Foto: Ámbar Barrera

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Con o sin Alerta de Violencia de Género (AVG) existe la urgencia por conocer el estado real de la violencia feminicida y de todo tipo hacia las mujeres, es decir, que las autoridades informen y reconozcan que existe un problema y se actúe en consecuencia, coincidieron organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En nueve meses han ocurrido más de 60 feminicidios en Puebla, de acuerdo con OSC con base en registros hemerográficos, ante lo cual se planteó desde el Congreso local la pertinencia de emitir la AVG, una herramienta jurídica para visibilizar  y resolver un problema estructural de violencia de todo tipo hacia las mujeres, particularmente la feminicida.

Al respecto, Lourdes Pérez Oseguera, del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla, dijo que la situación de la violencia contra la mujer en la entidad es grave, pero no tendría que ser necesaria la alerta para que el gobierno actúe o la reconozca. La investigadora cree que la alerta «tiene sus asegunes, pues para que se declare se necesita primero trabajo coordinado entre diferentes instituciones y las OSC», además para que se emita también es necesaria la voluntad de las autoridades empezando por el reconocimiento de una problemática que en Puebla ha sido minimizada.

Brahim Zamora, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), dijo que el principal problema es la falta de información desde las instituciones, pues para solicitar la AVG es necesario juntar documentación que sustente y exprese la situación de violencia que se vive. Pero, ¿cómo pedir una alerta de género cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sólo reconoce oficialmente 17 feminicidios?

Zamora explicó que solicitarla sin fundamentos sólidos es arriesgarse al rechazo y eso sería peligroso porque entonces el gobierno del estado va a tener argumentos para decir “ya ven, no pasa nada, no está tan grave”. Por eso enfatizó en la necesidad de hacer un buen diagnóstico para saber cuáles son los mecanismos y herramientas institucionales que se tienen en Puebla para responder a la violencia y cómo se utilizan.

Añadió que otro problema es obtener la información, pues hay que analizar leyes, políticas públicas y hacer preguntas vía transparencia a muchas instituciones, por lo que manifestó que “no tenemos prisa de que se emita, lo que sí nos urge es saber el estado de las cosas, conocer cómo está la situación y construir un buen documento para pedirla”.

Sin embargo la alerta en sí, no es una solución a la violencia contra las mujeres, coincidieron Lourdes Pérez y Brahim Zamora. Como ha sucedido en Morelos, donde la declaratoria de AVG fue un paso importante pero sólo el inicio del camino.

José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, una de las organizaciones que trabajaron durante años investigando las causas de violencia y documentando la impunidad de ésta para lograr que se emitiera la alerta, dijo que es un hecho importante porque es un reconocimiento institucional de que hay un problema grave de violencia feminicida en la entidad y se tiene que atender. 

[pull_quote_right]No tenemos prisa de que se emita, lo que sí nos urge es saber el estado de las cosas, conocer cómo está la situación y construir un buen documento para pedirla[/pull_quote_right]

José Martínez dijo que en el caso de Morelos la declaratoria no implicó que el problema se resolviera de manera automática, pues aunque ya hay una aceptación por parte del gobierno, las medidas y recomendaciones no han sido implementadas adecuadamente, por lo que recomendó que de conseguir la AVG en Puebla, es importante dar seguimiento y exigir el cumplimiento de la misma, pues de otro modo el gobierno se se hace acreedor a sanciones incluso legales.

De ese modo, la alerta además otorga recursos económicos para alimentar programas y ejecutar acciones, pero también vigila al Estado y lo obliga a tomar medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Lourdes Pérez, del Observatorio del Idhie, insistió en que en Puebla la situación es grave con o sin alerta, lamentó que haya quienes la están utilizándola como una cuestión mediática o política, y pidió a las autoridades que se atienda el problema se use o no este mecanismo.

En el mismo sentido se pronunció Natali Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC, quien consideró que la alerta es un mecanismo que aún no está garantizado, pues depende mucho de la voluntad política del Estado.

“Algunas pensamos que si no se han querido hacer acciones antes para prevenir y no llegar a la alerta, qué nos hace pensar que se va a querer implementar”, dijo y agregó que ayudaría mucho si las autoridades demostraran su interés ante la problemática.

Reconoció que la alerta sí ayudaría para llamar la atención de lo que está pasando en Puebla y presionaría de alguna manera para que las autoridades indaguen qué está pasando en ciertos municipios, y revisen su propia actuación ante la violencia sistemática contra las mujeres, pero desde su perspectiva sin rechazar la posibilidad de la AVG es deseable tomar las debidas precauciones para que se realice un diagnóstico completo para no desgastar la estrategia y, como dijo Brahim Zamora, que no se niegue por una dificultad técnica.

De la Alerta

Desde septiembre, luego de la desaparición y supuesto asesinato de la joven Paulina Camargo a manos de su novio, el tema de los feminicidios volvió a ser un tema central en la opinión pública. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió se emitiera la alerta de género para la entidad, así como Blanca Alcalá, el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza y el Movimiento de la Alternativa Social (MAS).

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha sostenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil, pero su titular, Adolfo López Badillo ha desacreditado el trabajo de otras y minimizado la violencia hacia las mujeres. El procurador Víctor Carrancá ha dicho en varias ocasiones que la alerta no es necesaria y que la situación de feminicidios no está rebasada.

En México, se ha emitido la AVG en dos estados: Morelos y Estado de México.

La AVG puede ser solicitada por organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

Y el grupo de trabajo que valora la pertinencia de la AVG está conformado por dos académicas locales, dos académicas nacionales, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; un representante del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); uno de la CONAVIM y uno del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad donde se pretenda aplicar la alerta de violencia de género.

Una vez que se conforma el grupo, tiene 30 días para emitir un informe que contenga medidas de acción, frente a las cuales el gobierno local tendrá un plazo de 15 días para aceptar o rechazar el informe. En caso de negarse a aceptar las recomendaciones, se emitirá la alerta de violencia de género en un plazo no mayor a cinco días naturales. Cuando se acepte el informe, dispondrá de un plazo de seis meses para implementarlas, al término del cual, si el grupo de trabajo considera que no se implementaron, la Secretaría de Gobernación, emita la alerta en un plazo no mayor a diez días naturales.