su padecimiento representa un valor agregado. En Escuintla, desde hace un año, la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) ha adjudicado contratos a una empresa sin experiencia. Esto a pesar de inconformidades, graves señalamientos, e incluso auditorías minuciosas realizadas por la Contraloría General de Cuentas

Oswaldo J. Hernández │ Plaza Pública

@PlazaPublicaGT

Donde hay enfermedad, los negocios sobrevuelan como zopilotes. Es ahí –sobre todo en la Salud Pública– donde empresas sin experiencia de cómo prestar un servicio médico específico, ganan concursos convocados por el Estado. Es ahí donde los contratos millonarios se hacen y se pactan a espaldas y riesgo de los más vulnerables, enfermos crónicos que ya no cuentan con fuerza suficiente para pelear. La justicia, a veces, como en el caso de los contratos dirigidos entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería PISA de Guatemala S.A., consigue devolver el golpe: captura a los responsables del mal manejo de los recursos del Estado e intenta que cumplan una condena. En otras ocasiones  –las más–, nada sucede y permanecen las dudas.

Puede haber inconformidades, anomalías, hallazgos, intentos de denuncia, contratos sospechosos, auditorías minuciosas, advertencias, quejas… pero nada sucede. Tal es el caso de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC), la entidad estatal encargada de atender a los enfermos renales, que en septiembre de 2014, contrató los servicios de SabiaPharma S.A., una empresa que jamás había prestado asistencia para enfermos renales, que no contaba con un local propio, que había subarrendado 30 máquinas de hemodiálisis (tratamiento médico que elimina artificialmente sustancias tóxicas de la sangre), que en su patente de comercio sólo aparecía como una droguería de ventas al por mayor, que su dirección física reportada era compartida con otra empresa, Corporación Men-Del S.A., y aun así, con todo en contra, le fue adjudicado un concurso de “Arrendamiento de Infraestructura” por Q5,615,328.00 para atender enfermos crónicos renales en el departamento de Escuintla.

Por este contrato, la UNAERC recibió ocho inconformidades. “La base legal utilizada en el evento es incorrecta”, señalaba el Centro de Diálisis S.A.; “existen indicios de acuerdo previo entre dos proveedores para esta adjudicación (SabiaPharma y Men-Del)”, se quejaba Productos del Aire, S.A.; “Información incorrecta”, reclamaba la Fundación de Asistencia Médica Ocupacional para la Recuperación del Enfermo Renal (Amor). Todas las impugnaciones fueron rechazadas: «Improcedentes, en virtud de que en este caso se siguió el procedimiento que marcan las normas aplicables”, defendía UNAERC en el portal de Guatecompras.

“Para este concurso desde el inicio vemos una anomalía. El problema se origina en el momento en que este concurso trata de un arrendamiento pero que también incluye kits para pacientes de hemodiálisis. La incongruencia radica en que un arrendamiento, según la ley de contrataciones del Estado, no puede incluir productos de consumo, y más si son perecederos, de una sola aplicación. En este caso lo correcto pudo haber sido realizar dos concursos separados”, dice el abogado de Acción Ciudadana Eddie Cux. “Lo que buscaba UNAERC era que, al tratarse de un concurso por excepción, el beneficio fuera para un solo proveedor”, añade.

“Un auditor nunca entenderá a los médicos”

En Escuintla, los pacientes atendidos por UNAERC en el turno de las 10:30 A.M. están a punto de conectar sus cuerpos a las máquinas que desintoxicarán su sangre a lo largo de cuatro horas. Vienen de Tiquisate, Chiquimulilla, de otros departamentos como San Marcos, Jutiapa o Santa Rosa. Algunos cumplen con llegar tres veces a la semana para realizar el tratamiento. Otros, como Héctor Velásquez, agricultor, consiguen conectarse a la máquina de hemodiálisis cuando piden permiso para faltar al trabajo. “Me sentí mal, mareado. No quiero hincharme como otras veces. Preferí faltar de nuevo al chance y venir a cambiarme la sangre”, dice.

Hasta hace poco más de un año UNAERC no existía en el departamento de Escuintla. Desde su fundación en 1997, mediante acuerdo gubernativo, esta institución encargada de los enfermos renales en estado crónico bajo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ha operado de forma centralizada desde la capital de Guatemala. Las nuevas instalaciones de UNAERC en Escuintla fueron creadas para atender un estimado de 180 pacientes. Sin embargo, el número de pacientes que asisten a este lugar ha sido menor, incluso lejano a los 180 que estimaba la institución, como reconoce el director administrativo, el doctor Douglar Rumaldo Guerrero.

