Ociel Mora

@ocielmora

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[dropcap]“¿[/dropcap]Qué hacemos con los pobres?”, se preguntó consternado un grupo de liberales juaristas en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se topó a las puertas de Palacio con una cuadrilla de indios barreteros de las minas de Pachuca. Los pachuqueños habían hecho el viaje a pie hasta la ciudad de México a hurtadillas de los patrones en busca de amparo gubernamental.

Sus condiciones laborales eran lamentables, trabajaban de 14 a 16 horas diarias, muchos de ellos niños. Sin días de descanso, en condiciones inhumanas, sin equipo de protección en las entrañas de la tierra, sin seguridad social, con muchos muertos por accidentes y lisiados, malos tratos de capataces, sometimiento a justicia privada, y pagos irrisorios. Para entonces ya México era gobernado por hombres mexicanos como ellos, ya no eran virreyes y corregidores. Esos nuevos gobernantes se decían comprometidos con la justicia nacional y con la igualdad entre personas, independientemente de su condición de raza o de estatus. Algo de eso sabían porque finalmente Pachuca estaba cerca de la gran ciudad capital respecto de otras del país.

Para entonces México como nación independiente literalmente estaba naciendo. El partido conservador y su afán por imponer una monarquía azul mediante la persona de Maximiliano estaba liquidado, también la monarquía. Sin embargo, y no obstante los cambios, estos indios desgraciados no encontraron más respuesta de sus gobernantes que una galimatías. Les explicaron algo así como que se dictarían medidas al respecto, siempre y cuando no perturbaran el santo principio de la libertad de empresa. Porque de la libertad de ella dependía la prosperidad de México. Eran los ministros de Juárez poniendo las bases del nuevo país.

El problema de la pobreza persigue a los mexicanos desde que México es México y desde que el llamado barón de Humboldt, un par de años antes de iniciar la guerra de independencia, visitara el país y pronunciara aquellas palabras proféticas en su Ensayo político sobre el reino de la nueva España. “México –dijo– es el país de la desigualdad”. En ninguna parte había conocido una distribución de la fortuna tan inicua como la de aquí.

Los blancos eran los únicos que prosperan. “La casta de los blancos es en la que se observan casi exclusivamente los progresos del entendimiento, es también casi sola ella la que posee grandes riquezas; las cuales por desgracia están repartidas aún con mayor desigualdad en México que en la Capitanía General de Caracas, en la Habana y el Perú…».

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El último reporte sobre el número de pobres en el país presentado la semana pasada por el Consejo Nacional para la Medición de la Pobreza (CONEVAL) ha puesto sobre blanco y negro la verdadera naturaleza del estado mexicano, de los gobernantes y su eventual compromiso con la justicia social. Independientemente de si estamos o no como a finales de la Colonia y principios del México independiente.

La nota no es sólo que en la administración del presidente Peña Nieto el número de pobres ha crecido en dos millones de personas, sino también la respuesta altiva y amenazante proferida por el Revolucionario Institucional (PRI), el partido en el poder, y con mayoría en el Congreso como para modificar la independencia del CONEVAL, o incluso desaparecerlo. Porque en la visión de muchos gobernantes surgidos de ese partido, el estado son ellos. Y como propietarios de él pueden ajustarlo a sus intereses particulares cuantas veces lo consideren necesario.

No sería nada nuevo. Ya se ha hecho en algunas entidades. En Puebla, por ejemplo, una de las primeras medidas del gobernador Moreno Valle como jefe del Ejecutivo estatal fue enviar una iniciativa al Congreso del Estado para desaparecer el organismo que a nivel estatal hacía las veces de su par nacional, argumentando razones presupuestales.

Tampoco con Mario Marín fue sencillo. Primero se rehusó a promulgar la ley de desarrollo social en la que se contemplaba la creación de un organismo evaluador. Sus razones eran de otra índole. Se decía inconforme porque la iniciativa de ley había surgido del grupo parlamentario del PAN. Jorge Gutiérrez, diputado panista por Atlixco y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, no cejó en su empeño, no obstante las amenazas de Jorge Estefan Chidiac, secretario de Desarrollo Social entonces, y hombre ansioso por granjearse con Marín, para que el legislador cediera y se quitará de la ley el tema de la evaluación. La ley se aprobó. Pero el nuevo consejo de medición nunca se instaló con base a los principios de ley.

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El combate a la pobreza es un problema técnico, lo sabemos todos. No electoral, como la mayoría de los operadores de sus programas suponen y acto seguido actúan en consecuencia. En términos técnicos una buena solución comienza con un buen diagnóstico, y para un buen diagnóstico se precisa de cifras. “Sólo lo medible es mejorable”, afirman los experto. Si se carece de un buen diagnóstico difícilmente se ideará un buen remedio para curar la enfermedad. Así es que todo lo que diga el gobierno de Puebla respecto a la pobreza en la entidad es producto de la especulación o del engaño deliberado. Ciertamente se pueden alcanzar ciertos niveles de conocimiento, pero siempre será con base a las cifras de CONEVAL. La semana pasada muchas primeras planas de periódicos y noticiarios alineados con la estrategia propaganda del gobierno del estado nos dieron datos falseados.

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En Puebla la pobreza en el bienio 2012-2014 no se redujo, por lo menos no en las mediciones del organismo nacional. Creció en más de 80 mil personas. En el mejor de los casos y concediendo en porcentajes redondos, se estancó. Pues se mantuvo inamovible en 64.5%. Sin embargo, en número simples como digo, los pobres crecieron en número de 80 mil 700. La trampa del gobierno del estado para decir que redujo la pobreza está en la pobreza extrema. En esta categoría Puebla pasó del 17.6% a 16.2%. Con la pequeña salvedad de que ese 1.4 sigue siendo pobre, aunque en otra categoría. El crecimiento de la pobreza en Puebla está en consonancia con el avance a nivel nacional, pues pasó de 53.3 millones a 55.3 millones.

Nadie habla de los indios y la población rural, y los jóvenes menores de 18 años, los sectores en los que se concentra el mayor grado de pobreza.

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Desde que Carlos Salinas instituyó el programa nacional de solidaridad (ver en Denise Dresser “En busca de la legitimidad perdida. Pronasol, pobreza y política en el gobierno de Salinas”, en Pobreza y política en México, ITAM-FCE, 1997) la política social no ha tenido más fin que enganchar por la vía de las dádivas clientelares a los grupos insatisfechos con el modelo de gobierno, pero sobre todo con la clase gobernante y sus altos niveles de corrupción (aquella máxima de que “roba pero salpica” corresponde a esta estrategia). Con el paso de los años, las llamadas secretarias de desarrollo social, sean en el partido que sea y en el nivel de gobierno que sea, han devenido en el principal órgano de propaganda del partido en el poder para ganar elecciones por la vía de la coerción. La señora Rosario Robles se muestra satisfecha con los resultados. Y claro que le asiste la razón. Finalmente el PRI será mayoría en la próxima legislatura federal. La política de desarrollo social no tiene, y nunca ha tenido, como fin combatir el flagelo, sino reproducirlo, porque de los pobres depende la legitimidad del régimen.

ocielmora@gmail.com