Simón Hernández León*

@simonhdezleon

“Porque la mayoría, por así decirlo, no se da
cuenta de nada, sino que celebra las cosas que
ésos pregonan.”
Protágoras

[dropcap]E[/dropcap]l Estado mexicano, en voz del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pretende poner punto final al caso de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayozinapa: “La verdad histórica es que fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan.” Esta posición oficial tiene varios propósitos: hacer capitular a las madres, padres y a la sociedad en la exigencia de presentación con vida de los 42 normalistas, establecer que lo acontecido en Iguala es un incidente aislado, e imponer como dogma irrefutable la muerte e incineración de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.

La versión del Procurador no es ni una verdad histórica, ni una verdad legal; conforma una discursividad que pretende erigirse en verdad, en un dogma irrefutable que hay que creer porque es la versión oficial y por tanto no admite cuestionamientos. Además de la intencionalidad política que subyace en estas acciones, el anuncio de la PGR pretende desactivar la lucha jurídica de las familias: si los jóvenes están muertos, ya no es necesario investigar, basta con procesar a los presuntos responsables por homicidio y con ello cerrar la intervención del Estado en la procuración de justicia.

En la Grecia antigua, los sofistas  eran un grupo experto en retórica y en sostener un relativismo en que toda afirmación era válida para quien la enunciara. El discurso sofista de Murillo Karam no es sostenible como verdad histórica o material. Según Paul Veyne, “la historia es una narración de acontecimientos verdaderos”. De esta forma, la verdad histórica es el conocimiento de hechos que acontecieron en la realidad, la verdad histórica es objetiva. Contario a esto, la narrativa oficial sobre lo acontecido en Iguala no es objetiva, ni está demostrada de manera plena.

Ahora bien, en términos de una investigación criminal, la verdad histórica presupone una hipótesis legal, una versión de los acontecimientos que debe ser demostrada mediante pruebas que confirmadas en un proceso judicial, se convierte en una verdad legal. La verdad legal, entonces, es una descripción fáctica que no sólo es racional y congruente, sino que debe ser demostrada mediante la actividad probatoria.

La hipótesis legal que descansa en la línea de investigación de  la muerte e incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula es endeble, porque se construye únicamente sobre la base de declaraciones de supuestos participantes que presentan inconsistencias e incluso contradicciones entre sí. Además, se enfoca en encuadrar lo sucedido como homicidio y no como desaparición forzada, de ahí que los objetivos de la investigación sean limitados. Por lo tanto, tampoco puede sostenerse que la PGR tenga demostrada una verdad legal.

[pull_quote_right]En términos de una investigación criminal, la verdad histórica presupone una hipótesis legal, una versión de los acontecimientos que debe ser demostrada mediante pruebas que confirmadas en un proceso judicial, se convierte en una verdad legal.[/pull_quote_right]

Solamente por citar un ejemplo: la muestra genética obtenida de un fragmento de hueso, demuestra únicamente la relación existente entre el ADN de la persona a la que perteneció y la familia que proporcionó sus muestras. Mediante este proceso se identificó a Alexander Mora; pero esta prueba no demuestra cuál fue la causa de su muerte, ni tampoco que haya sido calcinado en ese lugar, es decir, la prueba genética no comprueba por sí misma toda la versión de la PGR. Por ello, esta identificación tampoco puede sostenerse como prueba de que sus 42 compañeros hayan muerto, ni de que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

El jurista Luigi Ferrajoli sostiene que “si una justicia penal completamente ‘con verdad’ constituye una utopía, una justicia penal completamente ‘sin verdad’ equivale a un sistema de arbitrariedad”, y es lo que sucede en este caso: la declaración del Procurador es una versión no demostrada presentada como verdad apoyada en una investigación deficiente y limitada, cuyas pruebas no alcanzan a sostener la hipótesis de muerte, ni llegan a conformar una verdad legal.

En ocasiones la verdad legal que logra probarse en un juicio y que es válida para el Estado, no corresponde con la verdad histórica; dicho de otro modo: hay casos en que se puede demostrar jurídicamente la responsabilidad penal en un acto, pero ello no implica necesariamente que se haya conocido la verdad histórica. En el caso concreto de los 43 normalistas, la disociación entre ambas verdades es más grave todavía: la hipótesis de muerte de los estudiantes no se logra sostener porque no hay elementos de prueba concluyentes, por ello esta pretendida verdad legal no puede suponer la base de una verdad histórica.

Por el contrario, verdad histórica como realidad objetiva y demostrable es que la desaparición forzada de personas es un fenómeno sistemático en la última década, fruto de la fusión entre estructuras estatales y delincuenciales en grandes zonas del país, así como de la falta de capacidades técnicas efectivas para esclarecer y llevar ante la justicia a quienes perpetran esas desapariciones. También, y más preocupante aún, queda en evidencia la disposición de las autoridades para falsear investigaciones, pretender dar resultados y desviar la responsabilidad de Estado en casos de alto impacto. La versión oficial es sólo eso: una versión, pero no una verdad histórica, detrás de ella  hay una apuesta por la impunidad y el olvido.

Los crímenes de Iguala representan un punto de inflexión en la relación entre el aparato del Estado y la sociedad. A diferencia de tiempos pasados, no estamos dispuestos a creer y celebrar “las cosas que ésos pregonan” como lo sostuvo Protágoras, no somos ya la sociedad cautiva de los sofistas gubernamentales. La PGR no tiene una verdad legal ni una verdad histórica, por ello, hasta que no aparezcan y sepamos qué pasó con los “ausentes para siempre”, como llamó el poeta Juan Gelman a las y los desaparecidos, la legítima exigencia de justicia y de verdad permanecerá vigente.

*Defensor de derechos humanos.