Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de la ciudad de Iguala, y hasta la fecha continúan desaparecidos. El hecho movió a todo México e hizo que las normales rurales y superiores del país se solidarizaran, entre ellas la Escuela Normal Superior de Tehuacán, en el estado de Puebla. Pero los directivos de ese centro educativo prohibieron a los alumnos ir a las marchas de apoyo a Ayotzinapa, o ir portando sus uniformes y menos decir de qué escuela iban.

Y esa fue la chispa que desató un conflicto que destapó abusos y corrupción denunciadas por los estudiantes en paro desde el pasado 6 de noviembre.

El paro y la escuela

El 6 de noviembre a las seis y media de la mañana los alumnos de la Normal de Tehuacán, ubicada en la Junta Auxiliar de Santa María Coapa, a pocos minutos de la cabecera municipal que está a casi dos horas de la capital de Puebla, cerraron las instalaciones de su escuela.

Foto: Marlene Martínez

De lejos no se ve bien qué es: un edificio color arena de un lado, otro en el fondo, cerca de la autopista, después de un camino de tercería que parece llevar a ningún lugar pero conduce a una escuela donde se forman futuros profesores. El terreno de la Normal fue donado por la comunidad de Coapa (hay un cartel que así lo confirma) y ni siquiera está propiamente cercado: lo rodea una malla metálica irregular, que en algunas partes se cae. A la Normal Superior la rodean matorrales, en medio del ambiente árido y caluroso de Coapa, donde dicen las alumnas hay tejones, ardillas y hasta víboras.

“Sí se inició por tal, este, como fue un apoyo, un apoyo a lo que es, este, Ayotzinapa, pero los directivos se negaron a que nosotros apoyáramos ese movimiento. Entonces se dio a la tarea de que todos como comunidad normalista exigiéramos nuestros derechos, nuestros derechos como ciudadanos, como seres humanos y como estudiantes”, explicó una de las alumnas antes de iniciar el diálogo pactado con representantes de la SEP para este miércoles 12 de noviembre a las 11 de la mañana, afuera del plantón que ya cumplió una semana. Casi ningún estudiante quiso dar su nombre a raíz de las amenazas y acoso que han sufrido no sólo durante el paro educativo, sino dentro de la propia escuela.

El día del inicio del paro llegó por parte de la SEP Arnulfo Hernández Juárez, pero los normalistas –que son en su mayoría mujeres aunque la escuela es mixta–, se negaron a dialogar con él y pidieron que acudieran los directivos. En respuesta, al día siguiente y durante los días consecutivos, se presentó la directora de formación y docencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla, Dulce María Flores Beltrán. Ella fue la encargada de hablar con los estudiantes, acompañada de un abogado, quien no se identificó como tal con credenciales.

Foto: Marlene Martínez

De acuerdo al testimonio de varios alumnos, compartido ante los medios de comunicación, representantes de la SEP, maestros y padres de familia, Flores Beltrán amenazó sutilmente a los estudiantes. Les dijo a los de séptimo semestre, quienes están por terminar su carrera, que su proceso de titulación podría retrasarse, y que si los directivos no se habían presentado era por orden suya, y también mencionó –según testigos, en tono burlón– que deberían cuidarse porque algo les podría pasar, además de que eran más mujeres que hombres.

Los normalistas exigen la destitución de los directivos, el licenciado José Enrique Moreno Nájar, el licenciado José Antonio Julio Lucero, y la ingeniero Laura Leticia López Campos, a quienes denunciaron  por tener constantemente tratos groseros, pedir cobro excesivo de cuotas, una gestión falta de transparencia en el uso de los recursos para la escuela y condicionamiento de procesos de titulación.

El diálogo

A las 11 de la mañana afuera de la escuela, cuyas puertas estaban cubiertas con pancartas denunciando los cobros desmedidos de cuotas y con consignas como “Normalista marchando también están enseñando”, decenas de alumnos y los representantes de la SEP, Ángel Ernesto Hernández Dávila, y el coordinador general de gestión, Ulises Chávez, comenzaron el diálogo.

[pull_quote_right]Sí se inició por tal, este, como fue un apoyo, un apoyo a lo que es, este, Ayotzinapa, pero los directivos se negaron a que nosotros apoyáramos ese movimiento. Entonces se dio a la tarea de que todos como comunidad normalista exigiéramos nuestros derechos, nuestros derechos como ciudadanos, como seres humanos y como estudiantes[/pull_quote_right]

El punto que más se repitió en las palabras de los jóvenes y padres de familia, tanto al tomar el micrófono como en conversaciones aparte, fue el de las cuotas. A los de primer semestre se les pide una cuota de 9 mil pesos anuales; para los de 3o a 5o es de 8 mil 700 pesos al ciclo escolar, y finalmente los de 7o semestre, que ya van a entrar a su proceso de titulación, pagan 18 mil 500 pesos. Esto sin contar los tres uniformes que les piden (el de diario, el de gala y el deportivo, pese a que no llevan clases de educación física).

En el reglamento escolar está establecido que las cuotas las definirá el comité de padres de familia, que en la Escuela Normal Superior de Tehuacán no existe. Tampoco existe un comité de alumnos, sólo hay coordinadores de grupo que fungen sólo como portavoces de los directivos, y no tienen ninguna autoridad. 

La única agrupación de padres se gestó fuera de lo oficial, que son quienes están apoyando a sus hijos en el paro. La mamá de una de las alumnas confesó fuera del micrófono que al principio le daba miedo y no le parecía lo que hacían, pero al darse cuenta de lo que denunciaban los jóvenes se decidió, como muchos otros de los padres, a apoyarlos. 

La reunión fue una tormenta de denuncias y atropellos: un ex alumno y actual maestro relató que al principio, cuando fue la primera generación de la Normal, de la que formó parte, sólo había un maestro con plaza, por lo que la cuota de 6 mil pesos estaba justificada para poder pagar el sueldo del resto del plantel educativo. Casi 4 años después, cuando se graduó, había tres profesores ya con plaza, pero actualmente casi todos tienen –y la mayoría son familiares del director–, «entonces -cuestionó-, ¿por qué suben cada vez más las cuotas?» Y recordó que muchos de los padres de los estudiantes son campesinos o perciben pocos ingresos económicos, por lo que pagar más de 18 mil pesos es sumamente difícil. 

Foto: Marlene Martínez

Los enviados de la SEP, principalmente Ulises Chávez, tuvieron una actitud en vez de conciliadora un tanto burlona. Chávez cuestionó la organización inicial de la mesa de diálogo, que contemplaba que los funcionarios leyeran cada punto, después se hicieron comentarios de alumnos y maestros, y para cerrar el bloque los enviados de la SEP dijeron si cumplirían la demanda o no. 

Después de horas de hablar y de pasar por los 35 puntos del pliego petitorio, a las 7 de la noche los funcionarios de la SEP se comprometieron a que este jueves 13 de noviembre a las 7 de la mañana se destituirían a los tres directivos y se respetaría el pliego petitorio. Por el momento el paro sigue y los estudiantes seguirán durmiendo afuera de su escuela, protegiéndola y protegiéndose, esperando que las autoridades educativas cumplan su palabra y respeten el documento que sellaron públicamente.