Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Para la Secretaría de la Contraloría, que encabeza Malcom Hemmer, el nombre del gobernador Rafael Moreno Valle es información clasificada y debe protegerse como secreto de estado, lo anterior pues en el expediente de sanción del ex vocero gubernamental Marcelo García Almaguer, el nombre del mandatario, su fotografía e incluso su apellido colocado en vallas electrónicas al interior de estadios fuera de Puebla fue tachoneado.

En las 4 mil 926 copias simples que incluye el expediente, y por las que hubo que pagar casi 10 mil pesos, el nombre del mandatario se repite decenas de veces, lo mismo en las investigaciones que realizó a principios del 2014 el Instituto Nacional Electoral (INE) y que se dividió en tres expedientes, que entre los documentos que generó la propia dependencia estatal a petición del organismo electoral.

Y en todas las veces que se le menciona su nombre fue cubierto por tinta de marcador negro para impedir su lectura.

Y lo mismo sucede cuando en el expediente se incluyeron capturas de pantalla de los spots comerciales del tercer informe de labores, la campaña que llevó al mandatario poblano a promocionarse en 23 estados del país, además de Puebla, y que provocó la queja del PRI ante el INE por violar el artículo 134 constitucional y el código electoral federal, y que al final de la historia provocó la amonestación a García Almaguer.

El gober no es el único

En el expediente, que fue entregado por la Contraloría del estado cuatro meses después de que fue solicitado (folio 110415), pues primero se argumentó que estaba reservado, y más tarde se puso a disposición previo el pago de las copias, solo un nombre es visible en todo momento, el del hoy secretario de Comunicación en el Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo García Almaguer, a pesar de que no es el único funcionario sancionado por la promoción extraterritorial de Moreno Valle.

El resto, sin importar si son civiles, o funcionarios públicos, secretarios de estado o directores de área, fueron tachados por la Contraloría sin ningún argumento legal.

Al respecto, y como referencia al caso el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) señala en sus “Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” que ni “el nombre de los servidores públicos en los documentos, ni sus firmas autógrafas” podrán ser omitidos en las versiones públicas de documentos de interés público, como es el caso.