Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El trazo del Gasoducto Morelos en la zona de riesgo volcánico en Puebla es, como han denunciado organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, habitantes y expertos, una bomba de tiempo no sólo natural sino un foco rojo de conflicto social. Pero a la par de los conflictos, el polémico megaproyecto ha generado también organización de la sociedad civil, que ha pasado de un comité en defensa del territorio en el municipio de Nealtican a un Centro Comunitario de Atención Ciudadana.

El abogado Fernando Cuéllar, representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, que ha acompañado el proceso de los ciudadanos opositores al Gasoducto Morelos, dijo que el espacio físico, que es una casa, fue prestada por pobladores que viven en Estados Unidos con la intención, también, de cambiar también la dinámica de los migrantes mexicanos en el país vecino del norte, de simplemente mandar dinero. 

“Es decir, cambiar la idea de los migrantes que van a ayudar a sus ‘parientes pobres’ (…). Quitar esa idea de que los que están en Estados Unidos van a dar dinero para hacer puentes, calles y ayudar. No, la idea es que ellos inviertan en la formación de capital humano en sus comunidades, así es como está funcionando ahorita”, explicó.

La idea del Centro surgió de varias reuniones que se tuvieron con el comité ciudadano, en el que participan habitantes de varias comunidades. Cuéllar aclaró que de ninguna manera los integrantes representan el sentir general de la población, sin embargo son varios quienes se están interesando por exigir a las autoridades que hagan su trabajo. “El Centro es fundamentalmente para quienes han mostrado interés por la dinámica social de las comunidades”, aclaró.

[quote_box_right]Cuéllar agregó que el tema del Gasoducto Morelos todavía no está resuelto. Los amparos siguen vigentes pero todavía no hay certeza sobre el futuro de la obra. Y mientras esa situación sigue, la organización comunitaria está evolucionando hacia otros temas, especialmente el fortalecimiento del tejido social a la par del ejercicio de los derechos como ciudadanos[/quote_box_right]

Cuando surgió la resistencia al gasoducto, a través de las reuniones los habitantes de varias comunidades se dieron cuenta de que el principal problema en los lugares donde viven eran la omisión y corrupción de las autoridades municipales. A raíz de estas juntas se tuvo la idea de aprovechar la experiencia y organizarse de manera distinta para poder articular las inquietudes de algunos de los habitantes de las comunidades, que son, en palabras del abogado, “personas que se quieren organizar para poder incidir en las políticas públicas de sus municipios”.

El abogado explicó que en muchos de los municipios de la región, las cosas funcionan al revés. No como dice la Ley Orgánica Municipal, que en teoría indica que los ciudadanos presentan sus inquietudes y propuestas y entonces le ordenan al edil, que es el mandatario, que las cumpla. “Pero la realidad es al revés, el que toma las decisiones chuecas, derechas o como sea es el presidente municipal, y eso es lo que recibe el ciudadano o la ciudadana.” Específicamente en lugares como Calpan o Nealtican el problema del gasoducto destapó el actuar de las autoridades municipales, cuya ausencia, dijo el abogado, “es tremenda”, especialmente en temas de seguridad y transparencia de recursos, donde no toman para nada en cuenta a la población.

A la fecha el centro abre los miércoles, en la mañana o en la tarde, y el primer taller que se da de manera gratuita  y para todo público es acerca de los derechos humanos, y cómo se genera una política pública para la atención de los mismos. El tema central es la sensibilización en torno a las garantías individuales y el empoderamiento de los ciudadanos. «En el taller, dijo Cuellar, hay una reflexión acerca de qué significa ésto, y a partir de la discusión partir con fortalezas y experiencias particulares, sobre todo reforzando el ámbito comunitario, para ver cómo los proyectos de vida personales pueden conectarse con los de otras personas».

Otro de los temas a abordar es la interculturalidad, o en otras palabras los usos y costumbres de algunas comunidades, y qué significan e implican y cómo se traducen en la vida diaria.

En el Centro participan actualmente alrededor de 30 personas, que son líderes en sus respectivas comunidades. Y la primera meta de esta etapa inicial es prepararse para tener reuniones con las autoridades municipales, no para relevar su responsabilidad ni para ejercer una suerte de co-gobernanza, aclaró Cuéllar, sino para articular mejor la organización ciudadana y poder exigir a las autoridades que cumplan mejor con sus cometidos.

El Centro se inauguró el lunes cuatro de mayo, con la presencia de personas de comunidades cercanas como Tecuanipan, Atzala, Acuexcomac y Papaxtla, todas dentro de la zona de riesgo volcánico alto que rodea al Popocatépetl y dentro del trazo del gasoducto.

Cuéllar agregó que el tema del Gasoducto Morelos todavía no está resuelto. Los amparos siguen vigentes pero todavía no hay certeza sobre el futuro de la obra. Y mientras esa situación sigue, la organización comunitaria está evolucionando hacia otros temas, especialmente el fortalecimiento del tejido social a la par del ejercicio de los derechos como ciudadanos.