Josué Cantorán

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Aunque consideran positiva una ley que fomente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, como la que envió el gobernador Rafael Moreno Valle al Congreso del estado el pasado 15 de octubre, al menos una decena de ONGs se pronunció por que, antes de que se discuta o apruebe, ésta sea consultada con la sociedad civil organizada.

En una rueda de prensa, integrantes de Actívate por Puebla, Villa Atl, Centro Sustenta, Mexicanos Primero, Fundación Majocca, entre otras, leyeron un posicionamiento en el que llamaron a las autoridades legislativas a tomar en cuenta las voces de las organizaciones de la sociedad civil antes de pasar una ley que las involucra directamente.

“Es fundamental que (la ley) pueda ser consultada y retroalimentada por expertos en la materia y personas involucradas en este sector, particularmente en algunos temas centrales”, reza el posicionamiento.

La semana pasada Lado B informó que el Ejecutivo estatal había girado al Congreso local la iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla.

Esta propuesta contempla la creación de un registro estatal de organizaciones de la sociedad civil. Quienes deseen formar parte de este registro podrán tener acceso a recursos públicos de origen estatal pero estarían adquiriendo una serie de obligaciones, como entregar un informe anual de sus actividades y el compromiso de no incurrir en acciones de proselitismo político “a favor o en contra” de algún candidato, entre otras.

La iniciativa, considerada por algunos activistas como un intento de control de las organizaciones ciudadanas, causó desde su inicio cierta polémica. Integrantes de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, como el Contingente Puebla, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos y la Red de Defensa de los Derechos Humanos, lanzaron sus críticas en este y otros espacios informativos.

Gerardo Martínez Águila, responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, decía incluso a este portal que “hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas esta iniciativa de fomento se puede convertir en que sólo participen aquellas organizaciones que sean cercanas al gobierno del estado”.

Por su parte, las organizaciones encabezadas por Actívate por Puebla consideran que una ley como ésta, mientras esté homologada con su similar a nivel federal, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), tendría sus ventajas, e incluso dicen que “esta ley no se contrapone con el derecho de libre asociación”.

Durante la rueda de prensa Esteban Oliva Rojas, director de Actívate por Puebla, ahondó en este punto:

–Esta ley y la federal no se contraponen con el derecho de libre asociación, una asociación que se sienta crítica del gobierno o de alguna cosa no está obligada a entrarle al registro. El registro es para los recursos públicos y es libre de obtener donativos.

Sin embargo, lo que estas organizaciones sí consideran es que algunos de sus puntos no están aún del todo claros, por lo cual llaman a las autoridades involucradas a lo siguiente:

1. Definir puntualmente y con una visión integral las actividades que serán objeto de fomento, a través de una lista precisa incluida en la ley.
2. Establecer claramente la integración y alcances del comité que pretende coordinar estos esfuerzos y fungir como enlace de las OSCs.
3. Homologar algunos aspectos con la ley federal, particularmente en lo referente a multas y sanciones.
4. Analizar la viabilidad de un control estatal, ya que su implementación podría ser complicada en el inmediato plazo debido a los recursos que implicarían, más aún cuando ya existe un registro federal.

Y mientras Gerardo Martínez cuestionaba, en la entrevista que dio a este portal, que la ley no tomara en cuenta la realidad de las organizaciones locales, y que eso podría devenir en el escenario de que algunas de ellas, sobre todo las más pequeñas y de reciente creación, eliminaran por completo cualquier tipo de relación con el estado antes de involucrarse en engorrosos asuntos burocráticos, para miembros de otras organizaciones este es un punto positivo de la ley.

–Una parte positiva de la ley es que considera algunas legislaciones, como la canadiense, fomentar algunas organizaciones que mejor organizadas están –expresó en la rueda de prensa Salvador Sánchez Trujillo, director de la Fundación Majocca–. El tener organizaciones que se preparan, que hacen una serie de actividades y se están profesionalizando, es realmente una garantía de que se están haciendo mejor las cosas, y se va a premiar a la gente para que pueda hacer más.

En la rueda de prensa participaron Saulo Meis, director de Villa Atl; Moroni Pineda, director de activación de Mexicanos Primero y Gerardo Rivera Espinosa, presidente de Centro Sustenta, además de los ya mencionados.