Aunque han actuado en el marco de la ley, a lo largo de todo el conflicto las autoridades han violentado sus derechos y garantías

Foto: Karen de la Torre

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

“Créame que hemos hechos hasta lo imposible por respetar la ley”, dijo uno de los habitantes del municipio de Nealtican, de la zona del volcán Popocatépetl, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), Adolfo López Badillo, ante aproximadamente otras 20 personas y el 6o Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante una reunión de trabajo en el Centro Comunitario de Atención Ciudadana.

El lugar, que nació de la organización en defensa del territorio y en oposición a que el Gasoducto Morelos sea construido en zona de alto riesgo volcánico, recibió toda la mañana del martes 9 de junio a las Comisiones, las quejas y testimonios de habitantes de varias de las comunidades cercanas.

A pesar del amparo interpuesto en febrero de 2014 y las quejas ante las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, el Proyecto Integral Morelos (PIM), del que forma parte el Gasoducto Morelos, sigue ejecutándose. Fernando Cuéllar, abogado representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, que ha acompañado la lucha contra el gasoducto, había mencionado antes que el gasoducto es un foco rojo de violencia y un inminente riesgo de estallido social. Y es que los ciudadanos, como dijeron durante la sesión de trabajo abierta, han hecho todo conforme a la ley. 

Foto: Karen de la Torre

Sin embargo en entrevista posterior, López Badillo rechazó que la zona pueda ser un foco rojo porque, dijo, la CNDH ya está poniendo atención. Cuéllar dijo que personalmente varios habitantes de las comunidades se les han acercado para pedirles que coordinen las autodefensas. Pero ellos insisten en que todo se haga dentro del marco legal, y le han dicho a las autoridades que hagan algo al respecto.

Dentro de todo el conflicto del gasoducto se han violentado garantías individuales en diversas vertientes, tanto en el ámbito de la propiedad y tenencia de la tierra como la consulta libre, previa e informada para los pueblos originarios, que nunca se llevó a cabo, y las evaluaciones previas de la zona sobre riesgos e impacto ambiental. Cuéllar recordó que incluso a la fecha hay una Averiguación Previa abierta en la Procuraduría General de la República (PGR), en el área especializada en delitos ambientales, además de una queja que está siendo investigada en la CNDH

Durante su intervención, el ombudsman López Badillo habló de cómo funciona la CDH y de cómo se enfoca más hacia la prevención de violaciones, pero su intervención no convenció del todo a los ciudadanos. Selene, integrante del comité ciudadano de Nealtican y en oposición al trazo del gasoducto en la zona, lo cuestionó diciéndole que en el discurso todo estaba muy bien, pero que era necesario saber qué pasos hacen falta para que los convenios firmados “no queden en papel”. 

Con el amparo que los pobladores interpusieron en febrero, un juez federal ordenó la suspensión temporal de toda la obra hasta que el caso fuera resuelto. Pero a pesar de la orden judicial federal, la maquinaría ha seguido trabajando.

Los ciudadanos le pidieron al ombudsman que les ayudara a concertar una reunión con el edil de Nealtican, pues ya han buscado una audiencia para hablar sobre el plan de desarrollo municipal y esclarecer la nómina de los servidores públicos, entre otras cosas. Selene habló de la reforma a la ley orgánica municipal en 2014, concretamente al artículo 100, a partir de la cual la responsabilidad de garantizar el cumplimiento a los Derechos Humanos recae en los ayuntamientos. Pero dijo que tienen conocimiento de primera mano de que no se hace nada, que el material que se recibe se queda ahí o que los ediles y funcionarios hacen caso omiso a las capacitaciones que se les dan en esta materia.

Foto: Karen de la Torre

Selene aclaró que esta petición y toda la labor tanto del comité como del centro “no se trata de grilla, se trata de trabajar y construir”. También pidió a los funcionarios de Derechos Humanos que les digan en qué pueden ayudarles, en calidad de “ciudadanos responsables que actúan conforme a Derecho”.

Al finalizar la reunión, la CNDH se comprometió a analizar el caso del PIM, al que describió como un “desafío en cuestiones temáticas”, y dijo que lo atendería de la mejor manera. Por su parte, la CDH dijo que ofrecerá capacitación en materia de Derechos Humanos para impartir ahí mismo en el centro.

Los ciudadanos pidieron respuestas concretas ante el tema del amparo del gasoducto y de la manera de intervenir de ambas comisiones, porque, dijeron, “llevamos mucho tiempo esperando”.