Existe una “brecha” con la realidad, pues prevalece la impunidad y no se ha logrado “paliar la grave crisis en materia de derechos humanos, acusan 191 Organizaciones de la Sociedad Civil, participantes en la Cumbre Internacional de la AGA

Foto: Tomada de Artículo 19

Animal Político

@Pajaropolitico

Aunque México reporta avances en los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) –una estrategia asumida por 65 países para transparentar información pública–, existe una “brecha” con la realidad, pues prevalece la impunidad y no se ha logrado “paliar la grave crisis en materia de derechos humanos”.

Así lo advierten las organizaciones sociales participantes en la Cumbre Internacional de la AGA que será inaugurada este miércoles 28 de octubre por el presidente Enrique Peña Nieto, y donde dará a conocer el avance de los 26 compromisos asumidos por el gobierno mexicano en 2011.

La finalidad del modelo de gobierno abierto es que haya mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana, transparencia y acceso a la tecnología para que los ciudadanos vigilen y exijan resultados de sus gobiernos. Para ello, cada país estableció metas en estos rubros.

México adoptó 26 compromisos cuyos avances alcanzados hasta julio pasado están publicadas en su página de internet. Entre los compromisos está crear una base de datos de personas desaparecidas, publicar un padrón abierto de beneficiarios de programas sociales; publicación del gasto de obra pública, recaudación de impuestos. Creación de plataformas para informar sobre la minería, la industria petrolera, entre otras.

[pull_quote_right]La generación de procesos de Gobierno Abierto en conjunto entre la sociedad civil y el gobierno federal en los últimos cuatro años, no ha logrado paliar la grave crisis en materia de derechos humanos que vive nuestro país[/pull_quote_right]

Sin embargo, para la sociedad civil, un gobierno abierto no consiste en registrar supuestos avances de transparencia si estos no se traducen en la atención de los problemas estructurales del país.

“Hasta ahora, el Gobierno Abierto parece circunscribirse a ejercicios muy puntuales que no abonan al fortalecimiento de la democracia. La mayoría de los compromisos atiende lagunas de información en ciertos sectores y dependencias y no se traducen en prácticas estandarizadas de apertura que generen mayor participación y rendición de cuentas”, advierte el comunicado.

Esta evaluación forma parte del posicionamiento de la sociedad civil que se dará a conocer este miércoles como parte de los trabajos de la cumbre que se realizará en el Palacio de Minería.

Las organizaciones advierten una preocupación por “la brecha que existe entre el alcance de estos compromisos de gobierno abierto y la realidad que vive el país”,toda vez que estos supuestos avances “no ha logrado paliar la grave crisis en materia de derechos humanos que vive nuestro país”.

Una muestra de ello es que “la cotidianidad de millones de mexicanos se encuentra marcada por graves violaciones a sus derechos humanos, las desapariciones forzadas, los retrocesos en materia de libertad de expresión, la criminalización de la protesta, la pobreza, corrupción e impunidad”.

Esto, insisten las organizaciones, “ha mermado la confianza de la ciudadanía” y ha propiciado que expertos internacionales participen en la investigación de violaciones a derechos humanos y hagan recomendaciones al Estado mexicano, como ocurrió en las recientes visitas de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ambos organismos coincidieron en la necesidad de generar mecanismos de información eficientes y transparentes respecto al incumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano de respetar y proteger los derechos humanos y han advertido sobre la inminente necesidad de que los funcionarios públicos involucrados rindan cuentas.

Los preceptos de la Alianza para un Gobierno Abierto consisten en la colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas, para lograr un cambio de relación entre la sociedad y el gobierno que impacte directamente en las políticas públicas, pero “este cambio no ha sucedido en México”.

Por ello, las organizaciones sociales proponen al Ejecutivo que atienda las siguientes recomendaciones:

1. Entender la apertura como un concepto que implica no solamente transparencia sino rendición de cuentas y participación ciudadana amplia
2. Fortalecer y garantizar el estado de derecho
3. Incluir los derechos humanos y la perspectiva de género como ejes transversales en los próximos Planes de Acción
4. Implementar acciones que visibilicen y reviertan el contexto de violación a los derechos humanos y restricción del espacio público
5. Promover el uso de datos abiertos para fortalecer la investigación
6. Combatir la impunidad con acciones contundentes, se necesita una verdadera muestra de voluntad política.
7. Utilizar los mecanismos de Gobierno Abierto para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Aquí se puede consultar la lista completa de organizaciones firmantes.