Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Más de 200 personas firmaron tres demandas de amparo colectivo en contra del Gasoducto Morelos, parte del Proyecto Integral Morelos, que pretende construirse dentro de la zona de alto riesgo volcánico del volcán Popocatépetl en varios municipios de Puebla.

La abogada Patricia Montaño explicó que el primer amparo se interpuso por 12 localidades del municipio de Atlixco, el segundo de Nealtican y el tercero de San Felipe Xonacayucan, de donde es originaria Enedina Rosas, actualmente en prisión domiciliaria por oponerse al proyecto. Entre el lunes o martes próximos, si la resolución es favorable para los demandantes, se tendría que suspender la obra de inmediato.

En las tres demandas de amparo colectivo que van acompañadas de mapas de rutas de evacuación y evidencia de cambios del trazo del gasoducto manipulados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el mapeo de Cupreder, el acto reclamado es la construcción del gasoducto, y las autoridades responsables señaladas son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las tres empresas involucradas: la constructora Bonatti, Enagás y Elecnor.

Montaño dijo que se tiene previsto que en enero se interpongan más amparos por parte de otras de las comunidades afectadas, que estuvieron presentes con representaciones este martes por la mañana cuando se entregaron los documentos. Los tres amparos no los firmaron únicamente habitantes de las comunidades donde pasaría el gasoducto, sino otros afectados indirectos que sufrirían las consecuencias negativas por el simple hecho del trazo de la obra, que invade y atraviesa las rutas de evacuación en caso de un siniestro volcánico.

[quote_box_right]Si se construye el gasoducto también afectará la recarga acuífera de los 13 millones de habitantes de Puebla, con el agua que viene directamente de los volcanes y que usan los poblanos en su vida diaria.[/quote_box_right]

Especialistas, pobladores de distintos municipios de Puebla y Morelos y activistas han mencionado en repetidas ocasiones que el trazo del gasoducto bloquea las rutas de evacuación del Popocatépetl, el volcán más activo de México, además de violar el ordenamiento ecológico territorial de la zona de los volcanes que no contempla ningún desarrollo urbano masivo, por el peligro de una eminente erupción y constante actividad volcánica, sobre todo sísmica. Las opiniones se han sustentado con investigaciones de la UNAM y el propio ordenamiento de la Cupreder. Si se construye el gasoducto también afectará la recarga acuífera de los 13 millones de habitantes de Puebla, con el agua que viene directamente de los volcanes y que usan los poblanos en su vida diaria.

Los amparos fueron presentados por la llamada Coalición de los pueblos del Popocatépetl por respeto a sus derechos contra el Gasoducto Morelos, asesorada por un cuerpo de cinco abogados y de la que forman parte comunidades de Atlixco, Atzitzihuacan, Cholula, Nealtican, Calpan y Juan C. Bonilla, entre ellas Santiago Xalitzintla, la localidad habitada más cercana al cráter del Popocatépetl.

Después de los amparos se tienen previstas acciones legales con apoyo de instancias internacionales, como la ONU, para que se detenga la construcción del gasoducto o en su defecto se cambie su trazo.

Desde su nacimiento, el Proyecto Integral Morelos ha levantado polémica y oposición. Particularmente en Puebla hay tres presos políticos por no querer que se construya la obra que pone en peligro no sólo a las comunidades cercanas sino a la entidad por el riesgo volcánico: Enedina Rosas, Abraham Cordero, quien sigue su proceso en libertad, luego de pagar una fianza, y Juan Carlos Flores, todavía preso en el penal de Cholula.