Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Jesús Lemus no duda ni un instante cuando le preguntan cuál es el principal problema de la prensa en México. “La falta de solidaridad”, dice de inmediato. La ausencia de empatía entre los propios compañeros de la prensa. “Mientras la muerte de un periodista siga siendo noticia de primera plana y los periódicos vendan más, y eso siga siendo parte del morbo del propio gremio, las cosas van a seguir igual”, agrega.

El periodista cree que el día que asesinen a un compañero y los diarios salgan con páginas en blanco, o en negro, todo será diferente, habrá una reacción a nivel global. Pero también está seguro de que eso nunca va a pasar. “Si cuando matan periodistas hay más ventas, le conviene al gobierno”.

Y lo que pasa con la prensa en Puebla es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. A los gobernantes no les interesan los periodistas, dice y compara a Rafael Moreno Valle con su homólogo veracruzano Javier Duarte de Ochoa: están más interesados en su carrera política y en el caso concreto del poblano en ser presidenciable.

Puebla está atiborrando el Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y a Periodistas, asegura y recuerda el caso más reciente del reportero Pedro Alonso, quien fue agredido por un escolta del presidente municipal de San Martín Texmelucan. Pero dice que ni en Puebla ni a nivel nacional hay interés para dar seguridad al ejercicio periodístico, ni por saber qué pasa con los medios de comunicación. La clase política está enfocada sólo en ella misma.

[pull_quote_right]No se protege la libertad de expresión, al contrario. La primera amenaza que viene en esta segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto es el bloqueo de las leyes respecto al acceso de la información, la falta de transparencia con la que se tienen y tendrán que seguir enfrentando los periodistas[/pull_quote_right]

“Lo que viene para los periodistas –vaticina- es que además de que la situación siga igual, desde el ámbito legislativo se recrudecerán las leyes contra la libertad de expresión”. Como la reciente “Ley Mordaza” en Nayarit –que pretendía tipificar con cinco años de cárcel las difamaciones, regular contenidos alusivos al gobernador y regular las manifestaciones-, aunque “prácticamente en todas las entidades hay leyes mordaza. No se protege la libertad de expresión, al contrario. La primera amenaza que viene en esta segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto es el bloqueo de las leyes respecto al acceso de la información, la falta de transparencia con la que se tienen y tendrán que seguir enfrentando los periodistas”.

Lemus asegura que no sólo deben existir los mecanismos de protección para periodistas, sino que desde la ley y el Estado debería haber condiciones para que el ejercicio periodístico pueda llevarse a cabo tranquilamente, con el respeto a los y las periodistas, que no debería ser necesario acudir a los mecanismos una vez que haya amenazas o ataques: sino que más bien, éstos no deberían existir.

El periodista michoacano, autor de “Los Malditos”, considera que el único lugar que es todavía un santuario para el ejercicio periodístico es la Ciudad de México, y no por su marco jurídico, sino por la densidad poblacional “que permite que uno se diluya, que no resalte, porque en cualquier lugar de provincia es más fácil que alguien sea reconocido”.

Al respecto, reconoce que el asesinato de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte en la capital del país a finales de julio fue como un abrir los ojos para los periodistas desplazados, el crimen les enseñó que no pueden confiar en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que ofrecen protección, ni en los mecanismos, que lo que la muerte de Rubén dejó fue la enseñanza de que tienen que cuidarse a ellos mismos y “no confiarnos”.

Sobre su último libro Tierra sin Dios, un trabajo de alrededor de dos años involucrándose con las autodefensas en Michoacán y lo que ha pasado con el Estado, el narcotráfico y la gente que ha decidido tomar la justicia en sus propias manos, dice que es un panorama que se puede presentar en al menos otros 20 estados, incluido a Puebla por la situación en la Sierra Norte, con la oposición a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos. Como en Ixtacamaxtitlán, donde la empresa canadiense Almaden Minerals mediante su filial mexicana Minera Gorrión encontró la veta de oro más grande del país. “Y ahí estos conflictos pueden evolucionar, la gente que se opone puede armarse y hacer un conflicto social tan grave como el que intenta evitar”.