En el marco del Foro Sobre Violaciones a los Derechos Humanos llevado a cabo ayer en la ciudad de México, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron a EPN que acatara y diera «seguimiento irrestricto y puntual a todas las recomendaciones” de organismos internacionales en materia de derechos humanos

Centro Prodh │ Redacción Lado B

@CentroProdh

Con base en la documentación de 58,381 quejas interpuestas en el periodo del 2004 al 2014 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y 17 000 casos por tortura, tratos crueles e inhumanos, integrantes de organizaciones civiles, movimientos, colectivos, investigadores y defensores de derechos humanos concluyeron que en México existe una grave crisis de derechos humanos, en el marco del Foro Sobre Violaciones a los Derechos Humanos llevado a cabo ayer en la ciudad de México y urgieron al Estado mexicano a que acatara las recomendaciones que recientemente le hicieron instancias internacionales sobre el tema.

“El Estado mexicano ha cometido graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática y generalizada, además de haber incumplido las obligaciones internacionales que ha ratificado en tratados y convenios relativos al tema”, aseguran las organizaciones en el pronunciamiento firmado que además respalda el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo expuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se enumeran y denuncian “graves violaciones a los Derechos Humanos testimoniadas y documentadas en todo el país”.

[pull_quote_right]Exigimos que las diversas instituciones del Estado (de los tres niveles de gobierno) implicadas o señaladas en crímenes contra la población civil se investiguen y castiguen para obtener una justicia real y la verdad de todos los casos de víctimas poniendo especial énfasis sobre desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.[/pull_quote_right]

Los diversos grupos afirman que han documentado múltiples casos de violaciones a derechos humanos en México, entre ellos las violaciones a familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, y que han hecho del conocimiento de todas las instancias nacionales las “graves violaciones a los derechos humanos que están afectando a la población mexicana”, pero que, ante la falta de verdad y justicia real del Estado mexicano, deciden recurrir a instancias internacionales.

Las detenciones arbitrarias se llevan a cabo, detallan los grupos, “por parte de las fuerzas del Estado para alimentar y justificar la criminalización y la idea de un enemigo común ante la opinión pública bajo el contexto de la guerra contra el narcotráfico desde 2006 hasta hoy.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se han contabilizado también desde esa fecha 26,599 desapariciones forzadas en todo el país.

“La desaparición generalizada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y las decenas de fosas encontradas posteriormente tan sólo en ese mismo municipio, abrieron una verdad que se pretendía ocultar durante esta administración y que ha puesto de manifiesto una mínima parte de la gravedad que vive México en lo referente a estas violaciones”.

Sólo de noviembre de 2014 a mayo de 2015 en esa zona se han recuperado a través de la búsqueda ciudadana 104 cuerpos, de ellos sólo 10 han sido identificados y entregados a sus familiares, esto sin el respaldo de peritos independientes que hayan verificado la autenticidad de los cuerpos, según consta en testimonios del grupo conformado por “Los otros desaparecidos de Iguala” y recibidos recientemente por la CIDH.

“Iguala no es México”

Frente al Informe preliminar de la CIDH difundido el 9 de octubre del año en curso, el gobierno mexicano respondió diciendo que “Iguala no es México”. Sin embargo, esto se viene repitiendo de forma extensiva y escalada en diversas partes del país, donde en la búsqueda de personas desaparecidas se han encontrado cientos de fosas clandestinas con cuerpos.

[pull_quote_right] Hacemos una exigencia al Estado mexicano para que ponga fin de forma inmediata a la criminalización de las víctimas, a sus familiares, a las personas defensoras de Derechos Humanos que les acompañamos, así como a las y los periodistas que han mostrado a la opinión pública la grave crisis que vive México en esta materia.[/pull_quote_right]

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico durante el periodo 2006-2012, en la administración de Felipe Calderón, las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles fueron consideradas como “daños colaterales”, mientras que en el actual gobierno, Peña Nieto ha omitido esta grave violación a los derechos humanos para cuidar su imagen y la de su gobierno justificando la muerte de supuestos delincuentes, tal como expone el informe del caso Tlatlaya emitido por el Centro Prodh.

Tales ejecuciones extrajudiciales se han querido hacer pasar, continúa el informe, como casos aislados de gente que defiende su territorio y demás recursos naturales.

El documento fue firmado, entre otros grupos, por el Comité de Derechos Humanos Gobixha, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, Hermanos por la Justicia, Familiares en Búsqueda María Herrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

Dichas ONG exhortaron, asimismo, “de forma urgente a la sociedad mexicana a la participación, organización y articulación para exigir que el gobierno de México acate y dé seguimiento irrestricto y puntual a todas las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales”.