Foto: Joel Merino | Archivo

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche 

“Todas las comisiones son grabadas y todo se queda en el archivo del Congreso, absolutamente todo”, así respondió el ex diputado priísta Gerardo Mejía Ramírez al ser cuestionado sobre la desaparición del expediente del proceso que se inició contra el gobernador Rafael Moreno Valle por la violación a la ley al promocionar su primer informe de labores en todo el país.

En entrevista, el actual integrante del Comité Directivo Estatal del PRI, aseguró que la comisión de Gobernación, que le tocó presidir en ausencia del panista Juan Carlos Espina que estaba de vacaciones, dejó el dictamen firmado por todos los integrantes, en manos de la dirección de Servicios Legislativos y de la Secretaría General del Congreso del estado.

–Los documentos son responsabilidad de las áreas técnicas del Congreso, los diputados exclusivamente llegamos a las sesiones de comisión y firmamos los dictámenes, pero no nos podemos llevar la documentación.

«No sé que pasó con el expediente, eso le corresponde a las áreas técnicas, pero sí hubo dictamen. Los dictámenes son turnados a la propia dirección encargada del tema, a la secretaría general, a la dirección de servicios legislativos. Ellos son los responsables de que en cada sesión de cada comisión resguardar las versiones estenográficas, no sé qué haya ocurrido para que ahora digan que no existe».

Lo que sí tiene claro el actual secretario de Acción Electoral del tricolor es que la comisión acordó, y eso dejó asentado en el acta, que no habría sanción para Moreno Valle, pues no contaban con un reglamento que les diera la pauta para actuar en casos como el que analizó el Instituto Federal Electoral (IFE) en el 2012.

E insistió: “El dictamen hablaba de que no existía una reglamentación a nivel federal para poder sancionar a los funcionarios”.

Pero hoy ese dictamen no existe, al menos esa fue la respuesta que ofreció el Congreso del estado a una solicitud de información en la que se pidió copia de todas las actuaciones del poder legislativo relacionadas con la resolución del IFE:

“Se declara la inexistencia de la información correspondiente a la integración de la información con relación al expediente IFE: CG280/2012, planteada por la dirección general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, área adscrita a la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado, requerida a través de la solicitud de información con folio Expediente número 007/15”.

En la respuesta oficial se afirma que se buscó en el “acta circunstanciada de Entrega Recepción del Órgano Legislativo denominado Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVIII legislatura, y no se advierte que se haya enlistado el expediente de mérito”.

La respuesta está firmada por José Norberto Rodríguez Medina, secretario general del Congreso, Edgar Sánchez Farfán, director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos y el titular de la Unidad de Acceso a la Información, César Guadalupe Picos Mendoza.

El acta de la sesión está en internet

Pero documentos sí hay. En la página electrónica del Congreso es posible descargar una copia digital del acta de la sesión del 1 de agosto de 2012 en donde se discutió el tema.

En el documento se reconoce que la sesión fue presidida por el priísta Gerardo Mejía, en ausencia justificada del panista Juan Carlos Espina, y que en la sesión el entonces director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, Rafael Guzmán Hernández presentó un proyecto de resolución para atender la petición del Instituto Federal Electoral (IFE) hoy extinto:

Según se lee en la escueta acta de sesión, que consta de tan sólo una hoja, “el abogado Rafael Guzmán Hernández manifestó que la resolución en estudio versaba de un oficio remitido por el Instituto Federal Electoral”.

Aunque el acta no lo señala, se trata del expediente CG280/2012 en el cual el IFE encontró responsable al mandatario estatal y a su entonces director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, de violar el artículo 134 de la Constitución y el 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En dicho expediente, se concluye tras una larga investigación que Moreno Valle y Ramírez Robles fueron responsables de haber transmitido 3 mil 266 spots cinematográficos o “cineminutos”, es decir 54 horas y 43 minutos de productos promocionales del primer informe de labores, que fueron reproducidos entre el 6 y del 19 de enero de 2012 en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.

En su resolución el IFE planteó: “esta autoridad considera que debe establecerse un juicio de reproche en contra del actual Gobernador del estado de Puebla, en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona”.

La desaparición viola la normativa del Congreso

Además de las afirmaciones de Espina y de Mejía sobre la obligación legal de archivar las versiones estenográficas al menos en audio de las sesiones, la ley orgánica del poder legislativo establece, en su artículo 122, que los expedientes son resguardados por la Secretaría General y por la Dirección General de Servicios Legislativos.