A nueve años de los hechos de represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, las 11 mujeres sobrevivientes, cuya denuncia por tortura sexual se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitan un pronunciamiento pronto sobre su caso y rechazan las acciones del Estado mexicano dirigidas a demorar, bloquear o interferir con el trámite del mismo ante dicho organismo internacional.

[quote_right]Desde la presentación de la petición ante la CIDH en 2008, las mujeres han informado en reiteradas ocasiones — incluyendo en audiencia pública celebrada ante la CIDH en marzo de 2013 — que su principal deseo es que se sancione a todos los responsables y por lo tanto no contemplan la posibilidad de conciliar.[/quote_right]

Desde la presentación de la petición ante la CIDH en 2008, las mujeres han informado en reiteradas ocasiones — incluyendo en audiencia pública celebrada ante la CIDH en marzo de 2013 — que su principal deseo es que se sancione a todos los responsables y por lo tanto no contemplan la posibilidad de conciliar.

Pese a ello, el Estado mexicano insiste en realizar acciones superficiales sin el consentimiento de las denunciantes, como por ejemplo, se constituyó un fondo de reparación a su favor, lo cual no es sólo ofensivo para las peticionarias, sino que las coloca en una situación de inseguridad.

A pesar de la imputación por los delitos de tortura y encubrimiento, formulada en contra de varios agentes estatales involucrados en los hechos, ninguna pena ha sido impuesta; ningún servidor público a nivel federal ha respondido por dichas violaciones, ni se han determinado responsabilidades en relación con la cadena de mando. El caso permanece en la impunidad a casi una década de ocurridos los hechos.

Frente a este panorama, las mujeres reiteran su confianza en la CIDH para resolver su caso y exhortan a dicho órgano internacional a emitir el Informe final en forma pronta. Dicha resolución constituye un acto reparatorio para las mujeres que durante estos años han luchado porque triunfe la verdad y se haga justicia en relación con lo ocurrido antes, durante y después de la represión que afectó sus derechos.

Finalmente, las mujeres confirman su compromiso por la lucha contra el uso de la tortura sexual en México como técnica para desmovilizar, reprimir o fabricar culpables y esperan que su caso siente un precedente para avanzar hacia la erradicación de tal práctica aberrante.