[pull_quote_right] Un Manifiesto de Interés marcaba septiembre de 2014 como la puesta en marcha de las operaciones de UNAERC en Escuintla. Y con este documento, por añadidura, se concretaba la justificación legal para realizar una compra millonaria, con un solo oferente, sin experiencia en temas de hemodiálisis: la droguería SabiaPharma S.A. [/pull_quote_right]

Cada paciente de UNAERC usualmente requiere de tres hemodiálisis a la semana. Cada hemodiálisis realizada utiliza un kit (gasas, jeringas, agujas, adhesivos, guantes) como parte del tratamiento. Por esta razón, en el concurso que fue adjudicado a SabiaPharma, la UNAERC fue específica en la necesidad de adquirir 30 máquinas para las hemodiálisis de 180 pacientes, pero además solicitó 14,040 kits para los tratamientos que se realizarían durante cuatro meses.

No obstante, las sumas de kits y hemodiálisis para este requerimiento de la UNAERC no cuadran. Se trata de 180 pacientes que realizarían tres hemodiálisis a la semana, equivalente a 2,160 kits exactos para un mes. Es decir, en el contrato de cuatro meses firmado entre UNAERC y SabiaPharma, se debieron haber solicitado únicamente un aproximado de 8,700 kits. La compra por 14,040 kits –una cifra sobredimensionada– sería viable para 6.5 meses, es decir, casi dos meses más de lo establecido en las bases legales del concurso publicado en Guatecompras.

En consecuencia, el contrato de UNAERC con SabiaPharma no fue cumplido a cabalidad. La junta directiva de esta entidad, como la junta de licitación que evaluó la adjudicación para SabiaPharma, ha recibido diversos señalamientos. Los más graves, por la mala administración de esta compra, fueron detectados por la Contraloría General de Cuentas (CGC) mediante una auditoría.

“Hay una inadecuada planificación en la adquisición de insumos”, resaltó la CGC en su informe de auditoría interna, presentado en abril de 2015, al analizar el concurso de Q5,615,328.00 adjudicado a SabiaPharma. La CGC detectó que los 14,040 kits fueron comprados por Q281.95 cada uno, para un total de Q3,958,5878. La CGC, de hecho, detectó que la capacidad máxima de kits real que podía consumir UNAERC para el periodo del contrato era de sólo 7,110. Para febrero de 2015, como indica el informe de la CGC, aún había 6,620 kits sin utilizar, resguardados en una bodega de la z. 18. Es decir, SabiaPharma cobró  por unos kits, y por unos tratamientos, que en realidad no podrían ser utilizados en el tiempo –septiembre a diciembre – que fue establecido en el contrato con UNAERC para Escuintla.

Ante estas anomalías, el doctor Guerrero, encargado de esta compra anómala, admite su error para planificar este evento. “Llenamos las emergencias de Escuintla con 60 o 70 pacientes. Fueron los primeros que pedían la oportunidad de tratamiento. Para llenar los 180 nos ha tomado cinco meses. Hasta ahora que estamos al ras. Nosotros creímos que al momento de abrir íbamos a estar completos. Y no fue así. Estuvimos los primeros cuatro meses con el 50 por ciento de los totales. Teníamos estimados 240.  Pero luego llegaron 70 y así se fueron agregando. Y mucha gente no quiso irse para Escuintla”, explica Guerrero.

Sobre la duración del contrato, Guerrero dice que el contrato de arrendamiento con SabiaPharma fue ampliado, más allá de los cuatro meses, pero no específica bajo qué términos, salvo que “la salud es un derecho constitucional”. Por su parte, Luis Francisco Valdés, representante de SabiaPharma ante la UNAERC (y el Estado), se comprometió a aclarar esta situación con Plaza Pública, sobre cómo y porqué la CGC encontró 6,620 kits sin utilizar. Al cabo de dos semanas, ni Valdés, ni ningún representante jurídico de SabiaPharma, envió la información ofrecida sobre la forma legal en que había sido ampliado su contrato para la utilización de los miles de kits sobrantes al momento de vencerse el tiempo de cuatro meses  estipulado en el concurso de Guatecompras.

“Los kits se terminaron hasta julio”, dijo Valdés sin inmutarse al ser entrevistado. “Eran kits para cuatro meses pero se utilizaron durante 11 meses”, añadió sin reparo.

“Los servicios de salud siempre se planifican con cuatro meses de antelación”, defiende el doctor Guerrero. “En ese momento –septiembre de 2014– se planificó un abastecimiento que durara hasta 2015. Con el cambio de año se termina el periodo fiscal y nos quedamos con un presupuesto siempre en cero. Con los 14 mil kits asegurábamos el abastecimiento”, añade Guerrero al referirse a un contrato, en sí, que fue planificado para seis meses y medio pero que legalmente sólo tenía validez para cuatro meses, y que en realidad duró once.

—La CGC ha hecho graves señalamientos… —se le dice al administrador general de UNAERC.

—Un auditor no entiende el mundo de los médicos. Si me surge una epidemia debo controlarla, a como dé lugar. Y luego el auditor pregunta que por qué no planifiqué esa compra. En ningún momento hice mal uso de los recursos del Estado —argumenta Guerrero.

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