Foto: Erik Coyotl.

Josué Cantorán

@josuedcv

Después de casi 10 meses de permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, el defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís fue puesto en libertad este viernes 23 de enero a las 20:18 horas luego de que la justicia federal le ratificara un amparo, obligando al juzgado penal de Cholula a emitir un auto de libertad en su favor.

El activista, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, fue detenido el 7 de abril de 2014 cuando salía de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla, a donde había acudido a interponer una queja justamente por la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan y compañera suya en el FPDTA-MPT.

Tras un largo y complejo proceso, en el que se acusó al activista de al menos 10 delitos en tres procesos legales diferentes, Flores Solís quedó en libertad.

Cargando en cada hombro una bolsa de tela con sus pertenencias, Juan Carlos Flores cruzó las puertas del Cereso, ubicado en pleno centro de San Pedro Cholula, donde ya lo esperaban su madre, su pareja y al menos unas 50 personas integrantes de las organizaciones a las que el defensor ha dado acompañamiento durante los últimos años.

Cubierto de abrazos, el defensor se mostró contento y, ante las grabadoras, en alusión a otros poblanos que, como él, mantienen procesos judiciales por sostener activismo político o enfrentarse a las decisiones unilaterales del gobierno estatal, dijo:

–Nos faltan 18 compañeros, para mí es lo más importante, 10 de Cholula, siete de San Miguel y que a la compañera Enedina le den la completa libertad porque aunque sea arraigo domiciliario sigue estado presa.

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Enedina, como él, se opuso a la construcción del Proyecto Integral Morelos por las tierras cercanas al volcán Popocatépetl. La comisaria ejidal también fue detenida y ahora, por intervención del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, continúa su condena en prisión domiciliaria debido a complicaciones de salud.

–Esto no es para que nosotros tengamos miedo de la represión del gobierno –continuó Juan Carlos en sus primeras palabras tras salir del penal–, sino al contrario. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, coherentes y sobre todo avanzar en esto que es nuestro mundo, nuestro estado. Me entristecen todas las cosas que he escuchado en este tiempo que he estado preso, el avance que ha tenido la represión, la militarización en los pueblos del volcán para instalar el gasoducto; sin embargo, creo que debemos seguir adelante y vamos a encontrar las alternativas para solucionar todos estos problemas que tenemos.

Proceso jurídico complejo, no es asunto cerrado

Antonio Lara Duque, abogado de Juan Carlos e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, recalcó que la libertad del activista no implica que su situación jurídica esté resuelta del todo.

Foto: Erik Coyotl.

Flores Solís fue acusado de al menos 10 delitos en tres procesos judiciales distintos, pero el que lo mantenía en prisión, el 127/2012, le imputaba la responsabilidad de los delitos de motín, extorsión, ataque a la obra hidráulica y despojo.

Desde septiembre pasado, el juzgado VII de distrito, de orden federal, concedió el amparo 707/2014 a favor del activista, lo que obligaba al juzgado local de Cholula a interponer un nuevo auto de manera que se reparasen las violaciones al debido proceso demostradas por la defensa de Flores Solís.

Sin embargo, en lugar de conceder un auto de libertad, dicha autoridad volvió a emitir un auto de formal prisión bajo los mismos argumentos cuya fundamentación ya había sido demostrada insuficiente. Por ello, en su momento el abogado Antonio Lara Duque, defensor de Juan Carlos, acusó al gobierno estatal de urdir argucias legaloides para mantener al activista tras las rejas.

Un nuevo revés del juzgado VII de distrito obligó al juzgado de Cholula a emitir un auto de libertad, lo que finalmente permitió la liberación de Juan Carlos Flores Solís.

En el segundo proceso judicial, asentado en Atlixco bajo el expediente 121/2014, se acusa a Flores Solís de robo agravado y oposición a obra pública. Desde septiembre, la defensa del activista demostró con documentación oficial del gobierno estatal que éste no habría estado presente en el lugar donde se cometieron los supuestos ilícitos.

Finalmente, en el tercer proceso, bajo el expediente 19/2014 y radicado en el juzgado V de distrito, de orden federal, se sigue el delito de privación ilegal de la libertad agravado. Contra este proceso también se ha ganado un amparo que impide que se ejerza alguna orden de aprehensión contra el defensor de derechos humanos.

Fue el primer proceso, sin embargo, “el que nos hizo la vida complicada”, reconoce Antonio Lara Duque, debido a la insistencia del juez penal de Cholula de ratificar un auto de formal prisión que la justicia federal reconocía como violatoria del debido proceso.

Gestionan queja ante la CNDH

El abogado adelantó que están preparando una queja ante la CNDH sobre las violaciones a los derechos humanos de Juan Carlos Flores Solís, contra todas las instituciones que participaron de dichas ellas, incluyendo al gobierno estatal y a su procuraduría.

La intención, explica Lara Duque, es promover “garantías de no repetición” que impidan que otros activistas políticos sean ingresados a prisión debido a su ejercicio legítimo de la libre expresión o asociación.