Foto: Leo Herrera.

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | Cimacnoticias

@Cimacnoticias

Organismos civiles que defienden los derechos de la población migrante exigieron al gobierno federal que detenga el Plan Frontera Sur, al considerar que agudiza la violencia contra las mujeres centroamericanas sin importar edad o si presentan embarazos.

Al participar en la mesa de diálogo “Ellos tienen la palabra”, que se lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana en esta capital, representantes de albergues para migrantes como “La 72”, de Tenosique, Tabasco, y “Las Patronas”, de Veracruz, denunciaron que el gobierno federal vulnera los derechos de la población migrante con el Plan Frontera Sur.

[quote_right]Tal programa que pregona progreso y desarrollo económico en realidad es para desplegar cuerpos militares, armas y tecnología para impedir que las personas centroamericanas emigren sin documentos a México, advirtieron las y los activistas.  [/quote_right]

Tal programa que pregona progreso y desarrollo económico en realidad es para desplegar cuerpos militares, armas y tecnología para impedir que las personas centroamericanas emigren sin documentos a México, advirtieron las y los activistas.

Fray Tomas González, director del refugio “La 72”, explicó en breve entrevista que el Plan Frontera Sur –que empezó a operar en julio de 2014– permitió a las autoridades ejercer mayor control sobre la población migrante a través de “redadas y detenciones masivas”.

En sus objetivos, ese programa –que presentó Enrique Peña Nieto– busca el desarrollo productivo de las entidades del sur del país, pero hasta ahora no se ha hecho público ningún documento oficial que detalle su plan de trabajo o, incluso, el monto presupuestal con el que opera.

Las y los defensores de migrantes señalaron que es muy probable que no exista ningún plan de trabajo que lo fundamente, sin embargo es preocupante que ya funcione “sin transparencia, con abuso de autoridad, corrupción y criminalización de las personas migrantes”.

La consecuencia de un mayor control migratorio es el aumento de  la violencia contra esta población a manos del Ejército, la policía de los tres niveles de gobierno, el Instituto Nacional de Migración (INM) y los grupos criminales, alertó fray Tomás González.

Los crímenes más frecuentes –puntualizó el activista– son la violencia sexual contra las mujeres, la desaparición de centroamericanas y la captación de jóvenes para la trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo forzoso.

Las niñas, las adolescentes, las mujeres embarazadas y las indígenas conforman el grupo migratorio más vulnerable, ya que  pese a su condición son detenidas con violencia y encerradas en estaciones migratorias, sin que se respeten sus Derechos Humanos, ni reciban la atención necesaria.

Además –abundó el defensor– hay casos documentados de que integrantes de la Policía Federal extorsionan y explotan sexualmente a las migrantes bajo la promesa de transportarlas ilegalmente hasta la Ciudad de México.

Si bien aún no han logrado documentar con certeza algún caso de muerte por violencia feminicida, el activista aseguró que este delito podría estar sucediendo, ya que ya hay casos de varones que han sido asesinados por las autoridades migratorias y grupos criminales, sin que se haya detenido a ninguna persona mexicana.

Como consecuencia del excesivo control migratorio en la frontera sur, la población migrante está adoptando nuevas rutas, que son más peligrosas para las mujeres.

Ante ello, las y los defensores llamaron también a la sociedad a que “desenmascare con denuncias y monitoreo la falsa bondad del Plan Frontera Sur, cuyo claro objetivo es frenar el flujo migratorio”.

También exigieron a las autoridades federales que paren las acciones de control y criminalización de migrantes. “Este programa significa un exterminio de la población migrante; es una guerra que nadie declaró, pero tampoco nadie está interviniendo”, dijo fray Tomás.

Ningún partido se hace responsable

El activista también criticó que en respuesta a la insistencia civil de frenar este programa y de transparentarlo, legisladores y autoridades federales “se echan la bolita” para no dar soluciones.

Prueba de esto es que la diputada federal por el PRD Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y quien estuvo presente en la mesa de diálogo, declaró que todas las iniciativas que se han elaborado para otorgar más garantías a la población migrante han sido frenadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Detalló que aun en la comisión que ella preside ha sido imposible incluso someter a votación alguna iniciativa, toda vez que su bancada y la del Partido Acción Nacional (PAN) son minoría.

Cuestionados fuertemente por los grupos civiles y la audiencia presente, la legisladora explicó que el Plan Frontera Sur nunca pasó por la aprobación del Congreso, sino que fue una decisión tomada por el Ejecutivo.

Amalia García explicó que si bien la Ley de Migración fue aprobada por el Congreso, su reglamento –al que las y los activistas tildaron de “inconstitucional”– fue elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

También acusó que el gobierno priista está interesado en la deportación inmediata y el cierre de la frontera, a menos de que se trate de buscar mano de obra barata.