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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El Congreso insistió una y otra vez en que el retraso de casi cinco semanas en la emisión de la convocatoria para la renovación del puesto que quedará vacante en la Comisión de Acceso a al Información Pública (CAIP) se debía a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estaba analizando la posibilidad de que Alexandra Herrera Corona, actual comisionada de la CAIP pudiera competir en el proceso.

Eso, dijeron Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Marco Antonio Rodríguez Acosta, presidente de la comisión de Transparencia del Congreso, retrasó la publicación de la convocatoria. Pero el Tribunal jamás realizó un análisis jurídico sobre el caso, pues no es parte de sus competencias y esa fue la respuesta que entregaron al poder legislativo.

En entrevista, el presidente del TSJ, Roberto Flores Toledo explicó que “desde la perspectiva del Tribunal Superior de Justicia no contamos con facultades para emitir una opinión o resolver una consulta respecto de esta temática, estaríamos invadiendo competencias o haciendo uso de competencias que no tenemos, y en ese sentido fue la respuesta que se le dio al Congreso del estado”.

Foto: EsImagen

La respuesta del titular del TSJ explica porqué el Congreso recurrió al despacho del abogado Ernesto Ramírez para fijar una postura al respecto sobre la petición de Herrera Corona.

Entrevistado el pasado 12 de noviembre, Giorgana Jiménez afirmó primero que para ese momento no habían recibido respuesta del Tribunal Superior de Justicia pero que para ese momento ya habían recurrido al despacho privado citado y qué si bien no había fecha para la respuesta de las dos entidades, se tenía claro que sería a más tardar en la cuarta semana de noviembre cuando se publicaría la convocatoria.

Y así fue, la convocatoria se subió a la página del Congreso del estado con un retraso de casi cinco semanas con respecto a la fecha que la ley de Transparencia establece formalmente: la tercera semana de octubre.

No hay justicia a modo, sostiene Flores Toledano

En otro tema el presidente del TSJ del estado, rechazó que esta instancia de administración de justicia trabaje a modo para inculpar a detenidos por razones políticas y a opositores del gobierno del estado.

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Las declaraciones del titular del poder Judicial se producen luego de que el titular de la columna Al Portador, Alejandro Mondragón, diera a conocer el caso de Paola de la Concha Zindel, una de las personas sobre las que pesa una orden de aprehensión tras la toma del palacio municipal de San Andrés Cholula, un caso en el que se acusa a la activista de un caso en el que no estuvo involucrada, pues de acuerdo con la relatoría expuesta ella se encontraba en los Estados Unidos el día en el que supuestamente violentó la ley, Flores Toledano descartó que en el TSJ se trabaje por consigna para encarcelar a presos políticos.

“Lo que yo les puedo señalar como Tribunal es que en todos los casos se actúa conforme a la ley, no hay persecución política, ni temas afines como tales. En todos los casos con los elementos que nos proporcionan se actúa en consecuencia”.

Y descartó que como acusaron en días pasados los integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) que había una operación con los jueces del tribunal para lograr la liberación de los seis policías detenidos por el caso Chalchihuapan y que los agentes detenidos en cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pudieran pasar la navidad con sus familias.

“No hay como tal ningún tipo de operación, en todos los casos se respetan los plazos los tiempos y los procesos, yo no podría afirmar en que momento preciso pudiera darse una respuesta a determinado tema”.

–¿No hay entonces una sentencia al respecto de los policías?

–No al día de hoy no hay sentencia alguna.