Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

En 2014 se propuso y entró en vigor la reforma a la ley orgánica municipal del estado de Puebla que quitaba la facultad de los registros civiles a las juntas auxiliares, pasando el control al gobierno del estado. Las movilizaciones por la oposición a dicha reforma dejaron como saldo en San Bernardino Chalchihuapan heridos, detenidos y un menor muerto a manos de la policía, José Luis Alberto Tehuatle Tamayo.

Luego de lo acontecido en julio del año pasado, la protesta social se enfocó en exigir justicia por los presos políticos y el menor asesinado, pero el asunto de los registros civiles y su funcionamiento se fue desdibujando de la escena.

En Santa Clara Ocoyucan, municipio al que pertenece Chalchihuapan, no ha habido cambios en la fluidez de los trámites en el registro. La única modificación técnica ha sido que luego de que los ediles auxiliares perdieron la facultad de jueces, esta labor la realiza alguien externo, designado por el gobierno del estado.

Foto: Marlene Martínez

En Malacatepec, junta auxiliar de Ocoyucan, a unos cuarenta minutos de Chalchihuapan y a diez minutos de la cabecera, la oficina del registro civil está abierta de 9 a 1 de la tarde y de tres a seis. En la comunidad se pueden hacer los trámites de matrimonios, nacimientos y defunciones, y el encargado es, explica la secretaria en la oficina que comparte el edificio con la presidencia auxiliar y un salón de usos múltiples, “un licenciado” enviado por el gobierno del estado.

Aunque en teoría la firma a cargo del enviado de la Secretaría General de Gobierno (SGG) debería ser presencial al momento del trámite, la secretaria dice que a veces el licenciado manda las hojas ya firmadas y selladas, por si por cualquier cosa “no puede llegar” y para que la gente no espere. Sobre el escritorio hay un paquete de hojas membretadas, de matrimonio, con los sellos oficiales del gobierno de Puebla y la firma del encargado.

En Chalchihuapan el registro civil también funciona como una mera oficina de enlace, conectada directamente a las autoridades estatales de la SGG. El presidente no tiene las facultades de juez, y quien funge como juez es un enviado, como en Malacetepec y las demás juntas auxiliares, nombrado por el gobierno estatal.  

En la cabecera municipal de Santa Clara Ocoyucan, cuya presidencia lleva alrededor de cinco meses tomada por conflictos políticos internos, la encargada del registro civil, reubicado temporalmente  a unas calles de la plaza principal, no sabe qué está pasando en las juntas auxiliares. En entrevista, explicó que el funcionamiento en la cabecera ha sido siempre igual, antes y después de la reforma a la ley orgánica municipal. Al preguntarle cómo se hace la base de datos de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de los trámites que se realizan en las juntas auxiliares, dijo desconocerlo. Solamente desde la cabecera, mes con mes envían un informe de los datos a la oficina central del registro civil de Puebla.

Los trámites en la cabecera funcionan de manera independiente y normal, y la modificación sufrida en las juntas auxiliares de Ocoyucan, al menos de acuerdo a varios habitantes, no ha representado ningún cambio sustancial. Los trámites se siguen haciendo con normalidad aunque con una total división entre las juntas y la cabecera.

Foto: Marlene Martínez

En 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle había culpado a los presidentes auxiliares de emitir actas de nacimiento falsas para migrantes centroamericanos indocumentados. Ese fue el principal argumento para quitar las facultades autónomas a las juntas auxiliares. Aunque no se ha documentado ningún caso de emisión de actas falsas, los presidentes auxiliares siguen sin poder ser los jueces, y ahora el gobierno del estado manda actas listas, ya firmadas y selladas, por paquetes, sin cerciorarse de qué se hace con ellas ni supervisar personalmente.

Pese a que las juntas perdieron la facultad autónoma a través de sus presidentes de poder firmar y emitir actas de defunción, registro y matrimonio, ahora parece que existe un descontrol y una desinformación, al menos en el municipio de Santa Clara Ocoyucan. Cada una de las juntas tiene distintos horarios de atención de su registro civil, y las oficinas están prácticamente vacías.

La reforma a la Ley Orgánica Municipal determina que son facultades y obligaciones de los presidentes municipales cumplir los deberes que dicta la ley en torno al registro civil y encargarse del mismo. En el último reglamento actualizado, con fecha del año 2000, se establecía que eran los ediles auxiliares quienes tenían a la vez la facultad de jueces para hacerse cargo del registro civil. Sin embargo, pese a que la reforma sólo dice que ahora son los presidentes municipales quienes tienen la responsabilidad de éste servicio, no se ha publicado el reglamento de la legislación para que se armonice con la reforma de 2014.

Al 12 de julio de 2015, 13 juntas auxiliares de las 208 que conformaban la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) conservaron el control de sus registros civiles, aunque en el acuerdo original realizado entre la organización y la Secretaría General de Gobierno (SGG) determinaba la devolución a las 208 juntas.