Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El jueves 23 de octubre los pueblos del volcán lograron un avance simbólico: pararon y movieron las máquinas que excavan en las faldas del Popocatépetl para construir el peligroso gasoducto Morelos, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que pasa por la zona de riesgo volcánica. Ese día el acuerdo, firmado por representantes de la Secretaría General de Gobierno (SGG), determinaba que las obras de construcción serían temporalmente detenidas hasta el martes 4 de noviembre, día en que se haría una asamblea con personal de la CFE y autoridades de gobierno.

Pero a los pocos días ya había presencia de trabajadores del gasoducto, quienes además amedrentaron a varios de los opositores al llamado “proyecto de muerte”. Las autoridades se habían comprometido a parar provisionalmente las obras hasta que tuviera lugar la asamblea, pero la realidad, de acuerdo a la documentación y testimonios de activistas de pueblos aledaños a la construcción del gasoducto, no fue así.

El martes 4 de noviembre más de 100 personas se dieron cita en la presidencia municipal de San Andrés Calpan, esperando  a los representantes de las empresas y dependencias encargadas de la construcción del PIM. Pero pasaron las 11 de la mañana y nadie llegó. La gente, molesta decidió  regresar a la carretera que conecta a Cholula –San Pedro y San Andrés-, la misma que cerró el 23 de octubre, exigiendo que se retiraran las máquinas que acababan con sus cultivos.

Foto: Marlene Martínez

Después de un rato de pararse en medio de la vialidad llegó un representante de gobierno. El delegado Roberto Solano Pineda fue, una vez más, el encargado de dialogar con los pueblos del volcán. Y pese a que el 23 de octubre había firmado un documento donde se comprometía a suspender temporalmente las obras del gasoducto hasta que se llevara a cabo el diálogo con los habitantes, este martes reconoció su error. Entrevistado por los medios de comunicación, dijo que no era de su competencia el haber detenido la obra, argumentando que sólo había actuado para evitar un conflicto y que su decisión le había valido un regaño severo de sus jefes, del gobierno del Estado. Al hablar con los medios los pobladores se acercaron a cuestionarlo, que por qué no le decía lo mismo a toda la gente. Entonces Solano tomó el micrófono y repitió y explicó su falta de facultades. Además, agregó que las exigencias puntuales que tenían los opositores no las podía explicar.

Un día antes, el lunes 3 de noviembre, se llevó a cabo el foro de la Universidad Iberomericana “Cuidado y Defensa del Territorio Frente a Políticas Depredadoras”, una mesa de diálogo con algunos de los opositores al gasoducto: Miguel López, Pedro Medina y Miriam Vargas.

Durante sus intervenciones, los activistas dieron un contexto de la problemática del gasoducto, explicando que el trazo de la obra pasa por zonas de riesgo volcánico y enseñando los mapas –que por cierto fueron modificados por la propia CFE para minimizar el riesgo, de acuerdo a las propios opositores- donde se ve que el gasoducto tapa las salidas de emergencia del volcán.

Foto: Marlene Martinez

Durante el foro, Miriam, Pedro y Miguel hablaron de las problemáticas que han vivido con la construcción del gasoducto, desde el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua, región Cholula, hasta las radios comunitarias de algunas localidades como Zacatepec que han sido saqueadas por Ifetel. Los activistas han presentado pruebas continuas de los riesgos del gasoducto y de las violaciones a Derechos Humanos y la represión contra opositores –hasta la fecha ha habido tres presos políticos por la oposición al gasoducto: Enedina Rosas, que actualmente cumple arresto domiciliario; Abraham Cordero, quien ya fue puesto en libertad, y Juan Carlos Flores Solís, quien aún sigue preso en el Cereso de Cholula. 

De regreso a Calpan

Después de un par de horas de esperar bajo el sol, entre 2 camionetas del Ejército y más de 30 elementos de las Policías Federal y Estatal, los habitantes de algunos de los pueblos que rodean el volcán decidieron regresar a la presidencia de Calpan. De regreso ahí, en asamblea, resolvieron revisar y buscar los documentos que supuestamente otorgan el permiso de construcción a los dueños de los terrenos del área del gasoducto, comprobando si efectivamente todo se había hecho por medio de la legalidad.

Foto: Marlene Martínez

Aunque durante la jornada hubo muchas personas molestas, los dirigentes estuvieron siempre al pendiente, pidiendo que no se llegara a la violencia. Hasta el momento los habitantes de Zacatepec y varios de Calpan, acompañados por comunidades de Morelos y Tlaxcala, otros de los dos estados afectados por la construcción del PIM, esperaban para encontrar en los documentos oficiales pruebas de las ventas y permisos para la construcción y explotación de la tierra. De lo contrario, dijeron muchas veces, no tienen miedo. Porque de la tierra viven y de la tierra son.