Foto: Ángel Flores

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El caso construido por el Ministerio Público de la PGJ de Puebla que inculpaba a cuatro personas por el asesinato de Antonio Esteban Cruz, cometido el 4 de junio del 2014, no logró mantenerse en el juicio oral del nuevo sistema de justicia penal.

Luego del asesinato, de cuatro balazos por la espalda, del dirigente campesino fueron detenidas cuatro personas y presentadas como los autores intelectuales y materiales del homicidio, con base en supuestas declaraciones de los hijos de Antonio: Francisco Santiago Mora López,  José Amador Santos Mora, Juan Alberto Hernández Zapot y Miguel Antonio Hernández Mora.

Sin embargo, integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP CNPA MN), del que Antonio era líder, denunciaron en rueda de prensa el pasado lunes 22 de junio que dichas declaraciones fueron hechas bajo presión y sin la presencia de un traductor.

De ese modo, gracias el nuevo sistema de justicia penal se echó abajo la teoría de los cuatro presuntos responsables. Con el anterior sistema de justicia, las primeras declaraciones y pruebas desahogadas por los ministerios públicos servían de base para dictar sentencias. Sin embargo, el Maestro César Augusto Sandino Rivero Espinosa, integrante de Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH), explicó que con el nuevo sistema lo que no se desahoga ante el juez es prácticamente como si no existiera, y en este caso como los hijos de Antonio Esteban durante la semana pasada dijeron en el juicio que no vieron realmente cómo había pasado y no les constaba quiénes habían sido los asesinos, la acusación y la teoría se cayeron. 

El 12 de junio de este año se inició el procedimiento de juicio oral, ya como parte del nuevo sistema de justicia penal, por el caso. El pasado viernes 19 de junio, Francisco Santiago, José Amador, Miguel Antonio y Juan Alberto fueron absueltos porque los hijos del activista no ratificaron lo que supuestamente habían dicho en las primeras entrevistas realizadas por el MP, que depende de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla.

Rodrigo Esteban, hijo de Antonio, dijo que cada vez que exige que le digan quién asesinó a su padre, las autoridades le responden que él es quien tiene que decir quiénes son los responsables. “Pero yo no dije nada”, aseguró. “Sólo quiero que me digan quién lo mató”, y recordó que en teoría son las autoridades que investigan las que tienen la obligación de esclarecer el homicidio, y no ellos como familiares, “porque no sabemos, porque no lo vimos”.

Los integrantes del MIOCUP CNPA MN denunciaron también que durante las primeras entrevistas realizadas por los Ministerios Públicos, los hijos de Antonio no contaron con un traductor del náhuatl. César Augusto Sandino explicó que en un primer momento, el Ministerio Público recabó algunas entrevistas de los hijos de Antonio, sin presencia de los traductores, y añadiendo cierta presión psicológica.

En el juicio oral celebrado la semana pasada, los hijos del dirigente no ratificaron las supuestas declaraciones iniciales, lo que, dijo, generó bastante molestia en el Ministerio Público pues no se esperaba ese giro ya que “siempre había presionado para que los hijos dijeran lo que habían dicho en la entrevista, que habían sido testigos presenciales de los hechos y que podían ratificar las personas que habían matado a su papá. Pero no fue así.”

El defensor de Derechos Humanos criticó también la falta de profesionalismo y bases para investigar del MP, ya que creó una sentencia mediante entrevistas mal hechas, que finalmente no se pudo sostener.

En la rueda de prensa, acusaron tanto a la Policía Ministerial como al MP de manipular la información para que pareciera que Rodrigo y Andrés, el otro hijo de Antonio, además de haber visto el asesinato habían identificado a los cuatro presuntos responsables. A los dos jóvenes no se les permitió verificar lo que decían los documentos, y simplemente se los dieron para que los firmaran.

Los integrantes de la organización social se mostraron totalmente en contra de que existan detenidos y acusados por falsas pruebas. Incluso a uno de sus miembros que estuvo presente en la rueda de prensa, Francisco Jiménez Pablo, le pasó la misma situación, pues estuvo presos varios años por falsas acusaciones. Jiménez, entonces dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), adherido a la CNPA, fue encarcelado en 2010, en el estado de Chiapas.

Pese a que el caso dio un giro a favor de los hijos de Antonio y no se basa en pruebas falsas, a la fecha no se sabe quién o quiénes asesinaron a Antonio Esteban. Tampoco se sabe nada del proyecto hidroeléctrico Cuamono, parte del catálogo del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2014-2018.

El proyecto sería instalado en la comunidad de Cuamono, cuenca del Tecolutla del río Apulco en Cuetzalan, Puebla, y su construcción tendría un costo de 141 millones de dólares. Antonio Esteban y la organización de la que formaba parte se oponía tanto a la hidroeléctrica como a los proyectos mineros en la localidad.