Ernesto Aroche Aguilar

@earoche 

“El incremento en las penas de ninguna manera desincentiva ciertas conductas”, las palabras de Simón Hernández, abogado y defensor de los derechos humanos, hacen eco en Fernanda López Jaramillo, investigadora y gestora cultura especializada en Street Art y arte público, “el endurecimiento de las penas al graffiti, lo que hace es criminalizar la práctica” y de paso, sostiene, estigmatiza a los que toman las calles y los muros como medio de expresión, “pues se les ubica junto al tema del pandillaje, asociaciones ilícitas y hasta el tema del consumo de estupefacientes”.

Trabajo en Pachuca Foto tomada del FB de Entes y Pésimo

Y eso fue lo pasó en Puebla, el diputado panista Eukid Castañón Herrera, presentó el pasado miércoles una iniciativa para reformar un par de artículos del Código Penal del estado –186 y 413– e incrementar las penas a quienes intervengan, sin autorización, el espacio público y el privado de manera gráfica, llevando hasta cuatro años de cárcel la pena corporal, y vinculándola con el pandillerismo, delito al que se le duplicó la sanción pasando de tres años como máximo a seis años de cárcel a quienes se reúnan “de manera habitual ocasional o transitoria”, en grupos “de tres o más personas” y que “sin estar organizados con fines delictuosos, cometen en común algún delito”.

El diputado, que decidió en su propuesta eliminar la posibilidad de la sanciones alternativas que en este momento sí contempla el Código Penal: “trabajo a favor de la comunidad en instituciones públicas”, agregó además un tercer párrafo al artículo 413 para sancionar con hasta 12 años de prisión “a quien o a quienes de forma ilícita y dolosa, causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos”.

–En mi propuesta yo eliminé –explica en entrevista el diputado local que fue incluido en el primer lugar de la lista plurinominal de su partido para el proceso electoral que se avecina—, yo lo eliminé. No lo tengo considerado. Venía en el 413 bis, pero yo lo estoy retirando, la idea es fortalecer el marco jurídico. Es un asunto que tiene que pasar por 14 diputados, en caso de que mis compañeros prevean que es necesario subir no solo el asunto del trabajo comunitario sino el asunto de mediación como un componente para poder aligerar el tema, estoy en la disposición.

[quote_box_right]En la lógica de este grupo del PAN que impulsa la iniciativa, sí hay una connotación negativa, una caracterización negativa hacia los jóvenes, tanto en el tema del graffiti como en el tema del pandillerismo. Sí hay una forma velada de estigmatización y de discriminación hacia los jóvenes, y es preocupante que se esté ofreciendo, ante lo que ellos consideran un problema, pues una salida penal. [/quote_box_right]

–Pero su opinión es que vayan directo a la cárcel –se le acotó.

–No, mi opinión es que sean castigados con contundencia y en un esquema de fortalecimiento de marco jurídico, lo cual de entrada genera un mecanismo de inhibición.

–¿Mano dura?

–No, simplemente justicia.

Hasta el momento, la única diputada que se ha pronunciado al respecto, según reportó el diario La Jornada de Oriente, es la perredista Socorro Quezada quién “se pronunció a favor de mandar a la congeladora la iniciativa panista, al acusar que criminaliza una forma de expresión. En entrevista, anunció que la bancada del sol azteca revisará con más detalle la propuesta, pero de entrada consideró excesivas las sanciones que se proponen”.

“Populismo punitivo”

Desde la óptica de Simón Hernández, la propuesta del hombre que carga sobre sus hombros la operación política del gobernador del estado, no resuelve necesariamente la problemática delictiva:

“Ahí hay varios temas, por una parte está lógica del populismo punitivo, que plantea que la única solución a ciertos problemas es la sanción y la cárcel. Básicamente quien está en esta línea punitiva regularmente plantea que el incremento de la pena va a solucionar ciertas conductas, e históricamente se ha comprobado que esto no es cierto, el incremento en las penas de ninguna manera desincentiva ciertas conductas, pero es una forma conservadora de ver la realidad y de plantear ciertas soluciones”.

A la par, sostiene Fernanda López Jaramillo, desde la academia, especialmente desde aquella que analiza, documenta e investiga el arte urbano, el endurecimiento de las penas corporales para los graffiteros no es vista con buenos ojos, por varias razones, entre ellas que mucha de la gente que se dedica al graffiti en sus formas más básicas: el tag o el bombing son personas muy jóvenes, en el rango de los 11 a los 16 años, y la cárcel está lejos de ser una respuesta social.

“No estoy diciendo que cualquier rayón en la calle sea arte, ni tampoco cualquier pieza que está en la calle es graffiti, pero hay que trabajar con los más jóvenes para que identifiquen lo que es arte urbano y lo que es vandalismo”.

Pero además, reconocen por separado el defensor de los derechos humanos y la gestora cultural, la medida tiene también una lectura política.

Simón Hernández no pierde de vista que en el contexto poblano, y con el recrudecimiento de la represión a la protesta social que se ha vivido en la actual administración a partir del argumento del cumplimiento de la ley hay “una criminalización de la protesta, de la manifestación y de la disidencia social”.

“En ese contexto, sí es una señal de alarma que haya una iniciativa que agrave las penas y que vaya dirigido a cierto sector como la juventud, que es donde más encontramos las expresión del grafiti. Y ahí hay un debate sobre si todo graffiti se puede considerar un daño como lo está viendo el estado, o si también podemos decir que son formas de libertad de expresión que tendrían que tener la protección”.

Y agrega: “En la lógica de este grupo del PAN que impulsa la iniciativa, sí hay una connotación negativa, una caracterización negativa hacia los jóvenes, tanto en el tema del graffiti como en el tema del pandillerismo. Sí hay una forma velada de estigmatización y de discriminación hacia los jóvenes, y es preocupante que se esté ofreciendo, ante lo que ellos consideran un problema, pues una salida penal. Hay un problema ahí grave en términos de Estado, porque en realidad la legislación penal tendría que ser la última salida que tiene el estado para atender una problemática y acá vemos que se plantea como primera opción”.

En tanto que para Fernanda López, el graffiti se vuelve peligro por su discurso político y contestatario, al salirse de los que es socialmente aceptado como manifestación posible, sin perder de vista además la potencia e incidencia que puede tener como discurso visual y de protesta.

“Hay un interés político, señala, de cooptar y regular a este tipo de acciones, que son marginales y limítrofes, sí hay esta necesidad de un poco aplacar las cosas, la protesta, el ruido urbano, el ruido de la comunidad”, concluye.