En el estado más peligroso para los periodistas, donde reina una descarada impunidad, no hay obstáculo para la censura, cualquiera que se atreva a desafiarla corre el peligro de muerte, desaparición o despido

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

A Sayda Chiñas la despidieron de la empresa Notisur, en Coatzacoalcos, Veracruz, por exigir justicia. Por alzar la voz y buscar a su compañero Moisés Sánchez, secuestrado en Medellín, municipio conurbado del puerto de Veracruz, el 2 de enero de 2015. Sayda se quedó sin trabajo después de cinco años de estar en el medio de comunicación al sur del estado.

“Si te manifiestas o haces una crítica le hablan al jefe y le dicen que tu reportero está haciendo estos comentarios en redes sociales, y lo sancionan”, explica Sayda en entrevista. El hostigamiento contra los reporteros veracruzanos inició desde que se manifestaron ante la desaparición y posterior asesinato de su compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, “Goyo”, el 11 de febrero de 2014.

Después de la muerte de Goyo, Veracruz estuvo en una relativa “calma” hasta que el año empezó con el secuestro de Moisés. En cuanto se reiniciaron las protestas y diferentes tipos de movilizaciones, los reporteros volvieron a ser monitoreados a través de sus redes sociales. Sayda, aguerrida, siempre ha sido de las que organizan, y eso le costó el trabajo. Fue despedida de la empresa propiedad del actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal, Marcelo Montiel, quien también fungió como ex secretario de despacho del actual gobernador y fue alcalde de Coatzacoalcos dos veces.

[quote_box_right]La mayor parte de los medios de comunicación en Veracruz, el estado con mayor número de periodistas asesinados –desde 2000 ha habido más de 15 comunicadores asesinados y cuatro desaparecidos, situación que se ha agravado durante el mandato del actual gobernador Javier Duarte de Ochoa– son propiedad de empresarios ligados a políticos y al propio gobernador.[/quote_box_right]

La mayor parte de los medios de comunicación en Veracruz, el estado con mayor número de periodistas asesinados –desde 2000 ha habido más de 15 comunicadores asesinados y cuatro desaparecidos, situación que se ha agravado durante el mandato del actual gobernador Javier Duarte de Ochoa– son propiedad de empresarios ligados a políticos y al propio gobernador.

Sayda presentará una denuncia ante la junta de conciliación y arbitraje por hostigamiento laboral durante su tiempo trabajando en Notisur. Sin embargo, también peleará de manera paralela ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), pues a lo largo de los cinco años en la empresa no recibió ningún tipo de prestación. 

“La mayor parte de las empresas (de medios de comunicación) en Veracruz, por estar ligadas a  políticos y al gobernador, operan con bajas condiciones laborales. La mayor parte de los medios de Veracruz son de personas ligadas o dentro de la política. O después de que llevan un tiempo como empresarios el gobierno los invita para que se unan como funcionarios”, explica la periodista, y entonces así se limitan y controlan las líneas editoriales. “Aunque los compañeros tratemos de hacer un periodismo más independiente las líneas son muy cerradas”, opina, y dice que los directivos de los medios en la entidad hacen una doble función, pues a la vez son representantes del gobierno.

[quote_box_left]“Aunque los compañeros tratemos de hacer un periodismo más independiente las líneas son muy cerradas”,[/quote_box_left]

Una de las situaciones más preocupantes que existe para la prensa en Veracruz es la impunidad. Como ésta impera, “ya cualquiera se envalentona, le habla a tu jefe y tu jefe te sanciona”, por cuestiones como que un reportero escriba un comentario en su cuenta personal de Facebook. Así también se inhibe la libertad de expresión. La periodista, que ha alzado la voz ante la situación vulnerable de la prensa veracruzana, habla también de los desaparecidos y de la impunidad que existe también alrededor de esos casos; “parece que al gobierno le conviene que sigan desaparecidos, no hay avances con las investigaciones, no tenemos acceso a los casos”.

A corto plazo, el panorama es lúgubre para la entidad que conecta al norte y al sur del país. En Veracruz la zona de silencio, como ocurrió con su vecino estado norteño de Tamaulipas, está creciendo cada vez más, y la autocensura también se ha agudizado durante los últimos años, hasta prohibirles el uso de redes sociales a los reporteros, que ven “con mucha gravedad” que pese a que la incomodidad es cada vez mayor por temas como inseguridad, violencia y desapariciones, el silencio sigue creciendo. Muchos tienen miedo de que los despidan y prefieren callar, bajar sus comentarios, dejar de participar. 

Mientras tanto, las protestas y manifestaciones por la desaparición de Moisés Sánchez continúan sin resultados concretos.